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Gracias a la ESI, descubrió que los juegos del cura eran abusos
SANTA CRUZ. El cura Nicolás Parma fue acusado de abuso sexual contra tres aspirantes a novicios que convivían con él en el Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Fue procesado con prisión preventiva por la Justicia. Durante cinco años había sido párroco en la iglesia “Exaltación de la Santa Cruz”.
Hace dos años, Jonathan denunció a Nicolás Parma – alias “Padre Felipe”- en la Doctrina de la Fe, es decir, con un testimonio ante la Iglesia Católica. Se cree que fue uno de los primeros en ser atacados sexualmente por el cura cuando convivían en una casona donde, bajo su tutela, los menores hacían el postulado en Puerto Santa Cruz, una localidad costera de la provincia sureña.
‘Una clase de educación sexual integral fue lo que me salvó porque, en el tiempo que estuve ahí, no se hablaba y la sociedad no estaba tan concientizada de lo que pasaba. En 2011 y 2012, tuve ESI en el Colegio María Auxiliadora y ahí empecé a descubrir que esto no estaba bien. Me acuerdo que Parma se opuso totalmente a la educación sexual, nos decía que era dañino, pero era porque ahí se le acababa el juego. Hoy, yo digo que la ESI es fundamental porque te descubrís primero vos mismo, cosas de tu cuerpo que a esa edad no las sabés, y porque te enseñan que si te tocan, nunca es para jugar’, señala el sobreviviente de abuso eclesiástico a Cosecha Roja.
Luego cuando en 2013 Jonathan terminó el secundario y lo mandaron a Salta para que recibiera los hábitos, reveló los abusos al fundador de la congregación, Agustín Rosa, pero al igual que sucedió con los demás postulantes que hablaron, Rosa les pidió que se aferrasen al leitmotiv del instituto y callaran, perdonando “la debilidad del hermano”. Rosa también está acusado de ser pederasta. Posteriormente, tras no tener respuestas a su testimonio en la Doctrina de la Fe, llevó su caso a la Justicia ordinaria. Después de un año y medio de dirimir competencia judicial, giraron el expediente a manos de Noelia Ursino, la jueza de Puerto Santa Cruz.
Nicolás Parma fue destinado a la diócesis de Vic, en Cataluña. Luego fue arrestado en la provincia de Tucumán, y trasladado para su declaración a Santa Cruz. La jueza Noelia Ursino lo procesó con prisión preventiva por los delitos de “abuso simple doblemente agravado en concurso real con abuso gravemente ultrajante doblemente agravado en concurso real con corrupción de menores agravada”. Al cura se le imputaron tres hechos, los dos primeros con la modalidad de delito continuado.
Lo cierto es que con la detención de Parma, el Comisariado Pontificio emitió una declaración negando haber protegido durante estos años al sacerdote y asegurando que, en realidad, lo habían sancionado severamente cuando le retiraron los hábitos y lo confinaron a Tucumán. Sin embargo, el texto firmado por Fray Alberto Saguier Fonrouge y Hugo Adrián Von Ustinov no explica por qué el Vaticano lo mandó a la diócesis Vic, de España, después de las denuncias, aunque reconoce la “verosimilitud” de las acusaciones de los chicos.
Por otro lado, pese a estar detenido con prisión preventiva por abusar de menores, familias del pueblo de Puerto Santa Cruz piden permiso en la comisaría para visitar al cura, le llevan comida y hasta juntaron fondos para contratarle al penalista más reconocido de la provincia, Carlos Muriete.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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