En medio de las copiosas lluvias registradas en los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, la crecida del cauce del río Uruguay alcanzó a cubrir por completo los Saltos del Moconá en la mañana de este jueves.

Las imágenes fueron tomadas desde el Parque Estadual do Turvo, del lado brasileño, y se hicieron virales en redes sociales durante la transmisión en vivo del fenómeno a través de la cuenta Macuco Yucumã en YouTube.

De esta manera, se pudo observar la diferencia entre los saltos en el mes de abril, cuando registraban entre 5 y 15 metros de caída, según la zona, y el estado en el que se encuentran hoy, cuyo cauce fluvial sobrepasó tanto las cascadas como la superficie de piedra lindante.

Según datos aportadas por la Prefectura Naval Argentina, en el puerto de El Soberbio la altura del río Uruguay fue de 5,08 metros a las 00 de este miércoles, lo que representa una baja de 42 centímetros respecto de la medición anterior, cuando alcanzaba los 5,50 metros.

Según el informe oficial, el comportamiento actual del río se encuentra en baja, muy por debajo de los niveles de alerta situado en 11 metros y 13 para evacuación.

Los expertos coinciden en que la creciente, que obligó a cerrar los cruces de balsa en pasos internacionales los días anteriores, responde a los primeros indicios del fenómeno de El Niño, anticipado por meteorólogos para este segundo semestre del año.

El Niño en Misiones: cuatro municipios con protocolos por inundaciones

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El Ministerio de Ecología de Misiones creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (Repia), una base de datos que concentrará la información de personas físicas y jurídicas sancionadas por infringir la normativa ambiental vigente, tanto de alcance nacional como provincial, en todo el territorio misionero.

La medida quedó establecida mediante la Resolución Nº 182, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según los fundamentos de la norma, la creación del registro responde a la necesidad de contar con una herramienta que permita “sistematizar la información” sobre las infracciones ambientales cometidas en todo el territorio provincial, “identificar patrones de incumplimiento” y mejorar la “planificación de las tareas de fiscalización y prevención”.

El Repia estará bajo la órbita de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Ecología y funcionará de manera articulada con el Registro Nacional de Infractores previsto en la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Infracciones

De acuerdo a lo que establece la resolución, en el registro deberán inscribirse todos los expedientes administrativos iniciados por infracciones ambientales, las sanciones impuestas y los antecedentes de reincidencia.

La medida abarca incumplimientos vinculados a diversas normativas provinciales y nacionales relacionadas con la protección ambiental, entre ellas las referidas a bosques nativos, áreas naturales protegidas, fauna silvestre, recursos hídricos, conservación de suelos, residuos, manejo del fuego, evaluación de impacto ambiental, pesca, actividad acuícola y uso de productos fitosanitarios.

A partir de esta norma, cada inscripción deberá incluir datos del expediente, la identificación del infractor, la normativa vulnerada, el tipo de infracción, la sanción aplicada, el estado de cumplimiento, las medidas de remediación impuestas y los antecedentes de reincidencia, entre otros aspectos.

Restricciones para los infractores

Uno de los puntos centrales de la reglamentación determinó que quienes permanezcan inscriptos en el Repia no podrán acceder a distintos beneficios o autorizaciones administrados por la cartera ecológica a mientras dure su permanencia en el registro.

Entre las restricciones se encuentran la imposibilidad de obtener nuevas habilitaciones, permisos, concesiones o guías emitidas por el organismo; acceder a programas de asistencia, subsidios o incentivos; gestionar líneas de crédito provinciales vinculadas al ambiente; recibir beneficios fiscales; integrar comisiones o mesas de consulta ambiental; desarrollar actividades o investigaciones en áreas naturales protegidas y permanecer inscriptos en el Registro Provincial de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental.

La autoridad de aplicación podrá autorizar excepciones únicamente cuando existan razones de interés público debidamente fundadas, según sostiene la nueva norma.

Certificado obligatorio

La reglamentación también crea el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un documento oficial que acreditará la situación de cada persona o empresa frente al registro.

El certificado será un requisito obligatorio para iniciar cualquier trámite, expediente, permiso o autorización ante el Ministerio de Ecología y tendrá una validez de seis meses desde su emisión.

Asimismo, el Repia tendrá carácter público, en línea con las normas nacionales sobre acceso a la información ambiental, aunque deberá resguardar los datos personales protegidos por la legislación vigente.

Las inscripciones permanecerán registradas durante tres años cuando las sanciones hayan sido cumplidas, mientras que en los casos de incumplimiento continuarán vigentes hasta que la sanción sea efectivamente ejecutada. En situaciones de reincidencia, el plazo de permanencia en el registro se extenderá a cuatro años.

La Resolución N.º 182, fechada el 5 de junio, entró en vigencia este martes con su publicación en el Boletín Oficial y lleva la firma del ministro de Ecología, Martín Recamán.

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Misiones se ubica en el puesto 16 a nivel mundial por el diseño y la aplicación del Seguro Provincial al Yaguareté, seleccionado entre más de 200 iniciativas que apuntan a preservar la vida del felino en peligro de extinción. Fue creado en el año 2025 e impulsado por el gobierno provincial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La iniciativa misionera compensa económicamente a los productores rurales por la pérdida de ganado (bovinos, ovinos, caprinos o porcinos) atacados por yaguaretés, los cuales quedaron en el centro de la escena en los últimos años por ataques en distintas localidades.

De esta manera, la nueva política ambiental apunta a evitar la caza furtiva de la especie en represalia y peligro de extinción que actualmente cuenta con una población estimada de alrededor de 84 individuos en la selva misionera.

Impulsado por el gobierno de Misiones, el PNUD y Río Uruguay Seguros, la provincia llegó al puesto 16 por la implementación del primer seguro del mundo diseñado específicamente para proteger al yaguareté y acompañar a las familias productoras que conviven con esta especie emblemática de la selva misionera, consolidándose así como referencia en políticas que articulan la conservación de la biodiversidad y el desarrollo rural. 

Al mismo tiempo, los resultados de su implementación permitieron ampliar la cobertura del seguro a nuevos municipios, fortaleciendo las estrategias de prevención y convivencia con la fauna nativa.

La misma fue lanzada en 2025 y constituye una experiencia pionera a nivel mundial. Su diseño busca generar condiciones para una convivencia sostenible entre la producción agropecuaria y la conservación de la biodiversidad, ofreciendo respuestas concretas a los conflictos derivados de la presencia de grandes felinos en establecimientos rurales.

Amparo al felino

En el último tiempo, la provincia fortaleció herramientas previstas en el Plan Provincial de Conservación de Grandes Felinos (Ley XVI N.° 78), promoviendo acciones de prevención, registro de denuncias, certificación de daños, compensaciones económicas, asistencia técnica, capacitación, investigación aplicada y articulación institucional.

Tal como lo anunció el gobernador Hugo Passalacqua durante la apertura del período de sesiones ordinarias de la Cámara de Representantes, el pasado 1° de mayo, “se trata de una herramienta inédita que combina compensaciones económicas por depredaciones verificadas, medidas antidepredatorias, protocolos post-ataque y el desarrollo local de herramientas disuasorias (como las luces Mimbi)”.

En ese marco, el mandatario destacó que, a un año de la puesta en marcha de la prueba piloto, los resultados obtenidos permiten advertir un fortalecimiento de los mecanismos institucionales de abordaje del conflicto entre la producción ganadera y la fauna nativa.

Según señaló, se registraron más de 60 denuncias por posibles depredaciones en la provincia, 21 de ellas correspondientes a la zona alcanzada por el seguro. “Ese incremento del 300 % respecto del año anterior no refleja un aumento de ataques, sino la recuperación de la confianza de los productores en los mecanismos institucionales para canalizar estos conflictos”, manifestó. 

Asimismo, Passalacqua remarcó: “Por estos resultados, decidimos ampliar la cobertura territorial incorporando los municipios de Puerto Iguazú, Puerto Esperanza, Puerto Libertad y Wanda, lo que permitirá proteger a más de 100.000 personas. Seguimos fortaleciendo protocolos, asistencia técnica y medidas preventivas para garantizar la convivencia entre la producción ganadera y la fauna nativa, preservando nuestros recursos naturales sin resignar el desarrollo rural”.

La articulación entre el Estado provincial, el sector privado, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil permitió consolidar una experiencia inédita que comienza a posicionarse como una referencia en estrategias de coexistencia entre conservación de la biodiversidad y desarrollo rural, al integrar compensación económica, prevención, innovación tecnológica y acompañamiento territorial a los productores.

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