El Club de Pesca y Náutica Pirá Pytá presentó un descargo ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), en respuesta a la denuncia formulada por vecinos autoconvocados y la Asociación Civil Monte y Río, por el emplazamiento de un muelle y un terraplén dentro de la reserva ambiental urbana conocida como Montecito de Villa Cabello.

En el mes de junio, los vecinos solicitaron la intervención de la EBY ante el movimiento de tierras en la zona del Montecito, que serían de posible impacto ambiental, habrían alcanzado a terrenos de la entidad binacional, y luego derivaron en la creación de un muelle y un terraplén.

Luego de esto, el mencionado club náutico emitió un descargo ante la EBY, mientras que los vecinos autoconvocados y la Asociación Monte y Río presentaron una contestación administrativa y un documento jurídico-político en el que cuestionan la interpretación territorial sostenida por la institución y advierten sobre el riesgo de una “privatización fáctica” de la costa del Paraná.

El Club sostuvo que las denuncias ambientales encubrirían una pretensión de los vecinos de obtener un acceso público atravesando un inmueble de propiedad privada. Frente a ello, los denunciantes presentaron ahora un escrito de contestación en el que ratifican la denuncia y solicitan que la EBY determine técnicamente si las intervenciones realizadas alcanzaron la Parcela 007 de la Chacra 202, identificada por la propia Entidad como de su propiedad y comprendida dentro del Área de Reserva Natural Urbana “El Montecito de Villa Cabello”.

La presentación distingue expresamente ambos planos de la discusión. Por un lado, plantea ante la Administración la cuestión concreta que debe resolver: dónde se encuentra el límite entre la Parcela 007 y la Parcela 008 y sobre qué superficie fueron ejecutadas las excavaciones, movimientos de suelo y demás intervenciones denunciadas. Para ello pide que se incorporen los antecedentes catastrales, técnicos, de mensura y amojonamiento que obran —o deberían obrar— en poder de la propia EBY y que se realice una inspección técnica del lugar.

Pero los vecinos decidieron además contestar algo que, según explican, excede el objeto estrictamente administrativo del expediente: el relato construido por el Club para explicar públicamente el conflicto.

La EBY creó allí una reserva

Uno de los principales elementos señalados por los vecinos es que la identificación del Montecito como espacio protegido no surge de una interpretación de los denunciantes, sino de un acto de la propia Entidad Binacional.

La Resolución EBY N.º 19.471, del 6 de septiembre de 2022, creó el Área de Reserva Natural Urbana “El Montecito de Villa Cabello”, estableció un régimen especial de protección y uso y ordenó implementar acciones destinadas a conservar y mejorar el área. El acto identifica expresamente la Parcela 007 de la Chacra 202, con una superficie aproximada de 8.553 metros cuadrados, e incorpora un croquis como Anexo I.

Por eso, los vecinos sostienen que la discusión no puede reducirse a una confrontación entre el plano presentado por el Club y una supuesta interpretación territorial elaborada por ellos. La propia EBY posee documentación oficial sobre el inmueble que declaró bajo protección.

La contestación pide, precisamente, que esos antecedentes sean puestos sobre la mesa y confrontados con la documentación presentada por el Club respecto de la Parcela 008.

La discusión 

Según los denunciantes, una parte sustancial del descargo del Club está destinada a demostrar que ninguna persona puede exigir atravesar un inmueble privado para llegar al río.

La respuesta es categórica: ésa no fue la denuncia presentada en esta oportunidad.

La denuncia puso en conocimiento de la EBY la realización de intervenciones materiales -excavaciones, movimientos de suelo y otras modificaciones- en un sector respecto del cual existen antecedentes que lo vinculan con la Parcela 007 y con la Reserva creada por la propia Entidad.

La pregunta administrativa, por lo tanto, es concreta: ¿las obras quedaron dentro de la Parcela 008 o alcanzaron la Parcela 007?. Y esa pregunta, sostienen los vecinos, no se responde mediante declaraciones de una parte ni mediante interpretaciones sobre el derecho de propiedad: se responde con agrimensura, documentación catastral, inspección y prueba técnica.

“El problema no es defender la propiedad privada”

Es precisamente a partir de este punto que los vecinos incorporaron un segundo documento, presentado como un Anexo de consideraciones jurídicas y político-ciudadanas.

El texto no pretende sustituir la contestación administrativa ni pedirle a la EBY que resuelva una cuestión diferente. Su objetivo declarado es otro: responder el relato que el Club desarrolla en su descargo y que, según los vecinos, intenta presentar el conflicto como una simple disputa entre propiedad privada y acceso público.

La tesis central del Anexo es que no está en discusión el derecho del Club sobre aquello que efectivamente le pertenece.

Lo que se cuestiona es algo diferente: que la invocación de ese derecho pueda utilizarse para extender, de hecho, la esfera de exclusividad privada sobre espacios que no integran su patrimonio y, particularmente, sobre la relación de la comunidad con el Río Paraná.

El documento desarrolla esta idea bajo una serie de conceptos: “falso dilema”, “soberanía territorial”, “sofisma de la propiedad privada bajo el río” y “privatización fáctica”.

Una disputa que viene de antes

Los vecinos recuerdan además que el conflicto no comenzó con la denuncia presentada en 2026. La propia contestación incorpora antecedentes públicos que se remontan, al menos, a 2020 y 2021, vinculados con la discusión sobre la existencia y delimitación del Lote 007, intervenciones físicas en el sector y actuaciones de delimitación y amojonamiento en las que habría intervenido la propia EBY.

También señala que en 2022 la Legislatura provincial individualizó expresamente el Lote 007 de la Chacra 202 como objeto de una iniciativa de protección ambiental, coincidiendo territorialmente con el sector posteriormente protegido por la Resolución EBY N.º 19.471.

Para los vecinos, esa sucesión de antecedentes resulta significativa porque demuestra que la existencia del Montecito, su delimitación y su valor ambiental no son una construcción nacida con la denuncia actual.

La cuestión que queda planteada

Por ahora, los denunciantes no pretenden que la EBY elija entre dos relatos. Por el contrario, le piden que utilice sus propios antecedentes y produzca la prueba necesaria para determinar qué ocurrió sobre el terreno.

La EBY conoce la Parcela 007, la individualizó catastralmente, creó allí una Reserva Natural Urbana y dispuso medidas para su conservación. El Club, por su parte, sostiene que las intervenciones denunciadas se realizaron exclusivamente dentro de la Parcela 008.

Ahora, los vecinos solicitaron que no se produzcan nuevas intervenciones materiales sobre el controvertido sector, invocando los principios de prevención y precaución ambiental.

Pero detrás de esa cuestión administrativa permanece abierta otra discusión, mucho más antigua y de mayor alcance para Posadas.

En ese sentido, se preguntaron: ¿Quién define la relación de una ciudad ribereña con su río?. ¿Los límites de una propiedad privada pueden convertirse, en los hechos, en los límites del acceso de la comunidad al espacio público?. ¿Puede una institución privada invocar una cartografía histórica para proyectar su dominio sobre una realidad territorial profundamente transformada?. ¿Y puede la propiedad privada terminar funcionando como una barrera material frente a un bien que jurídicamente pertenece al dominio público?.

Para los vecinos del Montecito, ésa es la discusión que no debe quedar oculta detrás de una defensa abstracta del derecho de propiedad. Porque —sostienen— una cosa es defender lo propio y otra muy distinta es apropiarse, de hecho, de aquello que pertenece a todos.

Piden intervención de la EBY por excavaciones del Pirá Pytá en El Montecito

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El Centro de Rescate de Fauna Silvestre Ohana denunció públicamente por “censura” al Ministerio de Ecología, encabezado por Martín Recaman, quien procedió al bloqueo de su cuenta en todas las redes sociales y vías de comunicación, tras la exhibición de irregularidades en el abordaje de casos de tráfico de fauna en Misiones.

“Para nosotros es un atropello institucional enorme porque están utilizando la fuerza pública del Estado para discriminar a una organización que, además, es la única habilitada formalmente para hacer rescate de fauna, solo por haberle reclamado que hagan su trabajo, es un acto de censura muy parecido a la dictadura“, manifestó a La Voz de Misiones Fernando Piesco, director del Centro de Conservación y Rescate de Fauna Silvestre Ohana.

Todo comenzó ayer jueves, cuando la cartera provincial publicó, en esa red social, el rescate de cuatro aves nativas que permanecían en cautiverio en la localidad de Wanda. Fue entonces cuando Ohana respondió con el siguiente mensaje: “@passalacquaok Cuando en un procedimiento policial se constata la tenencia ilegal de fauna silvestre, corresponde realizar la denuncia penal e iniciar la causa judicial correspondiente. La entrega voluntaria de los animales no extingue ni elimina el presunto delito ya consumado, por lo que también debe darse inmediata intervención al juzgado de turno”.

A lo que añadió: “Presentar una incautación como si se tratara de una simple entrega voluntaria desnaturaliza los hechos, diluye la naturaleza del delito y si un funcionario altera la verdadera secuencia de los hechos para evitar la intervención judicial, ello podría dar lugar a responsabilidades penales. Para entenderlo con un ejemplo sencillo: sería como encontrar a una persona en posesión de una cantidad de droga y, en lugar de secuestrarla, iniciar la actuación judicial y dar intervención a la Justicia, recibir esa droga como si fuera una “entrega voluntaria”, omitiendo todo el procedimiento penal. La entrega del elemento no hace desaparecer el hecho investigado ni exime de la obligación de actuar conforme a la ley”.

En cuestión de minutos, el comentario fue eliminado y la cuenta de Ohana terminó siendo bloqueada por la mencionada cuenta oficial del Ministerio de Ecología, como también la del ministro Martín Recaman, el subsecretario Facundo Ringa y el director general Franco García Sosa, ante lo cual están impedidos de interactuar entre cuentas.

Denuncia pública

De esta manera, la organización no gubernamental dedicada al rescate, la rehabilitación y la reinserción de animales silvestres heridos o afectados por el mascotismo y la actividad humana, utilizó la misma vía para denunciar públicamente lo que había ocurrido.

Bajo el rótulo: “Atención, máxima difusión, censura en Misiones”, la ONG consideró este bloqueo como “un acto que demuestra la incapacidad de resolver conflictos o tal vez la connivencia institucional con el tráfico de fauna”.

A su entender, el accionar respondió a un intento de “censura” tras las exigencias de transparencia, fiscalización y acción sobre casos de tráfico de fauna impulsadas por su espacio.

“Estamos pidiendo al Estado que accione para proteger a nuestra fauna silvestre, que la fiscalización se haga como corresponde y dentro del marco de la ley. Estos atropellos institucionales hacia las organizaciones que protegemos los recursos de todos nos parece una manera infantil de manejarse, solo denota la poca capacidad que tienen nuestros gobernantes para gestionar las situaciones de conflicto o la convivencia con la que pretenden que se sigan manejando los casos de tráfico de fauna en una provincia con más del 90% de los límites como frontera y el 50% de la diversidad del país”, añadieron.

Y concluyeron: “Nuestros sistemas de control de la fauna deben ser fuertes, que realmente protejan y no permitan ni avalen el tráfico de la fauna. Si piensan que así van a invisibilizar lo que no hacen, están equivocados. Lo que nosotros queremos es que trabajen a favor de la fauna silvestre y nuestro ambiente”.

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Referentes de la Mesa Provincial No a las Represas se reunieron con el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, para solicitar que la administración provincial ratifique la vigencia de la Ley IV – Nº 56, conocida como “Ley del No a Corpus”.

Dicha normativa ratifica el histórico plebiscito provincial del 24 de abril de 1996, cuando el 88,63% de los electores se opuso a la construcción de represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad de Corpus Christi. 

Durante el encuentro que se concretó el martes a las 11 en Casa de Gobierno y se extendió por más de una hora, los ambientalistas transmitieron al funcionario su preocupación ante las recientes expresiones públicas que incitan la posibilidad de construir una represa sobre el río Paraná. 

Ante esto, exigieron el cumplimiento estricto de la mencionada normativa que obliga al Poder Ejecutivo provincial a defender la postura de la consulta popular ante el gobierno nacional y entidades externas.

“Planteamos la necesidad de que el Gobernador actúe en consecuencia. La ley que refrenda el plebiscito del 96 solo podría perder vigencia con una reforma de la Constitución provincial o una declaración judicial de inconstitucionalidad”, explicó Eduardo Luján, integrante de la Mesa, quien además advirtió que avanzarán con acciones jurídicas si no se respeta la normativa.

Por su parte, el referente Rulo Bregagnolo alertó sobre los impactos socioambientales de la obra: “Dialogamos sobre los altos riesgos para la salud y la naturaleza. Se verían afectados sitios turísticos emblemáticos como los Saltos del Tabay, Gruta India, la Isla Caraguatay, la costanera de Puerto Rico, el puerto de Eldorado y las Cataratas del Iguazú, que perderían el 10% de su altura“. 

Asimismo, vinculó esta preocupación al contexto actual de calentamiento global: “Dañar el río Paraná sería nocivo para todos, especialmente frente a la degradación ambiental que ya afecta a servicios básicos para la supervivencia”.

Durante la reunión también se debatió sobre la matriz energética provincial. Se intercambiaron propuestas orientadas a las energías renovables, como la biomasa, la energía solar y los pequeños aprovechamientos hidráulicos en arroyos internos.

Por otro lado, la Mesa consultó sobre las versiones de un supuesto diálogo entre el gobernador Hugo Passalacqua y las autoridades de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), trascendido que fue desmentido categóricamente por Sartori. 

No obstante, los ambientalistas manifestaron su malestar por las reuniones pro-represas realizadas en la sede de la Secretaría de Cambio Climático. Al respecto, el Ministro garantizó que dichos encuentros no volverán a repetirse.

“Cada argumento de la Mesa está respaldado por la experiencia y estudios científicos. La situación actual requiere una resolución urgente y estamos dispuestos a seguir trabajando”, concluyó Bregagnolo.  

Eduardo Luján, Carlos Sartori, Rulo Bregagnolo, Laura Camelli y Gabriel Arzamendia.

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