A través de un comunicado, el Movimiento Agrario de Misiones (Mam) alertó sobre “graves hechos de apeo ilegal de madera nativa y una ocupación irregular y violenta de tierras” contra cuatro familias de pequeños productores e integrantes de la comunidad mbya El Chapá en Colonia Alberdi.

Los denunciantes aseguran que se encuentran asentados en esa localidad desde hace décadas y en los últimos tres años fueron objeto de constante “intimidación” y “tensión” por parte de los supuestos propietarios, quienes estarían “ligados directamente a una funcionaria provincial”.

Por este motivo, desde el año 2022 las familias de agricultores han radicado denuncias policiales y penales ante el Juzgado de Instrucción Dos, la secretaría N°2 IV Circunscripción Judicial de Jardín América, como también elevaron reclamos al Ministerio de Ecología, pero aseguran que “la problemática continúa”.

Los lotes en disputa, según la nomenclatura registrada de la Dirección General de Catastro, son el 94B y el 943D (Departamento San Ignacio, Municipio Gobernador Roca, Campos de Rocas).

Ataques registrados

Una de las productoras afectadas es Mabel Acosta, quien adquirió sus tierras hace décadas: “Producimos yerba en ese monte, de manera agroecológica, porque trabajamos con una cooperativa. De pronto apareció un gendarme, de nombre José Miguel Kerm, quien nos amenazó, nos intimidó y más tarde nos quemó una casa que teníamos en el lugar. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría de Roca”.

Sin embargo, con el paso del tiempo “la invasión y el robo” de madera se acentuó: “Como en esa zona no hay puente no podíamos ir frecuentemente, solíamos recorrer la zona los fines de semana, después de trabajar en la cooperativa. Íbamos a plantar cúrcuma, todo bajo el monte, porque somos ecologistas”.

Intervención con personal policial

Fue durante una de esas visitas cuando se produjo un nuevo ataque de los supuestos propietarios. Acosta y su familia registraron en videos y fotografías el violento episodio: “hubo empujones, amenazas y quemaron la segunda casa que empezamos a construir“.

La mujer contó que las persecuciones persistieron y lamentó que realizó una denuncia al Ministerio de Ecología, pero el organismo provincial no puso freno a la situación: “Siguen haciendo lo que quieren, sacando madera, con el dueño del aserradero Rosenthal, sacan madera con camiones todos los días”.

Complicidad política

Según denuncian desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), en los hechos de apeo ilegal e intento de apropiación irregular de miles de hectáreas, está involucrada directamente, como supuesta propietaria, Mariana Mira, quien desde 2021 a la fecha se desempeña como directora general de Catastro de la Provincia.

Explican que, llamativamente, de pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades mbya guaraní, aparecieron a nombre de Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro, quien, de ese modo, pasó a ser la supuesta “heredera” y que incluso habrían modificado planos para favorecerla.

Desde el MAM observan que el hecho no es aislado: “Otros episodios similares se han denunciado en los últimos dos años”. Y alertan que el propósito de los invasores es extraer la abundante madera nativa que existe en el lugar.

Acosta denunció que la propia directora de Catastro, está involucrada directamente en el asunto: “Funcionarios públicos provinciales están metidos en este desastre que está pasando en la provincia de Misiones. Ellos les dan información y hasta operarios. Yo misma fui a hablar con Mariana Mira para decirle que vendiera al Movimiento Agrario esas tierras para convertir al espacio en una reserva natural. Lamentablemente están invadiendo todo, persiguiendo y amenazando a agricultores e indígenas. Y quien se pone al frente de todo esto es un agente de Gendarmería, prepotente, con machete y revólver. Y así siguen tumbando los montes, con total impunidad, en evidente connivencia con el poder político y el poder judicial”.

Acosta comentó que colocaron un portón en su propiedad y montaron allí una guardia con personal de seguridad armados.

“Somos mujeres y estamos trabajando en viveros, labores cotidianas con nuestras gallinas, nuestros frutales, en total armonía y respeto por el ambiente. Todos los animales fueron muertos. Tenemos miedo y no queremos que ocurra lo mismo que en Eldorado y Puerto Libertad, donde se produjeron invasiones similares para plantar monocultivos de pino. Yo sé bien que Mira es pariente de Urrutia y juntos tienen un pacto para la apropiación y explotación de estas tierras. Se están repartiendo entre unos pocos las tierras que debieran ser para todos los misioneros”.

Mira respondió que era heredera de una extensión total de 163 hectáreas, de las cuales la mitad pertenece a otra pequeña productora familiar, Perla Viñabski, quien reside en el lugar desde hace 48 años. La invasión comenzó allí y se fue adentrando cada vez más.

Consultada por la situación, Viñabski expresó que “El primer día que vinieron entraron y dijeron que todo esto era de ellos”. Contó que el problema comenzó en 2022 cuando estos desconocidos empezaron a colocar alambres y a retirar todas las plantaciones de yerba, pino y frutales, de las familias que viven y trabajan esas tierras desde hace décadas.

También mencionó que sacaron camiones de madera nativa, especialmente cargas de la especie paraíso, por lo que la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Gobernador Roca. Luego, fue amenazada y los supuestos propietarios le advirtieron que no volviera a ingresar porque si lo hacía la iban a disparar.

Viñabski enfatizó que la mensura de sus tierras se efectivizó hace muchos años y que ya completó los pagos correspondientes.

Señaló que en los últimos años los invasores hicieron caminos y puentes, con la finalidad de trasladar la madera nativa sustraída. Y dijo que, como a ella no le tomaban las denuncias de manera particular, debió proceder con un abogado, quien formalizó las presentaciones judiciales ante el Juzgado de Jardín América. Los problemas persistieron y ante cada nuevo atropello Viñabski radica nuevas denuncias.

Extracción de madera nativa

“Pese a todas las denuncias siguen trabajando, tumbando monte y sacando maderas. Es todo un tema con esa gente. No sé qué es lo que tienen, que tienen tanta autoridad. Queda demostrado una vez más que las leyes no se cumplen para los pobres y sólo se ampara a los más ricos. Y, a todo esto, el Ministerio de Ecología autoriza a los ocupantes que tumben el monte y hace la vista gorda ante toda la destrucción que están provocando”, manifestó la productora.

En el caso de la comunidad mbya guaraní El Chapa, cuenta con la carpeta de territorio relevado a través de la Ley 26160, del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Allí, se les reconoce más de 600 hectáreas y los lotes en conflicto corresponde a zonas de tránsito, recolección y caza.

Trasfondo histórico

Los procesos de regularización de las tierras en esas secciones de Colonia Alberdi comenzaron formalmente en 2010, cuando tales propiedades aún se encontraban bajo la titularidad dominial de Rudecindo Roca (primer gobernador del Territorio de Misiones y hermano del por entonces presidente Julio Argentino Roca, quien compró 265.180 hectáreas en 1881).

En su primera fase, el proyecto se desarrolló con la participación articulada del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia, la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio de Ecología, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la intendencia de Colonia Alberdi, por entonces a cargo del Juan González.

“El objetivo fue que las familias agrícolas poseedoras de lotes en Colonia Alberdi que tuvieran como propietarios o titulares dominiales a la familia Roca, consiguieron la titularización de sus tierras de manera gratuita”, se informó en una publicación del diario El Territorio en septiembre de 2016.

Se precisó entonces que la primera tarea fue rastrear a los herederos de Rudecindo Roca, los que fueron identificados como Julia Blanca Roca y Lencisa de López. María Teodosia Roca y Lencisa de Watson Hutton, Rudecindo Roca y Murguerza y Virginia Rogelia Muguerza de Roca. De esta manera se iniciaron las demandas de usucapión o prescripción adquisitiva (veinteañales).

Fuente: Movimiento Agrario de Misiones (MAM)

Apeo ilegal en Piñalito: “Es un hecho aislado que por su magnitud nos alertó”

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Al menos dos ejemplares del grupo de carpinchos que hace pocos días aparecieron en los bañados del arroyo El Zaimán en Posadas fueron cazados y faenados por desconocidos.

El hecho fue descubierto por casuales transeúntes que advirtieron restos de cueros y pezuñas a un costado de la avenida Cabo de Hornos, a pocos metros del puente que pasa sobre el cauce.

La situación generó indignación en vecinos y proteccionistas que venían advirtiendo sobre la importancia de la preservación de la que se volvió parte del paisaje urbano tanto en la zona del arroyo El Zaimán como a las orillas del arroyo Mártires.

También habían alertado sobre los riesgos que representa el consumo de su carne debido a que las aguas donde se encontraban registran niveles de contaminación producto de afluentes cloacales o el arrojo de basuras al cauce.

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Personal de la Dirección General de Bosques Nativos y Control Forestal del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables realizó una recorrida de inspección en la reserva natural Alejandro Orloff, también conocida como El Saltito, ubicada en la localidad de Dos de Mayo, donde finalmente confirmaron el desmonte de un sector correspondiente al 1% de la superficie total.

Todo comenzó con un análisis de imágenes satelitales realizado por el Ministerio de Ecología. Al notar anomalías respecto a la densidad del monte, decidieron verificar el estado de situación en terreno el pasado viernes.

Durante el recorrido constataron la existencia de áreas afectadas por deforestación y volteo de bosque nativo, cuyas intervenciones se habrían dado en diferentes momentos a lo largo de los últimos tres años.

Finalmente, las autoridades de la cartera confirmaron que la superficie afectada es de aproximadamente 4 hectáreas, distribuidas en tres sectores diferentes dentro de la reserva que se extiende a lo largo de 315 hectáreas. 

En el lugar, también tomaron contacto con vecinos de la zona, quienes fueron notificados sobre las infracciones detectadas y advertidos acerca de las penalidades establecidas por la legislación vigente en materia de conservación del bosque nativo. Asimismo, informaron a los responsables sobre el inicio de las actuaciones sumariales.

Desde Ecología, recordaron que: “La categoría de conservación permite determinados usos, siempre y cuando se respeten las normativas ambientales vigentes”. 

Por este motivo, darán continuidad a los controles en la zona, dado que lo verificado en esta oportunidad corresponde únicamente a un sector de la extensa superficie protegida.

Denuncia

Días previos a la inspección, la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de Dos de Mayo, que administra el complejo hidroeléctrico de la reserva, emitió una alerta anticipando que la mencionada reserva “está siendo víctima de un desmonte ilegal que ha afectado a más del 50% de sus bosques nativos“.

Al mismo tiempo, advirtieron a las autoridades que las intervenciones provcarían un “riesgo inminente para el suministro de agua“, según publicaciones realizadas por el portal informativo San Vicente Informa.

La reserva

El Saltito es reconocida desde hace varias décadas como patrimonio ambiental e histórico del municipio.

Su valor radica en que alberga el complejo hidroeléctrico de las represas Saltito I, Saltito II y Saltito 0, pioneras en la provincia, construidas por el precursor Alejandro Orloff. Hoy continúan siendo la principal fuente de agua para la comunidad.

Ecología frenó obras en el kartódromo de Iguazú tras una inspección ambiental

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