Provinciales
Médicos y profesionales de la salud protestaron en Posadas, Alem y San Pedro
Fue en el marco de una jornada nacional por las carencias para el cumplimiento de sus tareas en el marco de la pandemia por coronavirus. Reclamaron “aranceles justos” y rechazaron la “persecución judicial”. El Colegio habló de “miedo” y “acusaciones”.
POSADAS. Médicos y profesionales de la salud se manifestaron este sábado en Posadas, Leandro N. Alem y San Pedro por las carencias que afectan las prestaciones ante la pandemia de coronavirus y contra la judicialización de médicos por las prácticas profeisonales.
En la capital misionera, alrededor de las 17 se realizó una caravana de vehículos desde el Mástil que recorrió las calles céntricas hasta llegar a la Costanera, con carteles alusivos a sus reclamos y banderas argentinas.
Una manifestación similar se concretó en San Pedro, donde una nutrida cantidad de manifestantes se desplazó en autos desde el anfiteatro local hasta el Hospital Nivel I, al igual que en Alem, donde la protesta se centralizó en las principales calles y avenidas.
La protesta se realizó en el marco de una jornada nacional que tuvo repercusión en las principales ciudades del país, en demanda de “aranceles justos, actualizados y pagos en 60 días”, ya que “no podemos ni debemos ser los que financiemos a las obras sociales y a la medicina prepaga”.
Además, emitieron documentos acerca de la situación que afrontan en los estados judiciales, al señalar: “No somos héroes, pero tampoco asesinos. No a la persecución judicial”, en referencia al reciente enjuiciamiento de dos médicos cordobeses.
Por ello exigieron “el cese de toda persecución judicial o criminalización del a acto médico, recordando principalmente que el ejercicio de la medicina es principalmente una obligación de medios, en la cual el profesional pone al servicio del paciente todo su conocimiento y experiencia, y cuyo resultado no depende solamente del desempeño profesional”.
Miedo y acusaciones
El Colegio de Médicos de Misiones destacó el “esfuerzo de cada profesional en este difícil momento”, pero advirtió sobre “mensajes que generan confusión y miedo” en las actuales circunstancias.
“En esta situación de pandemia hay un trabajo en equipo entre los trabajadores de la salud y el gobierno de cada punto del país, que conlleva a recomendar extremar las medidas de prevención hasta que accedamos a la cura de la enfermedad”, señaló.
En ese contexto, el Colegio negó ser generador “de los mensajes viralizados en los que se inculca miedo y acusaciones”, motivo por el cual apeló “a mantener la calma necesaria, detener todo tipo de agresiones, en pos de acompañar al equipo de salud, que trabaja en forma incansable, sin importar las consecuencias, para atender su salud personal y familiar”.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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