Policiales
Ex funcionario de DD.HH. esclavizaba a diez misioneros en su campo en Entre Ríos
Los trabajadores fueron llevados desde Montecarlo a Colonia Ayuí. El ex funcionario Juan Spañoletti fue detenido. Una de las víctimas realizó un pedido de ayuda que disparó el operativo.
ENTRE RÍOS. Diez trabajadores rurales misioneros eran explotados en condiciones infrahumanas en un campo de Colonia Ayuí, Entre Ríos.
Los trabajadores habían sido llevados desde Montecarlo para realizar tareas de ganadería y forestación en un campo propiedad del ex delegado de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación en Entre Ríos, Juan Spañoletti, quien fue detenido luego del operativo.
El procedimiento, que comenzó la noche del miércoles y finalizó ayer, fue desarrollado por personal de la Dirección de Trabajo de Entre Ríos y de la Delegación Chajarí de la PFA, por orden del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Pablo Seró.
Juan Spañoletti, ex delegado de esa Secretaría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, también fue viceintendente de la localidad entrerriana de Federación entre 2011 y 2015.
En la propiedad del ex funcionario, la Policía Federal halló a cinco trabajadores oriundos de la localidad misionera de Montecarlo, que se encontraban en “condiciones infrahumanas” en un establecimiento rural cercano a la Estancia Santa Amelia, en Colonia Ayuí, a 40 kilómetros de la ciudad de Concordia. También encontraron por lo menos 200.000 pesos.
El operativo se inició a raíz del pedido de ayuda y la denuncia de uno de los propios damnificados, lo cual motivó la intervención del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
En total eran diez los misioneros que fueron llevados desde Montecarlo hasta Colonia Ayuí para realizar trabajos de ganadería y forestación en una plantación de eucaliptos, pero terminaron siendo explotados laboralmente y hacinados en condiciones infrahumanas.
La mitad de las víctimas consiguió abandonar el predio pero las restante cinco quedaron sufriendo las malas condiciones del lugar y después de tres días sin siquiera comer pidieron ayuda y lograron ser rescatadas.
En las últimas horas, los cinco misioneros rescatados ya habían recibido la asistencia del personal del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quienes les tomaron declaración por videollamada y también articularon los mecanismos necesarios para lograr que todos ellos sean trasladados a Misiones.
Los misioneros fueron contactados antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus y viajaron en colectivo hasta la finca entrerriana con los pasajes pagados por la empresa que iba a contar con sus servicios. Además del pago por el trabajo, la oferta incluía alojamiento y alimentación.
Sin embargo, al llegar dieron cuenta de que las condiciones eran completamente lo contrario a lo prometido y terminaron siendo explotados laboralmente, al punto que llegaban a cumplir jornadas de trabajo de entre 16 y 18 horas.
Tres dormían en una choza y los otros en el colectivo viejo, que lo tenían para guardar la alfalfa de las ovejas.
Policiales
Los tres ex policías continúan detenidos y el jueves van a indagatoria
Los ex policías Alejandro Ramón Arrieta, Iván Ezequiel Arrieta y Horacio Elías Couto, permanecen detenidos en una comisaría posadeña y el jueves serán trasladados a indagatoria ante la Justicia.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, los tres enfrentan cargos por delitos de “lesiones leves calificadas y resistencia a la autoridad”.
La indagatoria se realizará ante el magistrado en turno Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas. En la ocasión, los ex policías podrán declarar o bien abstenerse.
En paralelo a la novedad judicial, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, habló sobre el episodio y brindó otras consideraciones sobre el asunto.
En diálogo con Radio UP, el mandamás de la fuerza provincial confirmó que “hay tres ex policías que continúan detenidos y a disposición del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas”, en tanto que precisó que “la causa es por lesiones calificadas por haber sido cometidas contra un funcionario policial y atentado contra la autoridad”.
Sobre las detenciones, Martínez indicó que “la protesta es un derecho constitucional que está asegurado, pero en este caso no fueron detenidos por la protesta, fueron detenidos porque atentaron contra la autoridad pública”.
“El personal policial los quiso identificar y ellos fueron hostiles, ofrecieron resistencia hacia la autoridad. Tenemos tres policías lesionados. El derecho a protesta está protegido, pueden protestar pero en este caso no tiene nada que ver con la protesta”, reafirmó.
Martínez además dejó en claro que tanto estos tres ex policías como el propio Diego Correa ya no pertenecen a la institución: “Hace rato ya dejaron de ser policías”.
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El reclamo
Los hermanos Arrieta y Couto fueron detenidos ayer a la mañana, frente a la Casa de Gobierno, luego de entregar una nota y encadenarse a una de las ventanas del edificio para reclamar “el mismo arreglo” que obtuvo Correa, el otro ex policía que acampó casi cuatro meses en ese lugar y tres semanas después de levantar la medida se compró una camioneta RAM que disparó señalamientos.
Familiares de los recientemente detenidos cuestionaron el arresto y apuntaron contra el procedimiento, que incluso fue filmado por varios testigos que estaban en la plaza 9 de Julio.
“Luego de entregar la nota llegaron los de Infantería a retirarlos con el jefe de la Unidad Regional y los sacaron súper mal, sin dar tantas respuestas a las preguntas de por qué se los llevaban”, indicaron.
“La única respuesta fue que no van a permitir que nadie más reclame nada frente a Casa de Gobierno y que la orden viene de arriba”, agregaron.
Respecto a los reclamos, añadió: “Nosotros queremos la misma solución que se le dio a Correa y a (Adolfo) Guirula”.
Los hermanos Arrieta, Couto, Correa y Guirula, son cuatro de los ocho ex agentes policiales involucrados en la causa iniciada por intento de sedición y conspiración tras el descubrimiento del chat Solo Cola, donde para la Justicia se orquestaba un plan para desestabilizar a la cúpula de la institución tras las protestas de 2024 que tuvieron lugar sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico I.
En ese mismo expediente se encuentra el ahora diputado provincial Ramón Amarilla y por esa misma causa todos los involucrados permanecieron más de siete meses detenidos en distintas unidades carcelarias de la provincia.
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Judiciales
Crimen de Wiebel: su ex suegro se abstuvo y fue imputado por homicidio
Ángel Ramón Zalazar (82) compareció este martes ante la Justicia, se abstuvo de declarar y fue formalmente imputado por el asesinato de su ex yerno Alfredo Wiebel (48), empresario y piloto de carreras ultimado de cinco balazos en la mañana del 11 de septiembre en Puerto Iguazú.
La audiencia se realizó esta mañana y para ello el implicado debió ser traslado desde el hospital Samic de la Ciudad de las Cataratas hacia Eldorado, donde lo esperaban para indagatoria en el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado César Lirussi.
En esa instancia, el hombre decidió guardar silencio y tras ser notificado de los elementos de prueba en su contra fue formalmente imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, calificación provisoria que podría modificarse conforme avance la investigación.
Por disposición judicial, Zalazar quedó internado con custodia policial en el hospital Gardés de Eldorado, medida que se mantendrá hasta tanto se resuelva entre un pedido de prisión domiciliaria o un traslado hacia una unidad carcelaria preparada para pacientes de su condición.
Testimoniales y querella
Los instructores de la causa pudieron avanzar con la indagatoria luego de recibir un informe de la junta médica que evaluó a Zalazar, cuyos resultados arrojaron dos conclusiones clave: una es que el hombre comprende la criminalidad de sus actos y la otra es que en su cuadro de salud general no se observan patologías que pongan en riesgo su vida, siempre y cuando continúe recibiendo la asistencia médica.
En paralelo, la causa continuará avanzando con la toma de testimoniales y los primeros en declarar serán los albañiles que ese 11 de septiembre a la mañana observaron la secuencia entera del ataque ocurrido en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, casi Pancho Ramírez, de Iguazú.
Al expediente, además, ya se incorporó la familia de la víctima en carácter de querellante particular bajo la representación del letrado Walter Quintana, quienes de esta forma podrán participar activamente en el caso.
Madre del piloto Wiebel: “No voy a permitir que se desdibuje la verdad”
Policiales
Un hombre murió en una vereda del barrio Fátima II e investigan las causas
Un hombre murió esta mañana en una vereda del barrio Fátima II de Garupá y efectivos policiales investigan en qué circunstancias se produjo el deceso, como así también el origen de las lesiones que presentaba en brazos y piernas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el fallecido se trataría de un hombre identificado como Alberto Valdés y su cuerpo quedó tendido en inmediaciones a las calles Santa Fe y Paraná.
La intervención policial se dio a las 9.30 de hoy, cuando vecinos reportaron a través del sistema 911 de la presencia de un hombre que caminó varias cuadras trastabillándose hasta que se desvaneció en el lugar y murió.
Los efectivos intervinientes constataron, además, que el hombre presentaba lesiones en brazos y piernas, heridas que ahora intentarán determinar su origen.
En el lugar intervienen la dependencia jurisdiccional y la Policía Científica, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para confirmar su identidad y determinar las circunstancias de la muerte.
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