Un colectivo de la empresa Crucero del Norte se incendió esta mañana sobre la ruta provincial 103, a la altura del acceso a Mártires, y la Policía investiga las causales del siniestro que no dejó ningún pasajero herido.

Según se pudo saber, el micro circulaba en sentido Santa Ana-Oberá cuando, por causas que se intentan establecer, se inició un foco ígneo en el sector del motor, aparentemente ocasionado por un desperfecto eléctrico.

El vehículo era conducido por un chofer de 35 años quien, al igual que sus pasajeros, no sufrieron lesiones.

En el lugar trabajó el personal de la División Bomberos de la Unidad Regional II, junto a bomberos voluntarios, quienes lograron sofocar las llamas que en poco tiempo avanzó sobre la total del rodado.

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Un hombre oriundo de Concordia, Entre Ríos, denunció que no puede ver a su hijo de 8 años desde fines de enero, luego de que la madre del niño lo llevara a la ciudad misionera de Eldorado y no regresara en la fecha acordada.

Se trata de Guillermo Paulino, quien aseguró que el viaje fue planteado como unas vacaciones temporales con retorno previsto para fines de febrero, antes del inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, con el paso de las semanas, las respuestas sobre el regreso comenzaron a ser evasivas y el menor permaneció en la provincia.

Según relató, la situación tomó mayor dimensión cuando se dirigió al domicilio donde residía la madre en Concordia y constató que el lugar estaba desocupado. Luego confirmó que el inmueble había sido liberado, lo que reforzó su sospecha de que no volverían a la ciudad.

Frente a ese escenario, Paulino radicó una denuncia ante la Policía del Menor e inició, junto a sus abogadas, una medida cautelar para solicitar la restitución urgente del niño. En el marco del expediente, se libraron oficios a organismos como Migraciones, Gendarmería y Policía Federal para impedir una eventual salida del país.

El caso se encuentra actualmente en la Justicia de Concordia, donde se abrió un conflicto de competencia. Mientras la jueza de primera instancia se declaró competente para intervenir, la defensa de la madre apeló esa decisión al sostener que el “centro de vida” del menor se encuentra en Misiones, por lo cual ahora la definición quedó en manos de la Cámara.

De acuerdo al planteo del padre, el niño nació, creció y estaba escolarizado en Concordia, incluso con inscripción confirmada para continuar el ciclo lectivo en esa ciudad. En paralelo, se indicó que desde Misiones se habría gestionado el pase a otra institución educativa.

El hombre también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el menor sea trasladado fuera del país, teniendo en cuenta la cercanía de Eldorado con zonas fronterizas.

“Mi hijo me dice que la abuela lo quiere llevar a vivir a Brasil. Si fueron capaces de llevarlo sin avisar, son capaces de esconderlo para pasarlo por la frontera“, alertó el padre en diálogo con Diario Junio. 

Mientras se aguarda la resolución judicial sobre la competencia, el expediente continúa en trámite y el padre aseguró que mantiene contacto limitado con su hijo a través de videollamadas.

“Saco fuerzas de donde no tengo para seguir. Estoy en terapia hace dos meses. Mi familia está muy mal. Lo único que quiero es que mi hijo vuelva“, concluyó Guillermo.

 

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El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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