“De cuerpo robusto, cabeza grande y pelaje manchado, similar a un yaguareté”, describió un vecino a uniformados de la División de Delitos Rurales de la Policía de Misiones sobre el animal que observó en un sector de monte cercano a su chacra, alrededor de las 7 de este lunes, en una zona rural de Almafuerte.

El vecino fue más preciso y añadió que el animal se desplazaba en dirección a la localidad de Leandro N. Alem. A este hecho se suma la denuncia de un colono de la zona, quien manifestó que, días atrás, constató que una vaca de su ganado, de unos 2 años y aproximadamente 200 kilos, fue atacada presuntamente por un depredador.

A raíz de lo expuesto por los vecinos, uniformados de la División de Delitos Rurales, en conjunto con efectivos de la Policía local, realizaron este lunes un amplio rastrillaje en los lotes señalados.

Finalizada la jornada, el rastrillaje preventivo en el área arrojó resultados negativos y los uniformados no lograron hallar huellas ni rastros de un yaguareté en la zona, “debido a precipitaciones que afectaron el terreno”, informaron desde la fuerza.

Aunque, por pedido de los colonos, los efectivos continuarán realizando patrullajes en la zona y entrevistas con otros productores.

Además, se dio intervención al Ministerio de Ecología, que realizará tareas de monitoreo y evaluación en la zona donde los vecinos denunciaron la posible presencia de un yaguareté.

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Después de 34 años de trabajo en la rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre, los conservacionistas Jorge Anfuso y Silvia Elsegood, confirmaron que dejarán sus tareas en la Isla Palacio en Puerto Libertad y también la conducción del Centro de Fauna Silvestre “Güirá Oga” a partir de 2026. La decisión incluye el cierre de la Estación Biológica Juan Carlos Chébez, un espacio clave para la recuperación de animales en la provincia.

Según explicó Jorge Anfuso -conservacionistas, especialista en aves rapaces y Guardafauna Honorario-, en una entrevista al medio ambientalista Paranaense, la principal causa fue la imposibilidad de sostener las condiciones necesarias para rehabilitar fauna en el área.  Además advirtió que el avance de la caza furtiva, la falta de control sostenido por parte del Ministerio de Ecología de Misiones y la escasez de recursos terminaron por volver inviable el trabajo.

“La razón fundamental fue la imposibilidad de continuar rehabilitando fauna silvestre en la Isla Palacio y sin esa posibilidad ya las reintroducciones no serán positivas, efectivas y exitosas como coronaron a Guirá Oga con un alto índice de efectividad a través de los años”.

Según explico el conservacionistas, el escenario comenzó a agravarse durante la pandemia, cuando se incrementó la presencia de cazadores y pescadores ilegales en la zona. Desde entonces, se registraron episodios de violencia, enfrentamientos armados, amenazas y situaciones que obligaron a realizar tareas con custodia policial. Hacia 2025, el contexto fue considerado insostenible.

“El control que durante el período de la pandemia pudo realizarse a través del cuerpo de guardaparques del Ministerio de Ecología, fue insuficiente y ello desencadenó un descontrol en toda el área que si bien, medianamente pudo corregirse el problema con patrullas de guardaparques y policía, a partir de ese momento, nada volvió a ser como antes”, sostuvo. 

Anfuso señaló que la presencia de guardaparques resulta insuficiente para cubrir un área de alto valor ambiental como la Isla Palacio; un Monumento Natural Provincial ubicado dentro de un área declarada “Sitio de Alto Valor para la Conservación” cercana a dos grandes parques, como el Parque Nacional Iguazú, el Parque Provincial Urugua-í; y sus alrededores.  Además, cuestionó la falta de recursos, equipamiento y planificación sostenida para la protección de estas zonas.

“Con nuestra ausencia definitiva, el destino de la fauna silvestre que históricamente frecuentaba la isla y costas vecinas del continente, está condenada. Lejos quedó la protección que el Ministerio de Ecología en 1996 declaró Monumento Natural Provincial a la Isla Palacio y sus históricos alrededores, ya que volverán a convertirse en un gran coto de caza, terminando por diezmar la tan poca fauna que le queda a este emblemático sitio”.

También apuntó contra el funcionamiento del sistema judicial al remarcar que existen casos con pruebas concretas que no avanzan. 

“Las condiciones de trabajo se fueron deteriorando y hacia fines del 2024 debíamos en muchas ocasiones ser escoltados por la Policía Lacustre o guardaparques, cuando realizábamos los cambios de guardia de nuestro personal”.

Por otra parte Anfuso cuestionó el equipamiento con el que dispone el Ministerio de Ecología de la provincia, la formación de los guardaparques y los recursos económicos que no cubren la necesidades del personal. 

“cada salida al monte hoy se está jugando la vida en cada patrulla, si bien en muchas ocasiones los respalda la Policía Ambiental, las patrullas son esporádicas y no se repiten regularmente y los tiempos han cambiado. Los furtivos ahora sin dudar, usan sus armas para evitar ser detenidos”. 

En este sentido advirtió “Si Misiones quiere seguir manteniendo su biodiversidad debe encaminarse a un sistema de defensa muy bien preparado para contrarrestar el avance de estos individuos que ya no son furtivos, sino que los podemos considerar delincuentes”.

Tras este escenario planteó la necesidad de endurecer las leyes y que los delitos ambientales dejen de ser considerados infracciones. 

“Estas medidas deberían estar acompañadas de un cambio profundo en la ley. En primer lugar, hay que capacitar a los jueces, fiscales, y todo el aparato judicial como también a los políticos. Tienen que actuar en consecuencia, cuando se está frente a un ilícito sobre temas ambientales como caza o pesca furtiva, atropellamientos en áreas protegidas, tala de árboles y otros atentados contra el medio ambiente”.

Sobre el impacto ambiental, advirtió que la falta de control podría convertir nuevamente a la Isla Palacio en un área de caza ilegal, con consecuencias directas sobre la fauna. “Hoy nadie mata un animal silvestre por necesidad, los individuos apresados por guardaparques y policía, todas son personas con recursos que lo hacen por placer, diversión, pasatiempo, aunque algunos lo quieran catalogar de cultural”. 

Y sentenció que de  mantenerse esta tendencia, en las próximas décadas podría registrarse una fuerte disminución de especies y un deterioro del ecosistema.

“La muerte de un animal silvestre bajo estas circunstancias, es un paso más, que los lleva a una extinción segura; la tala de un árbol necesitará luego 100 años como mínimo para volver a cumplir con su rol determinado, y si sumamos todas las acciones que los furtivos, depredadores y quienes contaminan, en menos de 20 años vamos a notar una disminución muy alarmante de fauna silvestre y una selva muy empobrecida”.

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La Cámara Federal de Posadas revocó una decisión de primera instancia y ordenó suspender la aplicación de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales, que habilitaba la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú. La medida cautelar de no innovar regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa iniciada por la Asociación Orembaé.

En una primera etapa del proceso, el juzgado había rechazado suspender esa norma al considerar que no estaba acreditado un daño ambiental “cierto e inminente” y que las actividades se encontraban bajo control de la autoridad administrativa.

La Cámara, sin embargo, adoptó un criterio distinto y marcó que ese enfoque resulta insuficiente cuando se trata de cuestiones ambientales. En su resolución, sostuvo que no es necesario demostrar un daño consumado para intervenir judicialmente, sino que basta con la existencia de un riesgo plausible, especialmente cuando está en juego un ecosistema de alta sensibilidad.

En ese sentido, puso en el centro el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, que obliga a actuar frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible aun en contextos de incertidumbre científica.

El tribunal también cuestionó la idea de que el control de las actividades pueda quedar limitado a la propia administración que las autoriza. Señaló que el control de legalidad de los actos estatales es una función indelegable del Poder Judicial y que, en este tipo de procesos, la tutela debe ser preventiva y no posterior al daño. Bajo ese enfoque, advirtió que la ejecución de la resolución impugnada podría generar impactos que no siempre son visibles de inmediato, como alteraciones en la fauna, efectos sonoros o modificaciones en el equilibrio del entorno natural.

Otro de los aspectos que pesó en la decisión fue el carácter “experimental” de las actividades habilitadas, lo que, para la Cámara, refuerza la necesidad de extremar los recaudos. La posibilidad de que se autoricen eventos sin una evaluación de impacto ambiental previa ni instancias de participación pública también fue considerada como un elemento relevante, en línea con estándares internacionales como los establecidos en el Acuerdo de Escazú.

En función de estos criterios, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y otorgar la medida cautelar solicitada, suspendiendo la aplicación de la Resolución 460/2025 hasta la resolución del fondo del caso.

Un fallo “ejemplar”

Tras el fallo de la Cámara Federal de Posadas, la Asociación Orembaé señaló que la decisión “constituye un hito fundamental en la defensa de nuestro patrimonio natural” y destacó que el tribunal hizo lugar a su planteo al ordenar la suspensión de la resolución de la Administración de Parques, lo que “permitirá frenar la realización de ‘microeventos’ y actividades experimentales” en el Parque Nacional Iguazú sin evaluación de impacto ambiental.

En ese marco, el abogado de la entidad, Martín Ferroni, afirmó: “Estamos ante un fallo ejemplar que devuelve la esperanza en la tutela judicial efectiva” y agregó que “en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza”.

Además, el letrado sostuvo que “no podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para que la justicia intervenga; la precaución debe prevalecer sobre la inacción”, y remarcó que la resolución cuestiona el uso de figuras como “microeventos” para eludir controles previstos en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

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