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Máximo Thomsen desde la cárcel: “los presos nos gritan que nos quieren violar”
El principal acusado del crimen de Fernando Báez Sosa se refirió a su situación penitenciaria. El estigma VIP y el futuro que les toca a los acusados.
Los cuatro rugbiers indagados hasta mediados de esta tarde, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ciro Pertossi, todos acusados de la autoría material del crimen de Fernando Báez Sosa, optaron por la misma estrategia monótona.
Dicen exactamente lo mismo, apuntar a fallas procesales, a no ser informados debidamente para ejercer su derecho a la legítima defensa, a hablar una y otra vez de su desconfianza a la fiscal Verónica Zamboni con líneas incisivas.
Apuntaron también contra Fernando Burlando, el principal abogado de la familia Báez Sosa, hablaron de una condena mediática mientras se victimizaban y evitaban reconocer el crimen, pedir perdón o siquiera arriesgar un gesto de arrepentimiento.
Sin embargo, uno de ellos rompió el libreto: Máximo Thomsen, el más complicado de todos. Tras decir que la fiscal “nos mintió en la cara”, Thomsen aseguró:
“Quiero aclarar que en la cárcel no estamos como dicen los medios, que dicen que tenemos aire acondicionado, que tenemos ventiladores, que somos presos VIP cuando en realidad estamos toda la noche escuchando lo que nos dicen otros presos, que nos gritan que tiene precio nuestras cabezas, que Burlando los va a defender, que nos quieren violar. Nos gritan de todo por la ventana”
Thomsen y los otros siete imputados junto a él se encuentran aislados de los más de 800 detenidos que ocupan el penal más sobrepoblado en la provincia en todo momento: se encuentran todos en la misma celda en el sector de alcaidía, van a las duchas estrictamente vigilados y sus familias los visitan fuera del horario regular. Los asiste un psicólogo y los visita un pastor evangélico.
A las puertas de la cárcel, su padre, Marcial, lo defendió, asegurando que era inocente, que nunca había planeado matar a Báez Sosa, algo que Thomsen omitió decir en su declaración, a la que fue citado luego del cambio en la imputación hecho por Zamboni a comienzos de esta semana.
Al final de su declaración de hoy, la fiscal Verónica Zamboni le pregunta a Thomsen si va a responder preguntas en relación al asesinato de Fernando a lo que el detenido respondió: “No porque no confío en la fiscal porque se nos mintió desde el primer día. Voy a presentar un escrito”, finalizó.
Ciro Pertossi, también fuertemente complicado, aludió a su situación en la cárcel:
“Nos enteramos que en otros penales también tenemos amenazas osea que no podemos ir a cualquier lado. Por medio del teléfono que nos da el penal nos enteramos que hasta los propios guardias cárceles nos esperan en otros penales con amenazas”.
“Lo único que tenemos nosotros es miedo de que nos pueda llegar a pasar algo, porque los mismos internos nos dicen que a nosotros nos pueden lastimar y no les va a pasar nada porque el propio Burlando dijo que los defendería.”
Blas Cinalli, por su parte, dijo claramente “tener miedo” a finalmente integrar la población común de una cárcel:
“Hablo por mi y por todo el grupo. Tenemos todos miedo, por el tema de la cárcel, desde la ventana nos gritan cosas. Nos dicen que nos esperan, que quieren que lleguemos ahí y que todos los penales están iguales. Nosotros estamos separados de la población pero en algún momento nos van a juntar y por eso tenemos miedo. Nada más”, afirmó.
Mientras continúan las indagatorias, el Servicio Penitenciario Bonaerense espera la confirmación de las prisiones preventivas para trasladar a los rugbiers fuera del penal de Dolores donde se encuentran aislados en una celda de alcaldía hacia una cárcel más cercana a sus familias, como alguno de los penales ubicados en la zona de Campana.
Entre ellos está su destino más probable, la Unidad N°57, una cárcel para jóvenes de 18 a 21 años con una primera acusación o condena, mayormente por robo a mano armada donde, casualmente, se practica rugby, uno de los deportes más comunes dentro de las cárceles provinciales
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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