Desde este jueves hasta el domingo, más de 500 comercios de Posadas brindarán descuentos, promociones y financiamiento sin interés en la decimoprimera edición del Reventón, una propuesta que apunta a movilizar el consumo y atraer al público a la capital provincial. 

El “show de descuentos” también dispondrá de una variada feria gastronómica, cervecera y de artesanos en la plaza San Martín, donde además los visitantes podrán disfrutar de espectáculos en vivo, en esta oportunidad con Jaf como una de las figuras principales, siendo referente del rock y blues nacional, tras integrar la banda Riff junto a Pappo.

Cada comercio adherido mostrará en su vidriera el cartel correspondiente, disponiendo de opciones de pago en 1, 6, 12, 15 y hasta 18 cuotas sin interés según el rubro, cuyas operaciones están disponibles con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Macro, con costo financiero asumido por la entidad bancaria y la provincia.

Entre los programas incluidos se encuentran Ahora Misiones, Ahora Neumáticos, Ahora Bienes Durables y Ahora Construcción, abarcando rubros como indumentaria, calzado, librerías, juguetes, hogar, servicios, hoteles y restaurantes.

Los locales comerciales que ofrecerán promociones y descuentos están ubicados tanto en el centro de la ciudad, como también sobre la avenida Uruguay, Villa Cabello, Itaembé Miní y Guazú, entre otros puntos.

El evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (Ccip) en conjunto con el Gobierno y el municipio. 

JAF actuará el 10 de abril, para la nueva edición comercial de El Reventón

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Durante esta madrugada que se vio colmada de lluvia, los dos ex sargento primero Gerardo Marín y Juan Méndez se sumaron a la medida de fuerza iniciada a primera hora de ayer por los ex policías Adolfo Guirula y Diego Correa, en reclamo de su reincorporación a la fuerza provincial.

En diálogo con La Voz de Misiones, una familiar de uno de los manifestantes explicó que, a diferencia de Guirula y Correa, dos de los ocho detenidos en la causa por presunto intento de sedición y conspiración después de los reclamos salariales efectuados en mayo de 2024, tanto Marin como Méndez trabajaban dentro del cuartel de bomberos cuando se desató aquella protesta.

“Prestaban servicio en bomberos y el actual jefe de Policía Sandro Martínez los pasó a retiro obligatorio luego de tildarlos de traidores, ya que ambos se encontraban de guardia el día que el camión autobomba se sumó a la protesta de mayo de 2024 sobre la avenida Uruguay”, sostuvo en comunicación telefónica.

Por estas horas, los cuatro permanecen sentados y encadenados frente a las ventanas frontales de la Casa de Gobierno, protegidos por un toldo rojo ante la lenta e incesante lluvia que cubrió la ciudad desde tempranas horas.

De esta manera, el reclamo se desarrolla de manera pacífica y cuenta con el acompañamiento de la “familia policial”, cuyos miembros estuvieron presentes tanto ayer como hoy, asistiendo a los ex uniformados en su reclamo.

Ex policías acusados de sedición se encadenaron y pidieron volver a la fuerza

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La jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 2, Silvina Inés Bacigalupi, hizo lugar a la medida cautelar impulsada contra Samsa por unos 15 vecinos del barrio Itaembé Guazú y ordenó a la empresa habilitar el pago mínimo a los usuarios, y le prohibió el corte del suministro de agua.

La resolución judicial se conoció esta mañana y, según el escrito al que tuvo acceso La Voz de Misiones, la jueza fundamentó la decisión en los preceptos de “verosimilitud del derecho y el peligro en la demora”.

El amparo contó con el patrocinio del abogado Horacio Enrique Koncke, y las gestiones del concejal posadeño Fernando Zarza, quien acompañó a los usuarios afectados, entre los que figuran personas discapacitadas y menores de edad.

En los considerandos de la resolución de la jueza Bacigalupi, se lee que “en los periodos comprendidos de enero 2025 a marzo de 2026” los demandantes “comenzaron a recibir liquidaciones de servicios con montos exorbitantes y desproporcionados”, y que “tras un pormenorizado análisis se constató que dichas sumas no guardaban relación con el consumo promedio histórico de las familias, evidenciando una alteración sistemática en la mediación volumétrica”.

Asimismo, el escrito judicial achaca al Ente Regulador de Aguas y Cloacas (Eprac), faltar a “su deber de control” y ofrecer a los usuarios como “única respuesta” la “oferta de planes de pago con tasa de interés asimilables al sector financiero”.

También, argumenta el respaldo judicial al amparo de los vecinos “con la evidencia técnica” expuesta ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) sobre “la intrusión de aire” en la red de agua, acreditada “mediante soporte técnico y audiovisual” y surgida “del monitoreo realizado con herramientas digitales de precisión (Data Loggers)”.

“La falla no es una conjetura, sino una realidad hidráulica documentada”, señala la jueza y menciona el proyecto del concejal Jair Dib para que la Municipalidad de Posadas obligue a Samsa a instalar válvulas purgadoras de aire en cada conexión domiciliaria de la ciudad.

“Pese a haber sido notificada de éste proyecto y de los reclamos técnicos, la empresa Samsa ha optado por silencio total y manteniendo órdenes de corte de suministro y pretendiendo el cobro de deudas que carecen de causa lícita”, dice la resolución judicial.

Asimismo, acusa a Samsa de “conducta contumaz” por haber ignorado “los reclamos técnicos sistemáticos”, y apunta contra la “ineficacia del control” por parte del Eprac, que “ha permitido que esta situación se prolongue durante ciclos estacionales completos sin exigir las obras de infraestructura necesarias”.

Por todo ello, la jueza resolvió “la suspensión de la ejecución judicial de deudas que puedan tener los actores por facturas y/o convenios del año 2025 y 2026”; “la suspensión de cortes, o en caso que ya se hayan efectuado, la inmediata reconexión del servicio de agua potable sin costo”; el beneficio del “pago mínimo” para los usuarios demandantes, “mientras dure el proceso y hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”; y “requerir al Eprac que informe en el término de cinco días de notificado si realizó el operativo de monitoreo de presiones en los 20 puntos específicos del barrio Itaembé Guazú durante 7 días consecutivos y en distintas franjas horarias”, y que “en caso afirmativo”, “acompañe el informe final”; y, “en caso negativo, que informe cuándo lo llevará a cabo”.

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