Provinciales
Juez de Oberá favoreció a OSDE al denegar amparo a afiliado que necesita una prótesis
Es Alejandro Marcos Gallandar Luzuriaga, dle fuero federal. No aceptó el recurso del paciente Cristian Valdez, a quien le recetaron una prótesis para volver a caminar. La prepaga quiere proveerle un sistema antiguo de tratamiento.
OBERÁ y POSADAS. El juez federal de Oberá, Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, favoreció a la poderosa prepaga OSDE al denegar la provisión de una prótesis a un afiliado que está imposibilitado de caminar desde octubre del año pasado.
El fallo del magistrado perjudicó las posibilidades de recuperaron del periodista Cristian Valdéz, quien se desempeña en el diario El Territorio, según reveló a través de su cuenta de twitter con los pormenores de su situación.
Valdez señaló que el magistrado “priorizó los intereses de la prepaga OSDE por sobre mi salud y rechazó el amparo que presenté en diciembre, teniendo en cuenta mi condición física que no me permite caminar desde octubre de 2019″.
A partir de la decisión conocida, “entiendo por qué durante la audiencia conciliatoria (llamativamente, en oficinas separadas), el secretario judicial a cargo, Martín Scabbiolo, me sugirió aceptar el clavo ofrecido por OSDE pese a que está contraindicado para mi condición”, señaló.
“Y si no resulta al cabo de seis meses tendrán que cubrir el clavo indicado por tu médico”, reveló el periodista que fue la propuesta, a lo que él respondió: “’¿Cree que mi pierna es un experimento? No sirve porque no elonga’. No acepté”, puntualizó, aunque “veo que desde un principio estaba todo decidido porque los intereses protegidos son de una millonaria empresa”,
En la misma línea de observaciones, el paciente sostuvo que “pese a la cantidad de informes médicos presentados, estudios específicos, disposiciones del @msalnacion@ginesggarcia y @ANMATsalud en los que habilitan y autorizan en el país (desde hace más de dos años) la elongación ósea con clavo intramedular magnético, el juez Gallandat Luzuriaga concluyó (al igual que OSDE) que el método es ‘experimental’ o ‘de uso poco frecuente’”.
A partir de ello “sin tener en cuenta los argumentos del médico que me viene operando desde hace 8 años y ponderando los dichos de una auditora (que jamás me evaluó), falló que está correcto el clavo intramedular que me da OSDE (que no elonga), más un tutor externo (contraindicado) debido a que sobre ese -dice- existe evidencia científica porque es usado hace 40 años en el país y además, está incluido en el PMO y el que me indican, no”.
En cambio “no tuvo en cuenta que sobre el clavo que necesito también existe evidencia científica y resultados comprobables en Argentina y otros países del mundo desde hace una década”, por lo cual “decepcionado hasta el hueso estoy, no voy a bajar los brazos hasta dejar en evidencia a los que se preocupan más por cuidar la guita de millonarios empresarios antes que la salud de un ciudadano”, sostuvo Valdez.
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
Concejales buscan declarar emergencia por consumo de drogas en Iguazú y Wanda
A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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Manifestación tras detención de Ángel Rivero
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