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Obispo justificó a un cura por masturbarse frente a niños: “Por lo menos no les hizo nada”
Una catequista y madre de una alumna del colegio católico de Los Polvorines, de donde salieron las denuncias, dio detalles del encuentro que tuvo con el obispo de San Miguel, Damián Nannini, cuando fue a pedirle explicaciones.
BUENOS AIRES. Una catequista que envía a su hija al colegio Nuestra Señora del Rosario de Los Polvorines tuvo una experiencia negativa cuando fue a buscar apoyo en el obispo de la diócesis de San Miguel, Damián Nannini.
La semana pasada se conocieron las denuncias de diez alumnos y alumnas de entre 11 y 12 años contra el cura Luis Alberto Luna, apoderado legal del colegio Nuestra Señora del Rosario y conocido mediáticamente como “Padre Coraje” por sus denuncias a narcotraficantes. Ahora los alumnos del colegio Nuestra Señora del Rosario de Los Polvorines lo acusan de haberse masturbado durante un viaje de campamento a Mar del Plata.
La mujer y madre de una de las víctimas, Magdalena del Corro, publicó en Facebook el relato de su reunión con el prelado. “Ayer fui a visitar al obispo Mons. Damián Nannini, mi pastor, para contarle que sus ovejas, las más pequeñas del rebaño, habían vivido una aberración. Él me recibió”, relata. “Me dejó hablar pacientemente sin mostrar el más mínimo gesto en su rostro. Relaté cómo nuestros hijos nos contaron que, en el viaje de vuelta de su campamento ‘educativo’, el sacerdote Luis Luna que estaba, teóricamente, cuidándolos, veía fotos inmundas y se masturbaba… Le conté también que dos niñas habían oído, en el baño de nenas del campamento donde habían asistido, ruidos raros (que ellas describieron como gemidos) y al agacharse para ver quién estaba en el baño observaron que las zapatillas del hombre que estaba adentro haciéndolos, se correspondían con las del sacerdote”.
Añadió que “le expresé, casi en confesión y con lágrimas en los ojos, que yo realmente no sabía si detrás de esa puerta, una nena o un nene estaba siendo violado”, argumentó la joven madre. Sin embargo, la reacción de monseñor Nannini no fue la esperada.
“Lejos de consolarme, me miró y empezó a explicarme la cantidad de abogados que ellos tenían para defenderse. Me relató que no solo ya tienen trabajando en la causa en contra de los nueve papás (mostrándome la firma y nombre de todos nosotros en un acta que la escuela le facilitó y que, aunque la solicité, todavía no me dio), abogados civiles y penales (señor… ¡me extraña! ¡Nada detiene a unos padres luchando por su cachorro!) especialistas en derecho civil, en derecho canónico y todos ellos puestos para… ¿hacer justicia? ¿investigar? ¡No! Para defender a un sacerdote que es ‘inocente hasta que se demuestre lo contrario'”, refiere.
Nannini sostuvo que los chicos pueden estar mintiendo, y que al masturbarse delante de los chicos, el cura “no les hizo nada a ellos“. La mujer expresó su frustración en los párrafos finales de su posteo. “El pastor, mi pastor, me dejó en claro que el aparato que la iglesia tiene montado saldrá con toda la artillería a defender al sacerdote”, confirmó indignada.
“El pastor, mi pastor, me recibió más parecido a Herodes que a Jesús y me demostró de un solo cachetazo que la mayoría de las cosas que creía y había predicado como catequista eran, al fin, una cruel mentira. Fui a ver al pastor para contarle lo que les sucedió a sus ovejas más pequeñas, y el pastor, mi pastor, me sacó a los tiros. Qué tristeza, nunca me di cuenta de que se había convertido en pastor de lobos”, concluyó.
Solamente separado de la escuela
El padre Luna apareció en varios canales de televisión en julio del 2018, cuando con una imagen de la virgen de Itatí, peregrinó con feligreses y se detuvo a rezar en las casas identificadas como punto de tráfico de drogas en Pablo Nogués. Tras las denuncias, fue separado de la escuela pero no de la parroquia.
Luis Luna, sacerdote en Los Polvorines.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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