Judiciales
María Ovando a juicio, habría autorizado el abuso sexual de su hija y su nieta
La mujer ya fue juzgada y absuelta en 2012 bajo la acusación de abandono de persona, por la muerte de una hija de 3 años.
ELDORADO. La misionera María Ovando (46) absuelta judicialmente por la muerte de su hija de 3 años en 2012 va de nuevo a juicio, ahora acusada de recibir dinero a cambio de consentir abusos de una hija y una nieta en su propio hogar.
El caso de la mujer en situación vulnerable, analfabeta, con 12 hijos indocumentados, tuvo repercusión nacional. Fue defendida por personalidades conocidas en el país, como la exdiputada Vilma Ripoll, entre otras.
El juicio actual arranca por una denuncia hecha en 2015, cuando Ovando fue acusada de cobrar y permitir que ambas menores fueran abusadas.
La fiscal Bibiana Alderice sostuvo en su acusación de abuso sexual contra Ovando que la mujer (madre y abuela) “tenía la obligación, no solo moral, sino también legal, de actuar en defensa de la integridad sexual de su hija y nieta, a quienes debía contener y resguardar”.
La acusación también pesa sobre Marcos Iván Laurindo (23), pareja de Ovando, y Lucas Sebastián Ferreira (23), amigo de los dos.
La fiscal Alderice pidió que se eleve a juicio su investigación. Concluyó que María Ovando cometió los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado y abuso sexual gravemente ultrajante.
A Laurindo y Ferreira los acusó por los mismos delitos informaron El Territorio y Stop en Línea de Eldorado.
Cuando ocurrieron los abusos, las víctimas tenían entre 6 y 9 años y 5 y 6 años. Las menores ratificaron en Cámara Gesell cómo ocurrieron los ataques, señalaron a los presuntos criminales y describieron donde ocurrieron los abusos.
La nieta de Ovando, de más edad que su hija, habría sido abusada por Laurindo, pareja de Ovando. Pero el hombre también está acusado de manosear a su hijastra, a quien el amigo de la pareja habría violado.
La investigación se abrió gracias a una denuncia de la bisabuela y abuela paterna de las víctimas, Vualda Godoy. Ante maltrato sufrido por las dos nenas, Vualda se hizo cargo de su custodia.
La abuela y bisabuela de las menores violadas dijo que la mayor le contó el abuso de larga data que sufría de parte de los dos hombres acusados.
También supo que María Ovando estaba al tanto de los abusos. Tanto que cuando la nieta trató de revelar lo que pasaba a su madre (también hija de Ovando), su abuela de 46 años le dio una cachetada y la amenazó.
Antes de este último hecho, Ovando fue denunciada por una docente de sus hijas en la Escuela 858 “Héroes de Malvinas”. Fue en octubre de 2014, cuando se la acusó de “abandono de personas agravado por el vínculo”.
La maestra relató que las menores iban a clase en en situación de abandono, “con hambre y signos de ser víctimas de maltrato físico”.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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