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En Misiones se habilitaron 2 nuevos profesorados ¿Quién controla su calidad?
Se crean 25 profesorados por año en Argentina y preocupa que no puedan controlar su calidad. En Misiones, Stella Maris Leverberg presentó hace poco, la resolución donde se habilitaron dos carreras gratuitas, Profesorado en química y profesorado en física, a dictarse en Puerto Rico en el 2020.
Argentina tiene uno de los sistemas de formación docente más atomizados del mundo. Se calculan 34 profesorados por cada millón de habitantes, una proporción entre ocho y catorce veces mayor que otros países de la región.
No obstante, el sistema continúa en expansión: en la última década, las provincias crearon en promedio 25,6 institutos por año.
Mientras que en Argentina hay 34 institutos de formación de docente por cada millón de habitantes, en Chile y México hay tan solo son 4 por millón, en Colombia hay 2,3, en Estados Unidos hay 3,6 y en Francia mucho menos: tan solo 0,5 por millón.
Los datos se desprenden de un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación. Allí se ve que entre 2009 y 2018 la cantidad de unidades de formación docente se aumentó un 17,7%: pasó de 1.298 a 1.528.
Los 1.528 institutos podrían ser motivo de orgullo, por tratarse de un sistema amplio y diverso, si no fuera por los problemas evidentes para controlar su calidad.
En una entrevista con Infobae, Guillermo Jaim Etcheverry, presidente de la Academia Nacional de Educación, había planteado justamente eso: “Es un disparate la cantidad de profesorados que tenemos.
¿Cómo se puede controlar la calidad de eso? Los países desarrollados tienen 30, 40, 50 como máximo. Hay que volver a valorar la carrera docente y eso se manifiesta también con mayores exigencias al ingreso”.
Mariano Palamidessi, profesor universitario y director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente porteño, señaló que la expansión comenzó ya a fines de la década del ‘60.
“Fue la respuesta no planificada a la decisión de llevar la formación de maestros desde las Escuelas Normales hacia la educación superior no universitaria. Es una tendencia de largo plazo que no ha respondido a ningún tipo de decisión centralizada o coordinada sostenida en el tiempo”, indicó.
Del mismo modo, agregó: “El cambio del modelo formativo e institucional dio paso a un juego creciente y poco coordinado de actores estatales subnacionales (gobernadores, intendentes, legisladores en distintos niveles del Estado) y privados (confesionales y laicos, de diverso tipo) en la atención de demandas y en la creación de instituciones”.
Al respecto, Cecilia Veleda, directora del Instituto Nacional de Formación Docente, explicó: “Los institutos dependen de las provincias y son ellas las que los crean.
Más allá de que Nación no tiene ninguna atribución, es clave garantizar condiciones de calidad en los institutos, tanto en la infraestructura, como en el equipamiento y la formación de los formadores. Y en muchos casos la expansión del sistema entra en tensión con este objetivo”.
La funcionaria insistió en la necesidad de mejorar la planificación del sistema para aprovechar el amplio abánico de profesorados y apuntó a la formación continua.
“La Ley de Educación Nacional establece que el sistema debe también formar a los docentes en ejercicio. Habría entonces que planificar mejor el tipo de carreras en función de los perfiles que más se necesitan en las escuelas, con una buena formación de los formadores, para fortalecer en ese punto desde los institutos”.
En las provincias existe una fuerte asimetría. Chaco (81,3), La Rioja (74,7) y Catamarca (65,6) son las que mayor proporción de institutos tienen, en gran parte porque es la principal salida laboral para las mujeres.
Del otro lado, la que menos profesorados tiene es Santa Cruz con 14. Pero incluso con ese indicador supera ampliamente a los otros países.
“Tenemos un histórico exceso de la oferta de formación docente, que hay que achicar. Si tuviéramos la proporción de países vecinos deberíamos pasar de más de 1.500 a 200. Lo que tenemos que hacer es un plan a 20 años que respete a la gente que trabaja en estas instituciones.
Hay que dar tiempo, acreditar a las instituciones, ofrecer buenos retiros voluntarios para lograr 200 buenas instituciones.
Esto requiere el compromiso de la sociedad, de los políticos, de los empresarios, de todos lo que no nos animamos a decir en voz alta las cosas que todos sabemos”, propuso Inés Aguerrondo, profesora de la UCA.
A contramano de una reducción, las provincias multiplicaron su oferta en la última década. La de gestión estatal fue la que más incrementó. Los profesorados públicos crecieron un 26,6 por ciento mientras que los privados aumentaron un 6.
En Chaco la oferta creció un 148,7%. Pasó de 39 profesorados en 2009 a 97 en 2018. Le siguen Corrientes (+128,0%) y La Pampa (+63,6%). En cambio, solo tres provincias registraron una disminución en su oferta: Córdoba (-6,5%), La Rioja (-3,3%) y Tucumán (-1,9%)
“La Argentina necesita resolver el problema de la notoria cantidad de institutos de formación docente, que manejan en su gran mayoría lógicas obsoletas de organización y gestión institucional, que no logran graduar en tiempo y forma, y que no avanzan en investigaciones serias que contribuyan a su mejora continua”, consideró Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de la UCA.
“Se requiere un profundo sinceramiento social que ponga en la mesa de concertación –política, social, educativa, sindical– los resultados actuales: los niveles de graduación, la calidad de la oferta, la equidad en el acceso al conocimiento, la retención, el aprendizaje óptimo de todos, la evaluación, autoevaluación y coevaluación, y la práctica docente en todos sus sentidos”, continuó.
La cantidad de estudiantes aumentó en los últimos años. Hoy son más de 500 mil, pero las tasas de egreso siguen siendo muy bajas. Más de la mitad de los estudiantes que ingresa abandona al cabo del primer año y otro 20% después del segundo.
Redacción LVM e Infobae
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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Guillermo Leumann, empresario del transporte e integrante de Fatap a nivel nacional, en una nota periodística explicó la crisis del transporte urbano en Posadas y la incertidumbre por el pago de sueldos o para sostener la operación en condiciones normales.
Durante una entrevista con Radio República, Leumann, referente de Tipoka, describió al sistema de transporte público asfixiado por atrasos en compensaciones y subsidios, a los que calificó como “irrisorios” frente a un escenario general de costos en alza que ya dejó de ser manejable.
“El subsidio provincial, que viene con un atraso significativo en el cálculo o estudios de costos en virtud del cual aplican las compensaciones. El subsidio general municipal, concretamente a las empresas del sistema integrado de las empresas de Posadas, prácticamente tiene números que han quedado históricamente atrasados”, sostuvo.
Explicó, además, que el problema no es exclusivo de Misiones, sino que atraviesa a buena parte del interior del país, donde los servicios vienen acumulando desequilibrios por falta de reconocimiento real de costos y demoras en los pagos estatales.
En el caso puntual de Posadas, Leumann puso la lupa sobre los aportes municipales al sistema integrado. “Las cuatro empresas de Posadas perciben mensualmente 2 millones, 2 millones 500 mil pesos por subsidio general municipal”, señaló y describió a la cifra como “prácticamente simbólica” frente al volumen de gastos operativos.
También cuestionó la escasa compensación por gratuidades y beneficios que el sistema debe absorber, mientras la prestación sigue exigiendo combustible, mantenimiento, salarios y frecuencias.
En esa línea, Leumann sostuvo que el boleto de Posadas, hoy en $1.380, sigue estando entre los más bajos del país y remarcó que el verdadero problema no pasa por discutir solamente la tarifa, sino por la falta de compensaciones adecuadas del Estado.
“No hay más recursos para sostener la operación de una manera adecuada, con las frecuencias que el usuario merece o para renovar el material rodante en tiempo y forma”, sentenció.
A esa ecuación le sumó otro frente delicado: el aumento del combustible, la dificultad para conseguir precio cierto en algunos abastecimientos y la nueva pauta salarial firmada en marzo, con retroactivos incluidos.
“Entre el salvaje incremento del precio del combustible, sumado en nuestro caso a la pauta paritaria de la Fatap, ni siquiera podemos proyectarnos al primer semestre”, determinando que la combinación de esos factores deja a las empresas sin margen financiero inmediato.
“No saben qué puede pasar este miércoles”, anticipó el empresario atribuyendo la decisión de la continuidad al resultado de la reunión de Fatap que se está realizando hoy por la tarde.
A la escasez de recursos para atender la nueva obligación salarial se le suma el crecimiento del transporte informal, al que definió como una competencia desleal que se profundiza en tiempos de crisis.
“Entonces los cierres de negocio, la pérdida de actividad, la pérdida de trabajo, trae aparejado que el que tiene una moto o un auto, necesita trabajar y saca la moto, dos cascos, y sale a transportar gente por el mismo precio del boleto, con todo el riesgo que eso significa”, cuestionó Leumann.
“Al comerciante le aparecen los manteros en la vereda, a nosotros estos manteros del transporte, compiten de esta manera generando un riesgo enorme para el usuario”, planteó.
En ese contexto, el reclamo que dejó planteado fue concreto: revisar con seriedad las compensaciones, actualizar estudios de
Al Finalizar Leumann resumió el cuadro de situación: “el transporte en Posadas sigue funcionando, pero cada vez con menos margen y más incertidumbre”.
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