La Cámara Federal de Posadas revocó una decisión de primera instancia y ordenó suspender la aplicación de la Resolución 460/2025 de la Administración de Parques Nacionales, que habilitaba la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú. La medida cautelar de no innovar regirá hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa iniciada por la Asociación Orembaé.

En una primera etapa del proceso, el juzgado había rechazado suspender esa norma al considerar que no estaba acreditado un daño ambiental “cierto e inminente” y que las actividades se encontraban bajo control de la autoridad administrativa.

La Cámara, sin embargo, adoptó un criterio distinto y marcó que ese enfoque resulta insuficiente cuando se trata de cuestiones ambientales. En su resolución, sostuvo que no es necesario demostrar un daño consumado para intervenir judicialmente, sino que basta con la existencia de un riesgo plausible, especialmente cuando está en juego un ecosistema de alta sensibilidad.

En ese sentido, puso en el centro el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, que obliga a actuar frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible aun en contextos de incertidumbre científica.

El tribunal también cuestionó la idea de que el control de las actividades pueda quedar limitado a la propia administración que las autoriza. Señaló que el control de legalidad de los actos estatales es una función indelegable del Poder Judicial y que, en este tipo de procesos, la tutela debe ser preventiva y no posterior al daño. Bajo ese enfoque, advirtió que la ejecución de la resolución impugnada podría generar impactos que no siempre son visibles de inmediato, como alteraciones en la fauna, efectos sonoros o modificaciones en el equilibrio del entorno natural.

Otro de los aspectos que pesó en la decisión fue el carácter “experimental” de las actividades habilitadas, lo que, para la Cámara, refuerza la necesidad de extremar los recaudos. La posibilidad de que se autoricen eventos sin una evaluación de impacto ambiental previa ni instancias de participación pública también fue considerada como un elemento relevante, en línea con estándares internacionales como los establecidos en el Acuerdo de Escazú.

En función de estos criterios, la Cámara resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la resolución recurrida y otorgar la medida cautelar solicitada, suspendiendo la aplicación de la Resolución 460/2025 hasta la resolución del fondo del caso.

Un fallo “ejemplar”

Tras el fallo de la Cámara Federal de Posadas, la Asociación Orembaé señaló que la decisión “constituye un hito fundamental en la defensa de nuestro patrimonio natural” y destacó que el tribunal hizo lugar a su planteo al ordenar la suspensión de la resolución de la Administración de Parques, lo que “permitirá frenar la realización de ‘microeventos’ y actividades experimentales” en el Parque Nacional Iguazú sin evaluación de impacto ambiental.

En ese marco, el abogado de la entidad, Martín Ferroni, afirmó: “Estamos ante un fallo ejemplar que devuelve la esperanza en la tutela judicial efectiva” y agregó que “en materia ambiental, la duda favorece a la naturaleza”.

Además, el letrado sostuvo que “no podemos esperar a que ocurra un daño irreversible para que la justicia intervenga; la precaución debe prevalecer sobre la inacción”, y remarcó que la resolución cuestiona el uso de figuras como “microeventos” para eludir controles previstos en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.

Orembaé amplió su amparo ambiental contra microeventos en Cataratas

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A tres décadas del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica binacional en Corpus, organizaciones sociales, ambientales, ecologistas, gremiales y la ciudadanía en general, marcharon para reivindicar ese momento histórico y la defensa de los ríos libres en la actualidad. El recorrido culminó en la explanada de la Legislatura misionera, con un acto conmemorativo.

El encuentro se concretó en el marco de un cronograma de actividades por los 30 años, que inició con una bicicleteada de 88 kilómetros, desde Aristóbulo del Valle hasta Corpus, la cual partió el sábado pasado, enfrentó una intensa lluvia en horas de la tarde, y llegó el domingo al municipio costero que dio nombre al proyecto de represa que el pueblo misionero rechazó durante la consulta popular de 1996.

En la mañana de este martes, la Mesa Provincial No a las Represas y el Grupo Ecologista Cuña Pirú, se congregaron en la Plaza 9 de Julio para marchar hacia la Cámara de Representantes.

Desde la plaza central de la capital provincial, el histórico impulsor del movimiento ecologista contra las represas e ícono del ambientalismo local, Raúl Braganolo, en diálogo con La Voz de Misiones, compartió las sensaciones del momento.

“Por un lado veo con mucha felicidad que pasaron 30 años de que las represas Corpus y Garabí no se han construido. Esa es la clara muestra de que cuando el pueblo está unido con conocimiento, coherencia e información, se logran estos resultados”.

Luego continuó: “Nosotros proponemos un modelo diferente al que nos está destruyendo. En 30 años los gobiernos no han hecho absolutamente nada, o muy poco, para dar una respuesta a esta -entre comillas- necesidad energética. Sin dejar de lado que la energía, el agua y el aire siempre han sido bienes necesarios para la salud. Por eso, responsabilizamos a las distintas dirigencias de no haber tenido la voluntad, capacidad y sabiduría de revisar la matriz energética y proponer algo, que si hubiésemos pensado a partir de ese momento, hoy tendríamos resuelta la cuestión energética provincial”.

“Hubo mucha proclama en la cuestión de aprender de los bienes naturales que nos llevó a ser la capital nacional de la biodiversidad por ley; tenemos el corredor verde con casi 30 años, pero los gobernantes no han sabido cuidar y eso es una responsabilidad. Es momento de recibir respuestas”, concluyó.

Concentración en homenaje al No a Corpus en la Plaza 9 de Julio

Tanto en la concentración, como en el trayecto de la marcha, además de Braganolo, estuvieron presentes históricos defensores de los ríos libres, como Eduardo Lujan y Beatriz Curtino, el educador y ambientalista Gerardo Segovia, Liliana Muller, y los docentes Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes debieron frenar su paso a dos cuadras de la Legislatura, ante una restricción vigente por estar judicializados en el marco de una causa por los incidentes registrados durante las protestas de 2024.

Durante el recorrido, entonaron al unísono la frase “Agua y energía no son mercancías“, al concebirlos como recursos, derechos humanos fundamentales y bienes sociales comunes – no mercancías- ya que su acceso es esencial para la vida, la salud y la dignidad humana, posicionándose por encima de intereses económicos o de mercado.

Al llegar a la Legislatura, todos ellos recordaron al médico, ecologista y activista socioambiental Juan Yahdjian, quien acompañó durante varias décadas el reclamo en defensa de los territorios, los ríos y los derechos humanos. También fue autor del libro Somos Naturaleza, donde planteó que “el planeta es un sistema vivo” y por tanto, se transforma, metaboliza y cambia todos los días, al igual que cualquier organismo vivo.

“Hace 30 años los misioneros y misioneras dijeron que no querían más represas en la provincia. En el 2014 hicimos nuestra consulta popular donde el 95% de los misioneros volvió a decir que no quería más represas. Hicimos una marcha de más de 130 kilómetros, en el 2015 presentamos un proyecto de ley de ríos libres. A 30 años del No a Corpus venimos a refrendar ese proyecto de todos los misioneros y cada uno de los que fue a votar hace 30 años y acompañaron las marchas y es algo que sigue latente y lo notamos en este tipo de actividades”, afirmó Lujan desde el palacio legislativo.

Para finalizar, reiteró: “Sabemos que Misiones tiene futuro, pero tiene futuro con ríos libres, con nuestra selva intacta, con nuestros bienes naturales al servicio de la gente y eso venimos a pedir en esta Legislatura“.

Treinta años de historia y resistencia

Fue el domingo 14 de abril del año 1996 cuando, durante una consulta popular, el 88,63% (299.420 personas) -que debían elegir entre sí y no- votó negativamente la construcción de la represa de Corpus sobre el río Paraná.

Luego de aquel abril, el plebiscito derivó en la sanción de la ley 3.294 que consolidó el veredicto popular y estableció que “toda intervención de los poderes del Estado provincial en relación al tema plebiscitado deberá hacerse con sujeción a la decisión de la ciudadanía expresada en esta consulta”, (Ley XI- Nº5, antes 3294).

Ese referéndum marcó un hito al convertirse en la primera consulta vinculante en materia ambiental en la historia argentina, aunque en la actualidad hay sectores políticos y económicos que continúan reavivando el debate.

Tanto en la Plaza 9 de Julio como en la explanada de la Cámara, estuvieron presentes el diputado provincial del Partido Agrario y Social (Pays) Cristian Castro y su par Elvani Goring, ambos oriundos de San Javier y Colonia Aurora, respectivamente. Estas localidades se encuentran ubicadas a la vera del río Uruguay, por lo que se mostraron conscientes de cómo las hidroeléctricas impactan sobre los cauces y el ecosistema.

“Tanto Corpus como Garabí planteaban megaobras que terminan bloqueando los ríos e impactando en el ambiente y en los recursos ícticos de nuestra provincia. Nosotros desde el Pays tenemos una postura firme de No a las represas”, reafirmó Castro en diálogo con este medio.

Y añadió: “Desde nuestro espacio político siempre estamos y estuvimos firmes con esto ante los sectores que vuelven a insistir, particularmente de voces pro represas, sin contemplar que la mayor problemática de la provincia no es generar electricidad, sino transporte. Tiene que ver con otras cuestiones, y nos muestran espejitos de colores desde Yacyretá, pero no muestran los impactos negativos; la contaminación, los desalojos de las costas y es una realidad muy distinta a la que nos quieren mostrar con la costanera de Posadas, por ejemplo”.

“La gente sufre las consecuencias y nosotros los beneficios de esto no los tenemos, así que vamos a seguir la lucha para que esto no vuelva a pasar”, sumó Goring a la reflexión.

Si bien el Frente Renovador de la Concordia lleva la voz en las reuniones del Norte Grande, Castro expresó que desde su partido se encuentran trabajando con un grupo de legisladores de Corrientes, Chaco y Formosa, respecto a esta temática.

“Desde el Pays reclamamos el tema tarifario. Este mes a muchos misioneros se les duplicó la factura y cuando uno mira y analiza los kilowatts no es que se hayan incrementado, pero sí se redujo el subsidio nacional de 500 kW a 150 kW y eso produjo que muchos misioneros hoy paguen el doble la factura. Es una situación crítica, en la que la plata no alcanza y este aumento de servicios impacta de lleno en la heladera y la comida de la gente que deja de comer para pagar la boleta de luz”.

Movilización a 30 años del No a Corpus en la Legislatura misionera

 

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Con una serie de operativos en simultáneo ejecutados por el Ministerio de Ecología de Misiones, se detectaron loteos y aperturas de caminos; desmonte en “pequeña escala”; y extracción ilegal de madera nativa en diferentes puntos de la provincia.

De acuerdo a lo que informó la cartera, la fiscalización estuvo a cargo de la Dirección de Control Forestal, con “el objetivo de monitorear áreas de interés y verificar posibles infracciones ambientales”.

En esa línea, precisaron que el primer equipo constató la realización de loteos y la apertura de caminos en zonas costeras al río Uruguay, en la localidad de San Javier. Posteriormente, en Apóstoles, los fiscalizadores de Ecología, en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, realizaron controles de vehículos a fin de detectar el transporte ilegal de material forestal nativo.

Un segundo equipo de control recorrió distintas áreas del municipio de Pozo Azul, donde se había reportado “desmonte en pequeña escala”. Las infracciones fueron verificadas en la zona y los fiscalizadores procedieron a labrar actas, según indicó la cartera. En tanto, continuaron con la jornada con controles sobre la ruta provincial 20, también con apoyo policial.

Por su parte, el tercer operativo se desarrolló en Fracrán, en inmediaciones a la reserva privada Caá Yarí y en lotes fiscales lindantes. Con una intervención inicial del cuerpo de guardaparques, se detectó la extracción ilegal de madera nativa.

Durante las inspecciones, el equipo de Ecología identificó el uso de un motoarrastrador tipo Zanello, el cual fue secuestrado preventivamente y trasladado a la dependencia policial local, lugar en el cual permanecerá a disposición de las actuaciones sumariales iniciadas.

El Ministerio de Ecología sostuvo que estos operativos “tienen como finalidad desalentar las actividades ilegales sobre el bosque nativo y resguardar los recursos forestales”, al tiempo que se busca “promover el desarrollo de actividades productivas dentro del marco legal vigente”.

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