Nacionales
El macrismo lanzó una colimba voluntaria y lo acusaron de impulsar el “voto bala”
El proyecto es de la ministra Bullrich. Habla de formación en valores democráticos y republicanos”. Pero cosechó rechazos. “Quieren adoctrinar a los chicos pobres”, dijeron. Y que “es un servicio militar encubierto”.
BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El gobierno de Mauricio Macri lanzó un proyecto de “colimba voluntaria” y cosechó rechazos en diferentes ámbitos, aunque sus propósitos apuntan a seducir al voto de derecha, según varios analistas políticos.
La idea que surgió del macrismo en plena campaña electoral, está orientada a los jóvenes de entre 16 y 20 años interesados en una formación con “valores democráticos y republicanos”.
El Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, a través de una resolución creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, una iniciativa similar a un viejo proyecto que Julio Cobos impulsó cuando era vicepresidente y que incluso llegó a tener media sanción del Senado.
La novedosa colimba estará dedicada a “brindar oportunidades de formación a los jóvenes a través de los valores democráticos y republicanos, que suponen compromiso cívico para que conozcan sus derechos y sus responsabilidades, sus capacidades y potencialidades personales”.
El Ministerio de Seguridad dispuso que esta formación esté a cargo de la Gendarmería Nacional, que ofrecerá su “infraestructura” y “recursos humanos” para pruebas piloto hasta fin de año.
Dichas pruebas piloto comenzarán en Campo de Mayo, Mercedes, Jesús María, Santiago del Estero, Bariloche y González Catán.
En los fundamentos, el Gobierno sostiene que el servicio también busca estimular “el sentido del deber, la capacitación en nuevas destrezas y habilidades, el compromiso con el bien común y el estímulo a capacitarse continuamente, como herramientas para fortalecer su propia valoración, como personas capaces de generar un impacto positivo en su comunidad”.
A poco de conocerse el proyecto, el fiscal Félix Crous dijo que “el lugar de transmisión de valores es la familia, no la Gendarmería. Es una decisión muy peligrosa”, agregó el ex titular de la Procuraduría de Violencia Institucional, que habló de “militarización de los niños”.
La titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, dijo que el Gobierno busca “adoctrinar a los chicos pobres. Esto es una extorsión: quieren adoctrinar por un plato de comida”, cuestionó la abogada, que agregó que el “eje fundamental de campaña del oficialismo es el voto bala”.
La ministra Bullrich salió al cruce de las críticas y rechazó que se trate de un “servicio militar encubierto”. Añadió: “Mi respuesta es que no lo es. Nosotros no queremos entrar en esas discusiones, porque son discusiones que parten de la idea de que hay un concepto equivocado”.
Y señaló que “Argentina tiene que dejar de lado los preconceptos, respetar sus instituciones y ese discurso atrasa, quiere dejar a las fuerzas de seguridad afuera de la democracia y eso es una gran injusticia”, dijo Bullrich.
Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, murieron este martes tras haber inhalado monóxido de carbono en una casa ubicada en la calle Sanabria del barrio porteño de Villa Devoto.
El trágico suceso se descubrió esta tarde, cuando un familiar de los fallecidos acudió a la vivienda y se topó con los cuerpos sin vida, para luego dar aviso al sistema de emergencias 911 de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una vez en el lugar, los agentes dieron con los cadáveres de un hombre de 75 años y su mujer de 43; como así también el de otro hombre de 43 y su esposa de 42; y el de la pequeña de 4, hija de la pareja más joven.
En la vivienda también encontraron un bebé que alcanzó a ser rescatado con vida y consciente. El niño fue trasladado de urgencia al hospital Zubizarreta, aunque posiblemente más tarde sea derivado al hospital de Niños o al Pedro Elizalde, ambos de Caba.
En un acto esta tarde en la sede del Cuerpo de Policía Montada, en el barrio porteño de Palermo, el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentaron el Departamento Federal de Investigación (DFI) que, con un logo casi idéntico al famoso FBI estadounidense, absorberá el 80% de las tareas de la Policía Federal (PFA) y se enfocará en el crimen organizado.
Según explicó el mismo presidente, se trata de una “reconversión profunda que transformará para siempre” a la fuerza federal, “replicando el espíritu” del legendario fundador del FBI norteamericano, J. Edgard Hoover.
El punto más controversial del Decreto 383/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, es la autorización a la PFA para realizar ciberpatrullajes y requisas sin orden judicial.
El Decreto establece un cambio profundo en el rol operativo de la fuerza de seguridad, que pasará a concentrarse en la investigación de delitos federales y complejos como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito.
Desde este martes, la PFA tiene la facultad de intervenir a partir de posteos de redes sociales y no necesitará la orden de un juez para hacerlo, e incluso puede utilizar la base de datos del Estado para ubicar a una persona.
“Hemos decidido reformar la PFA para reconvertirla en una fuerza dedicada a la investigación criminal y para eso creamos en DFI al interior de la PFA”, sostuvo Milei, en el acto de Palermo que compartió con Bullrich y otros funcionarios del gobierno, como Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cuneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), y el titular de Diputados, Martín Menem, entre otros.
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Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminaron en contra del pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque la resolución final continúa en manos del Tribunal Oral Federal Dos, cuyas autoridades podrían resolver la cuestión este mismo martes, un día antes del vencimiento del plazo otorgado a CFK para iniciar el cumplimiento de su condena a 6 años de cárcel.
En un dictamen de diez páginas, los fiscales alegaron que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria” y agregaron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
Además, consideraron que CFK no argumentó ningún motivo de salud como para no estar en prisión e indicaron que la cuestión de edad -72 años- no es una obligación, sino una posibilidad prevista en la ley.
Sobre este tema citaron como ejemplo el caso de Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de la Nación, quien cumple condena en prisión por la tragedia de Once y al cumplir 70 años pidió la prisión domiciliaria pero le fue rechazada.
A pesar de la opinión fiscal, la decisión final le corresponde a los magistrados TOF 2 y las fuentes que siguen de cerca el caso estiman que la cuestión podría resolver hoy, un día antes del plazo otorgado para que se presente a Comodoro Py, lo cual podría darse en medio de una gran marcha organizada por militantes peronistas y seguidores partidarios.
La ex presidenta ya avisó que acatará la orden judicial, aunque solicitó cumplir su pena con arresto domiciliario en su departamento en cale San José 1.111 del barrio porteño de Montserrat, donde todos los días es acompañada por un numeroso grupo de personas que se aglomera bajo su balcón desde el día de la confirmación de su condena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tanto Luciani como Mola fueron severamente señalados por CFK durante el transcurso de la causa Vialidad por sus vínculos con el ex presidente Mauricio Macri, relevando encuentros, visitas y hasta actividades recreacionales juntos en la quinta Los Abrojos.
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