Provinciales
Femicidio de Taty Piñeiro: Seis años sin Justicia
PUERTO ESPERANZA. Hace casi seis años que Itatí Piñeiro de 18 años fue hallada asesinada al costado de una escuela en construcción en Puerto Esperanza. A Taty la habían violado y ahorcado. Al día siguiente del hallazgo del cadáver, el entonces juez de la causa, Juan Pablo Fernández Rissi, ordenó la detención de Hernán Céspedes, compañero de colegio de la víctima. El sábado 21 de julio, fue trasladado a la Unidad Regional V de Iguazú, donde debería permanecer hasta el lunes, día en que sería llevado a indagatoria. Sin embargo, en la madrugada del domingo, apareció colgado en la celda de la comisaría de Puerto Iguazú.
El detenido antes de morir, le confesó a su madre en la celda de la Comisaría, que estaba siendo amenazado y golpeado por la Policía. La madre de Hernán declaró ante la Justicia que su hijo le dijo al oído, ‘mami, me están matando, la Policía demasiado quiere que yo diga que fui el que mató a Taty, me están cagando a palos, me ponen bolsas en la cara para asfixiarme, y me están amenazando mamita, creo que no voy a volverte a ver mamá’.
Un año después, en septiembre de 2013 el nuevo juez de la causa, Roberto Saldaña, ordenó que exhumaran los dos cuerpos- el de Taty y el de Hernán – para someterlos a nuevas pericias. Lo cierto es que Céspedes fue el único sospechoso investigado por el caso. Sin embargo, a pesar que para la Justicia misionera no hay dudas que Céspedes fue el femicida, para la familia de Piñeiro, el muchacho no actuó solo y “murió sin poder declarar”. Ambas familias llevan adelante marchas para exigir justicia por sus hijos.
Ahora, a días de que se cumpla un nuevo aniversario del femicidio de Taty Piñeiro, su madre Rosa González, organiza una jornada con el abogado actual de la causa para visibilizar el caso. El taller se realizará el próximo jueves 12 y viernes 13 en el museo Aníbal Cambas de Posadas. ‘Además de conmemorar también que se cumple un año más de su macabro asesinato y también hacerle saber, que decidí llevar a cabo un evento, jornada taller, junto con el doctor Matias Ochoteco, abogado actual de la causa el día 12 y 13 para visibilizar y profundizar en lo legal, y darle más fuerza’, indicó la madre de Taty. Por otro lado, González, expresó en una carta dirigida a los medios que; ‘aún no he tenido ninguna respuesta de parte de la Justicia. Por esto hago esta solicitud para que me ayuden a visibilizar la causa y que se expanda a cada rincón posible, para hacer pie también en otros hechos que pasaron y siguen pasando impunemente.’
La preocupación de autoridades y vecinos, frente al incremento del consumo de estupefacientes, impulsó la ordenanza que finalmente se aprobó por unanimidad este jueves en el Concejo Deliberante de Iguazú y crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos.
La norma que regirá durante un año, con posibilidad de prórroga, promete fortalecer las políticas municipales y los dispositivos de orientación, prevención y asistencia destinadas a niños, adolescentes, jóvenes y familias, a fin de articular de manera eficiente las derivaciones a los organismos sanitarios y asistenciales correspondientes.
La emergencia fue planteada contemplando que los consumos problemáticos no sólo afectan a quienes atraviesan el abuso de sustancias, sino que repercuten en las dinámicas familiares, los espacios públicos y las instituciones compartidas.
En ese contexto, propone un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino en la prevención, salud, educación, inclusión y el acompañamiento social.
El programa
La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos y establece acciones específicas mediante propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias como herramientas de prevención e inclusión.
Al mismo tiempo, los funcionarios de las áreas afines podrán intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.
De esta manera, aclaran que los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos y requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.
También está prevista la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas rojas, en las que resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.
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A varias semanas del conflicto territorial que afecta a 125 familias campesinas con intentos de desalojo, hostigamientos, situaciones de violencia y la detención de un colono el pasado martes, representantes del sector se reunieron con el intendente de San Pedro, Miguel Ángel Dos Santos, para solicitar una mesa de diálogo con autoridades del gobierno provincial, la Dirección de Tierras y la empresa Arauco.
El encuentro se concretó este miércoles y contó con la presencia de cinco campesinos adheridos a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, en representación de quienes residen en los barrios Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco de esa localidad.
Según consta el acta de reunión, los presentes plantearon al alcalde Dos Santos “gestionar ante las autoridades provinciales y de Arauco una mesa de trabajo para tratar la problemática de las tierras de esas colonias donde se encuentran afectadas aproximadamente 700 personas”.
Seguidamente, ampliaron la solicitud y consideraron que la mesa de diálogo “debería darse también con las autoridades de la Dirección de Tierras de la provincia, la parte municipal y las autoridades de Arauco”, por lo que continúan a la espera de una pronta respuesta.
Mientras que los intentos de desalojo en distintos puntos llevan varias semanas, el conflicto se intensificó este martes, cuando efectivos policiales interceptaron y detuvieron al colono Ángel Rivero, quien finalmente fue liberado el miércoles a las 20.
Como medida de fuerza, integrantes de las familias afectadas decidieron iniciar un acampe frente a la Municipalidad de San Pedro, con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía a fin de visibilizar el reclamo.
Detienen a campesino por conflicto territorial con Arauco en San Pedro
Vecinos de San Pedro denunciaron públicamente la detención del colono Ángel Rivero, quien se encontraba trabajando en su chacra cuando fue interceptado por efectivos de la Policía de Misiones tras una denuncia por presunta usurpación de tierras.
El hecho ocurrió ayer en horas de la tarde y fue visibilizado por el grupo de activistas Rebelión o Extinción Misiones, desde donde apuntaron contra la empresa forestal Arauco, en el marco de un conflicto que afectaría a un total de 125 familias campesinas, quienes sufrieron desalojos en las últimas semanas.
“Desalojaron violentamente a las familias, quemaron sus casas y mataron a sus animales, todo el accionar es con complicidad de la Policía de San Pedro la cual responde a Arauco”, expusieron a través de la cuenta Xr Misiones.
Y añadieron: “Arauco busca apropiarse de las tierras campesinas para avanzar con la expansión de los monocultivos de pinos los cuales rodean a las chacras de las familias”.
Tras la detención de Rivero, las familias procedieron al corte de la ruta aledaña en protesta contra la empresa y exigieron “que se respete el territorio”.
Al mismo tiempo, responsabilizaron del hecho al intendente Manuel Dos Santos y pidieron colaboración a la comunidad para liberar al vecino, mientras organizan acampe frente a la Municipalidad de San Pedro con apoyo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Multisectorial por la Soberanía.
Los desalojos ocurrieron en las últimas semanas, cuando colonos y familias de Puerto Argentino 1, 2 y 3 y San Juan Bosco, visibilizaron por diferentes medios el conflicto por la tierra que incluyó “episodios de violencia” y “hostigamiento”.
El desenlace se produjo previo al debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Congreso de la Nación.
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