Un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación revela que, tras la protesta policial iniciada esta madrugada en Posadas, se conformó un comité de crisis que será encabezado por Patricia Bullrich y el gobernador Hugo Passalacqua, quienes ahora tendrán a su disposición todas las fuerzas federales para intervenir en el conflicto con el objetivo de “restaurar la seguridad interior” en la tierra colorada.

En la resolución argumentan que fue el gobierno misionero, a través del ministro Marcelo Pérez, el que acudió a Nación con el objetivo de conformar un comité de crisis para disponer de los recursos necesarios para intervenir en el conflicto y diagramar estrategias de acción.

“En tal sentido, y atento a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SEGURIDAD, resulta oportuno y conveniente convocar al COMITÉ DE CRISIS, a fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención y control del orden urbano para el ejido de la PROVINCIA DE MISIONES”, fundamentan desde la cartera que dirige Bullrich.

De esta manera, resolvieron el armado del mencionado comité de crisis, el cual será presidido por la propia Bullrich y copresidido por el gobernador Passalacqua, al tiempo que estará integrado por los titulares de todas las fuerzas federales, es decir: Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía Federal Argentina (PFA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Una decena de móviles policiales ya son parte de la protesta que lleva más de 18 horas activa.

Según lo dictaminado, ambas autoridades serán quienes “ordenarán la iniciación, suspensión y conclusión de la aplicación de la fuerza y dispondrán la graduación de su intensidad”. También “podrán convocar a todos los funcionarios y organismos que consideren necesarios para el mejor cumplimiento del plan dispuesto”.

La resolución, a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso, además dispone que “la comunicación pública de las acciones, planes y resultados que surjan como producto de las operaciones de seguridad interior llevadas a cabo por el COMITÉ DE CRISIS serán brindados de manera unificada y oficial por el MINISTERIO DE SEGURIDAD y la Gobernación de la PROVINCIA DE MISIONES”.

La medida entró en vigencia a partir de la firma de la resolución y se mantendrá activa hasta “se restablezca la seguridad en la provincia”.

“Hasta las últimas consecuencias”

Mientras tanto, frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas, ubicado sobre la avenida Uruguay, la protesta continúa y conforme al paso de las horas suma participantes, incluido quienes llegan desde otros puntos de la provincia y ya avisaron que no piensan abandonar la medida de fuerza.

“Nuestro reclamo es netamente salarial. Acá no pedimos la cabeza de nadie. No tenemos intereses políticos, solo queremos sueldos dignos y por eso vamos a continuar acá hasta las últimas consecuencias. Esto se va a terminar cuando el gobierno vuelva a dialogar con nosotros”, expresó ante la masa el policía retirado y referente de la mesa diálogo Ramón Amarilla.

El policía retirado Ramón Amarilla es uno de los representantes de la mesa de diálogo.

El vocero de los uniformados en protesta además sostuvo que el Comando no está tomado, sino que continúa prestando servicio con normalidad. El tránsito sobre la avenida Uruguay, en tanto, continúa interrumpido, con cubiertas desparramadas por la acera y al menos 10 móviles policiales que activan sirenas para celebrar la llegada de más y más camaradas.

En las veredas lindantes, por su parte, cada vez hay más gazebos y carpas de manifestantes que se preparan para pasar la noche frente a la dependencia policial. Todo eso sucede en medio de una tensa calma cuyo pulso se mide a partir de las diferentes versiones que corren respecto al posible accionar de fuerzas federales para cumplir con la orden de desalojo dispuesta por el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, a cargo del magistrado Ricardo Balor.

Desde el gobierno, en tanto, hicieron trascender que el lunes se anunciarán aumentos para toda la administración pública, lo cual alcanza a docentes, médicos, policías y penitenciarios, aunque no precisaron porcentajes.

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Las autoridades judiciales en turno en Posadas se presentaron este mediodía en la protesta policial que se desarrolla frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay y tras una breve reunión con referentes policiales acordaron intermediar con el gobierno antes de librar la orden de desalojo.

“Charlamos con el doctor, él nos conoce. Vino a interiorizarse de la situación. Nos comentó que tiene la orden de desalojo sobre su despacho pero que aún no la firmó. Nosotros le respondimos que agotamos todas las vías posibles pero nos cortaron el diálogo y solo recibimos represalias o traslados. Nos respondió que va a tratar de mediar con el ministro de Gobierno para que esto se resuelva de la mejor manera posible”, refirió el policía retirado Ramón Amarilla respecto a la conversación mantenida con el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis.

En el lugar también estuvo presente el fiscal René Casals, quien junto al juez Balor y a los referentes de la mesa de diálogo policial se reunieron en una oficina contigua a la dependencia policial ubicada sobre avenida Uruguay y calle Félix Bogado.

“Al doctor también le comentamos que el comando no está tomado. La dependencia policial está prestando servicios normalmente. Queremos llevar esa tranquilidad también al pueblo posadeño”, añadió Amarilla.

Luego de la reunión con las autoridades judiciales, el policía retirado y referente de la mesa de diálogo policial se pronunció ante los manifestantes que cortan el tránsito sobre la avenida Uruguay para poner en conocimiento de todos los ítems de la charla, donde alentó a continuar con la medida de fuerza y “resistir” en caso de que se concrete el desalojo.

La protesta frente al Comando Radioeléctrico I comenzó esta madrugada.

Protesta y orden desalojo

La protesta frente al Comando comenzó esta madrugada, cerca de las 3, cuando los primeros grupos en protesta llegaron hasta la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay y calle Félix Bogado. La medida fue decidida tras tres días de acampe frente a la Jefatura.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la Justicia recibió una denuncia por la usurpación de la dependencia policial y otros delitos considerados en flagrancia, entre los cuales podrían incluirse “daños”, “alteración del servicio de comunicaciones y transporte”, “incendio” e “intimidación pública”.

La denuncia radicada apuntó contra retirados y agentes activos de la fuerza provincial quienes además de pasar a la acción en horas de la madrugada a través de redes sociales realizaron convocatorias a nombre de jefes de unidad que apuntaban a “parar la Policía” como completo.

“Independiente del corte del tránsito y de la usurpación de la dependencia policial, acá cubiertas prendidos fuego. Eso también representa un riesgo de incendio de arsenal que se guarda en el lugar”, alertó una fuente consultada por este medio.

En este contexto, la Justicia ya dispuso medidas concretas: el desalojo de la protesta, la liberación del tránsito sobre la avenida Uruguay y el recupero de los móviles que fueron tomados por manifestantes policiales.

Las fuentes explicaron que para llevar adelante la medida se podría utilizar un grupo especial de la propia institución o bien podría intervenir una fuerza federal.

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El Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, ordenó el desalojo de la protesta policial iniciada esta madrugada frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas y liberar el tránsito sobre la avenida Uruguay, medida para la cual se podría dar intervención a un grupo especial de la propia institución o bien solicitar colaboración de una fuerza federal.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la Justicia recibió una denuncia por la usurpación de la dependencia policial y otros delitos considerados en flagrancia, entre los cuales podrían incluirse “daños”, “alteración del servicio de comunicaciones y transporte”, “incendio” e “intimidación pública”.

La denuncia radicada apuntó contra retirados y agentes activos de la fuerza provincial quienes, además de pasar a la acción en horas de la madrugada, a través de redes sociales realizaron convocatorias a nombre de jefes de unidad que apuntaban a “parar la Policía” como completo.

“Independiente del corte del tránsito y de la usurpación de la dependencia policial, acá hay fuego cerca. Eso también representa un riesgo de incendio del arsenal que se guarda en el lugar”, alertó una fuente consultada por este medio.

En este contexto, la Justicia ya dispuso medidas concretas: el desalojo de la protesta, la liberación del tránsito sobre la avenida Uruguay y el recupero de los móviles que fueron tomados por manifestantes policiales.

Las fuentes explicaron que, para llevar adelante la medida, se podría utilizar un grupo especial de la propia institución o bien podría intervenir una fuerza federal.

Toma y corte de tránsito

La toma del Comando comenzó esta madrugada, cerca de las 3, cuando los primeros grupos en protesta llegaron hasta la dependencia policial ubicada sobre la avenida Uruguay y calle Félix Bogado. La medida fue decidida tras tres días de acampe frente a la Jefatura.

“Nosotros ya hemos hecho los pedidos por las vías correspondientes, notas, escritos, pero nos cerraron la discusión salarial e incluso tomaron medidas represalias para policías y penitenciarios que participaron de la medida. La situación ya no da para más. Pedimos una mejora salarial. En estos últimos cinco meses nuestro sueldo se depreció un 50%, ni siquiera con un aumento de 100% podemos recuperar lo perdido. Lo que pedimos es sencillo, solicitamos que un agente policial pueda atender la canasta básica. Es razonable, no es un descabellado”, expresó Germán Palaveccino, uno de los referentes de la mesa diálogo policial, en diálogo con La Voz de Misiones esta mañana.

“Con más represalias no se va a resolver el conflicto. Quisiéramos que se revean esas medidas ordenadas. Confiamos en la cordura. Es un reclamo de subsistencia”, planteó Palaveccino tras conocer la decisión tomada por la Justicia.

“Queremos que se reanude el diálogo para que se destrabe el asunto”, añadió.

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