La Dirección de Asuntos Guaraníes, junto al Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, realizó un pedido de informes a la Justicia por el desalojo de siete familias de la comunidad mbya guaraní Puente Quemado II, registrado el martes pasado en la localidad de Garuhapé.

El procedimiento se realizó luego de que el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, emitiera una orden a partir de una denuncia realizada por el empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclamó la restitución de los lotes del 71 al 78 de la facción Cañafístola.

Dicha medida fue apelada por la defensa de la comunidad y suspendida el 17 de julio pasado al considerar que se trata de un territorio ancestral, relevado en el marco de la Ley Nacional 26.160, motivo por el cual, la concreción del desalojo fue repudiada por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

En este contexto, la Dirección de Asuntos Guaraníes y el Ministerio de Derechos Humanos emitieron un comunicado en el que confirmaron que han tomado conocimiento de la ejecución de la medida judicial “sobre el inmueble de propiedad privada vinculado a la comunidad”.

Al mismo tiempo, aseguraron que no fueron comunicados con antelación sobre el accionar: “Tanto este Ministerio como la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes no fueron notificados previamente sobre dicho procedimiento, por lo que se ha solicitado a las autoridades judiciales el informe correspondiente, a fin de conocer el alcance de la medida adoptada”.

Finalmente, se comprometieron a tomar medidas: “En caso de verificarse situaciones que pudieran afectar derechos de la comunidad mbya guaraní, se evaluarán y promoverán las acciones institucionales que correspondan para su resguardo, en el marco de las competencias legales vigentes y con pleno respeto a las decisiones del Poder Judicial”.

“El Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, continuará acompañando las instancias de diálogo y las gestiones necesarias para contribuir a una solución pacífica del conflicto, en resguardo de los derechos de las comunidades mbya guaraní, y en estricto respeto de las decisiones judiciales y de la legislación vigente”, concluyeron.

Repudio

Según relató el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, el pasado martes 28 de julio en horas de la mañana, unos 50 efectivos policiales arribaron a la mencionada comunidad y procedieron al desalojo del predio en el que hasta ese momento convivían siete familias.

También recordó que el territorio había sido relevado en el marco de la Ley 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), y reconocido por la Resolución 514/2015.

Dicho reconocimiento se inscribe en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantiza a los pueblos indígenas la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente habitan.

También en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga al Estado a proteger esos territorios y garantizar la consulta previa ante medidas que puedan afectarlos.

Sin embargo, la orden de desalojo fue ejecutada mientras la disputa por la titularidad definitiva del territorio todavía permanece pendiente, frente a lo cual la defensa de la comunidad, acompañada por Emipa, había presentado recursos y cuestionó la legalidad de distintas actuaciones del expediente.

Ejecutan nuevo desalojo de comunidad mbya Puente Quemado II

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César Ortiz, referente del Sindicato de Tareferos de Jardín América (Sitaja), será uno de los representantes de los trabajadores de la yerba mate que participará de la reunión convocada con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y el obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez.

El encuentro se realizará este jueves 30 de julio y contará con la participación de referentes de tareferos, asociaciones de productores y cooperativas yerbateras. La reunión con el obispo está prevista para las 9 horas, mientras que a las 11 se reunirán con el mandatario provincial para solicitar el tratamiento y la sanción de una Ley de Emergencia Yerbatera.

Los distintos sectores expondrán la crítica situación económica que atraviesan como consecuencia de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, buscarán el respaldo institucional tanto de la Iglesia como del Ejecutivo provincial para avanzar con medidas que permitan visibilizar la crisis y encontrar soluciones para el sector.

“Desde la asociación vamos a presentar un documento para pedir la emergencia yerbatera, que contemple al pequeño molino, al pequeño productor y principalmente a los tareferos”, señaló Ortiz.

El dirigente explicó que el reclamo apunta a recuperar parte del equilibrio perdido tras la implementación del Decreto 70/23 del presidente Javier Milei, que eliminó facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) y dejó sin efecto la posibilidad de establecer un precio base para la hoja verde.

Subsidios y asistencia alimentaria

Ortiz sostuvo que una de las propuestas es la implementación de algún tipo de subsidio o asistencia para los pequeños productores y los trabajadores rurales.

“Estamos pidiendo alguna ayuda para el pequeño productor y para el tarefero, incluso una emergencia alimentaria. Hay familias que hoy no llegan a cubrir sus necesidades básicas”, afirmó.

Según explicó, muchos tareferos perciben entre 20.000 y 25.000 pesos por día, aunque el ingreso depende de la cantidad de kilos cosechados. El valor actual de la tarea ronda los 50.000 pesos por tonelada, por lo que un trabajador que logra cosechar 600 kilos obtiene alrededor de 30.000 pesos por jornada.

“La mayoría sale de su casa a las 4.30 o 5 de la mañana y vuelve cerca de las 8 de la noche. Es un trabajo muy sacrificado”, remarcó.

Precarización laboral

El referente de Sitaja también advirtió sobre el deterioro de las condiciones laborales en la actividad. Recordó que años atrás existían mayores controles sobre el transporte y la registración de los trabajadores rurales, pero aseguró que actualmente “nadie fiscaliza ni controla”.

“Hoy se volvió a una situación muy precaria. No ocurre solo en la yerba mate, también pasa en otras producciones y en la forestación”, cuestionó.

El sindicato cuenta con algo más de 3.000 afiliados en toda la provincia, concentrados principalmente en Jardín América, seguido por Montecarlo, además de trabajadores de Comandante Andresito, San Pedro y Aristóbulo del Valle.

La expectativa del sector está puesta en que las reuniones de este jueves permitan abrir una instancia de diálogo y obtener respuestas concretas para una actividad que atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años.

Yerba mate: participación del productor en precio en góndola cayó 12%

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Tras la suspensión de una orden de desalojo emitida por el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América el pasado 17 de julio, esta mañana efectivos policiales arribaron al predio de la comunidad mbya Puente Quemado II en Garuhapé, para ejecutar la medida que desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) calificaron como “irregular”. 

Al respecto, la abogada Roxana Rivas advirtió que “quieren ejecutar la orden de desalojo que habían dictado la otra vez y fue apelada por nuestra parte el 17 de julio. Con la interposición de la apelación se suspende el acto apelado, es decir el desalojo. El juez tiene que desprenderse de la competencia y elevarlo a la Cámara de Casación”.

De esta manera, el proceso de recuperación territorial por parte de Puente Quemado II sumó un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el juez Roberto Sena, del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, dictó una orden de desalojo a pedido del empresario forestal Alfredo Ruff, quien reclama la restitución de los lotes 71 y 78 mediante una medida cautelar por presunta usurpación.

En respuesta, la comunidad presentó una apelación contra esta resolución judicial, argumentando “múltiples irregularidades procesales y constitucionales que pasaban por encima los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas”, por lo que la orden quedó suspendida.

“No estamos frente a un error interpretativo ni ante una mera discrepancia valorativa respecto de la prueba producida. Estamos frente a la omisión total del bloque constitucional y convencional de protección de los Pueblos Indígenas”, consideró la defensa.

Según la apelación, el juez decidió ignorar que el territorio se encuentra relevado en el marco de la Ley 26.160, un reconocimiento oficial de la ocupación tradicional de la Comunidad.

Además, la resolución sostiene que Puente Quemado II no acreditó su personería jurídica, pese a que esa documentación había sido incorporada oportunamente al expediente. Para la defensa, esto demuestra que el fallo omitió pruebas fundamentales.

El recurso también cuestiona que una medida cautelar haya terminado produciendo, en los hechos, un desalojo. Aunque no existe una sentencia definitiva sobre el conflicto territorial, la Comunidad continúa impedida de ingresar al lugar donde vivía  y desarrollaba su vida cultural y espiritual, tras lo ocurrido en mayo último, cuando efectivos ingresaron al territorio con el argumento de realizar notificaciones en una causa por presunta usurpación. 

Comunidad mbya regresó al predio del que fue desalojada en Garuhapé

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