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Cura violó y embarazó a joven de 14 años y afirmó “el amor no tiene edad”

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La víctima era abusada desde los 10 años. Una vez que se conoció el caso, el religioso se excusó diciendo que era una “relación consentida”.

COLOMBIA. “Las circunstancias se dieron para que ella y yo tuviéramos una relación, y sucedió”, aseguró Nelson Williams Montes Lizarazo, exsacerdote de la diócesis de Bogotá – Colombia, quien fue denunciado por una adolescente de abusar sexualmente de ella entre diciembre de 1999 (cuando tenía 10 años) hasta 2003, cuando quedó embarazada.

“Siempre hubo una relación de amor con Paola (nombre ficticio), pero preferimos esperar a que cumpliera los 14 años para formalizarlo”, expresó el pedófilo.

Por su parte, la joven -hoy tiene 30 años- contó a Radio Caracol que “cuando yo tenía 10 años tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones”.

Luego, el sacerdote viajó para terminar su seminario y volvió tres años después. Allí “apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él era un enviado de Dios”, contó Paola.

Y agregó: “Días después me obligó a acompañarlo al Seminario Mayor de Bogotá. Estaba a punto de ordenarse. Dijo que yo era su sobrina. Me llevó a su habitación y volvió a violarme”.

La chica se embarazó en el 2003 y relató algo inusual: “Tuve a mi hijo a los 15 años y él registró al nene con su apellido. Pero siguió oficiando como cura como si nada hubiera pasado. Después de unos días, dejó de aparecer y nunca respondió a mis llamados. En el 2007, ya no lo ví más”.

La mujer lo denunció en la Policía y el Arzobispado e incluso la madre de Paola escribió una carta al cardenal en el 2008 contándole lo que sucedía, pero no obtuvo respuesta.

Dos años después, el padre Nelson William Montes Lizarazo fue transferido a Venezuela, como suele suceder para que no se hable más del caso. Allí, ejerció hasta el 2017 como sacerdote con “Licencia Pastoral en la Diócesis de San Carlos, Venezuela”.

Y el año pasado, Paola lo denunció ante la Justicia siendo rechazado el caso por la fiscal justificando que había prescripto y Paola decidió seguir con su vida. Sin embargo, fue intimidada para que no demandara a la Arquidiócesis de Bogotá y a cambio se procedió a expulsar al sacerdote pedófilo de la Iglesia Católica.

Esto no pasó desapercibido, el caso salió a la luz y los medios colombianos lo hicieron público. Ante estas repercusiones, el sacerdote pedófilo aseguró que tuvo una relación con la menor, con el consentimiento de sus padres y de sus hermanos, sabiendo que era algo ilegal tomando en cuenta que cuando comenzó todo la víctima tenía 10 años.

“Si se pone uno a ver estadísticas se va a dar cuenta de que hay muchas relaciones consentidas por la familia”, manifestó el cura y sostuvo que no tuvo relaciones con la menor hasta que cumplió 14 años: “Yo vi la oportunidad de manifestar mis sentimientos, que fueron aceptados por la familia de la chica”.

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Pidieron 21 años de prisión para el represor Carlos Carvallo

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La querella solicitó la pena más alta para el locutor de radio acusado de haber sido torturador durante la dictadura. La fiscalía pidió 11 años.

 

 

Este miércoles se realizó, en Paraná, de manera remota la audiencia de alegatos en la causa por delitos de lesa humanidad que tiene como imputado al expolicía Carlos Carvallo, quien fuera locutor de la radio FM >Show de Posadas.

Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra un militante político durante la última dictadura cívico militar

Las partes querellantes pidieron que los delitos cometidos por Carvallo sean tenidos como crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio, en el juicio que presidió el juez federal Pablo Seró.

Además dieron por probado que el imputado, que se desempeñaba en la división Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, formó parte del grupo de tareas que privó ilegalmente de la libertad dos veces al denunciante Manuel  Ramat.

La víctima fue sometido a torturas y amenazas, además de ser mantenido en condiciones inhumanas de detención en el centro clandestino de detención conocido como El Brete.

Por esas razones, pidieron que se condene a Carlos Carvallo a la pena de 21 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cualquier función pública, por ser coautor penalmente responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos.

A su turno, el fiscal García Escalada pidió una pena de 11 años de prisión, luego también de dar por probados los hechos. La defensora particular pidió la absolución del represor. Ahora el expediente pasó a la instancia del dictado de sentencia.

La decisión el magistrado se conocerá en fecha a confirmar, según quedó establecido al finalizar la audiencia que se realizó de modo remoto, a través de una plataforma gratuita de videoconferencia, y se extendió durante dos horas.

El juez Seró explicó que esta instancia, que en principio se iba a realizar en marzo, se debió postergar por la gran cantidad de causas que tiene su juzgado, además de las restricciones de la pandemia.

Participación remota

El diario UNO de Entre Ríos consignó que estuvieron conectados el fiscal Carlos García Escalada; Marcelo Boeykens y Sofía Uranga por la querella de H.I.J.O.S.; Lucía Tejera por querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la defensora Corina Beisel.

También estuvo presente Manuel Ramat, la única víctima de este proceso, quien pudo identificar al expolicía Carvallo como el autor de su secuestro y de las torturas que sufrió en la vieja Comisaría de El Brete, en las afueras de Paraná.

La causa es un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito –por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal–.

Sin embargo a pedido de la querella los alegatos fueron orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias. La audiencia fue retransmitida por la página de Facebook de la asociación H.I.J.O.S.

El acusado

Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura. Fue buscado por las fuerzas de seguridad nacionales y por Interpol, hasta que finalmente lo encontraron en 2018, recluido en la vivienda de su hermana en Posadas.

En los años de la dictadura, el represor era un policía joven, perteneciente a la Dirección de Investigaciones. Posteriormente comenzó a trabajar como locutor de radio en Misiones y llegó a ser muy conocido en esa provincia. En 1998, la Liga de Madres de Familia le entregó el premio Santa Clara de Asís.

En noviembre de 2014 el juez Leandro Ríos ordenó su captura, luego de que Manuel Ramat, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y exdetenido político que estuvo secuestrado en la Comisaría de El Brete, lo identificara como la persona que lo secuestró.

 

 

 

 

 

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Comienzan los alegatos del juicio al represor Carlos Carvallo, en Paraná

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El expolicía, agente del batallón 601 del Ejército y locutor de FM Show de Posadas, está acusado de privación ilegítima de la libertad y torturas durante la última dictadura.

 

 

El juicio que se sigue en Paraná, Entre Ríos, al expolicía, agente del batallón 601 del Ejército y locutor de FM Show de Posadas, Carlos Carvallo, por el secuestro de un militante, entrará este miércoles en etapa de alegatos.
Carvallo está acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos contra el militante Manuel Ramat, quien fue secuestrado en 1976 (primero estuvo en la Jefatura de Policía en Paraná y luego en el centro clandestino de detención “El Brete”) y reconoció al expolicía como su captor.
Este proceso se trata de un desprendimiento de la megacausa Área Paraná y por lo tanto su proceso se desarrolló por escrito -por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal-.
Sin embargo, a pedido de la querella, los alegatos serán orales y en forma pública, aunque de modo remoto por la vigencia de las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Carvallo estuvo prófugo de la Justicia durante cuatro años, luego de que la Justicia Federal de Paraná pidiera su captura nacional e internacional, y en 2018 fue capturado en Posadas, donde vivía recluido en la casa de una hermana.

Postergación

Los alegatos en la causa contra Carvallo estaban previstos para el pasado 25 de septiembre, pero fueron postergados a último momento para este miércoles por disposición del juez federal encargado de dictar sentencia, Pablo Seró.
La decisión se adoptó en línea con las partes que se manifestaron disconformes porque solamente tenían 10 minutos para exponer cada una, en una audiencia que se iba a realizar de modo remoto como consecuencia de la pandemia.
Según trascendió, el magistrado había otorgado tan escaso tiempo para alegar porque la audiencia se iba a realizar mediante la versión gratuita de la plataforma zoom, que apenas acepta reuniones de 40 minutos.
Ante esto se presentaron las partes acusatorias, quejándose por la imposibilidad de explayarse en una causa por delitos tan graves como son los de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

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La mamá que apuñaló y abandonó su beba declaró, pero no recuerda nada

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El 7 de septiembre en la Costanera Oeste de Posadas, un profesor de gimnasia en medio de sus ejercicios de rutina encontró a una bebé recien nacida, llorando y gravemente lesionada. Ocurrió entre puentes de la avenida Chacabuco y Blas Parera, a metros del arroyo Mártires.

A las pocas horas la mamá de la beba fue apresada, estuvo internada por complicaciones médicas y ahora finalmente pudo declarar ante el juez de instrucción, Marcelo Cardozo.

La progenitora fue fue notificada e imputada formalmente por el delito tentativa de homicidio. La joven aceptó declarar, pero dijo que no recuerda nada, relató cuestiones de su vida antes del episodio y expresó incoherencias, sin relevancia para el caso.

Ante dicha declaración el juez, ante el reclamo por su familia y su defensa, ordenó una pericia psicológica para determinar si la mujer es consciente de su actos,  Según su abogado Manuel Rondón sufrió una “psicosis posparto” por ende no fueron voluntarios sus actos.

 

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