Se trata de Adri\u00e1n Nu\u00f1ez, quien percibe mensualmente m\u00e1s 650 mil pesos por parte del Estado. Un decreto del intendente Losada lo faculta cobrar honorarios y gastos judiciales antes de que el contribuyente pueda ingresar a una moratoria.<\/p>\n
El cobro de la tasa por el uso del suelo a la empresa prestataria del\u00a0 servicio de agua potable de la ciudad de Posadas, SAMSA, dej\u00f3 al descubierto el funcionamiento hasta entonces invisible del abogado Adri\u00e1n Nu\u00f1ez, quien no se desempe\u00f1a como funcionario municipal, sino que la comuna lo contrata como apoderado en temas tributarios, teniendo a su cargo la ejecuci\u00f3n de deudas al municipio.<\/p>\n
Adem\u00e1s de percibir mensualmente 650 mil pesos por parte de la Municipalidad, Nu\u00f1ez fue dotado de superpoderes. Seg\u00fan se desprende del Decreto N\u00ba 881 firmado por el intendente Joaqu\u00edn Losada, en el art\u00edculo 14 se indica que “es condici\u00f3n previa para acceder al pago de la moratoria el pago de los honorarios de los abogados del Municipio y gastos judiciales”.<\/p>\n
De esta manera, el contribuyente que quiera regularizar su situaci\u00f3n tributaria ante la Municipalidad debe previamente “cerrar un acuerdo con Nu\u00f1ez”. El problema se suscita porque el Decreto no fija el porcentaje en concepto de multa, quedando dicha determinaci\u00f3n en mano de Nu\u00f1ez, de quien se sospecha, buscar\u00eda establecer continuamente el mayor monto posible y, desde ese n\u00famero final de deuda, “hablar de sus honorarios” para finalmente poder tributar al municipio.<\/p>\n
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