La Justicia brasile\u00f1a acept\u00f3 este martes a tr\u00e1mite una nueva denuncia penal por corrupci\u00f3n y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n en otro caso por los mismos delitos. Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condici\u00f3n de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibi\u00f3 de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.<\/p>\n
Seg\u00fan Infobae, en el proceso que fue aceptado a tr\u00e1mite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Moro tambi\u00e9n acept\u00f3 la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.<\/p>\n
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; L\u00e9o Pinheiro, ex presidente de OAS; Jos\u00e9 Carlos Bumlai, empresario muy pr\u00f3ximo a Lula y que supuestamente intermedi\u00f3 las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa. En su sentencia, el juez aleg\u00f3 que “no hay ning\u00fan registro de que Lula haya costeado las reformas”, en tanto que los “elementos probatorios permiten concluir” que empresas beneficiadas por los desv\u00edos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco esc\u00e1ndalo por los desv\u00edos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.<\/p>\n
Es m\u00e1s, para la Fiscal\u00eda, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada pol\u00edtica, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusaci\u00f3n, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un mill\u00f3n de reales (unos 312.500 d\u00f3lares). Las constructoras realizaron mejor\u00edas en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un dep\u00f3sito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de f\u00fatbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad est\u00e1 a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscal\u00eda considera como testaferros del ex presidente. Asimismo, la Fiscal\u00eda asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.<\/p>\n
La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscal\u00eda sabe desde hace varios meses “que la casa de campo frecuentada por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneci\u00f3”. Los fiscales, agrega la defensa, “tambi\u00e9n saben que Lula nunca le pidi\u00f3 a nadie ni autoriz\u00f3 a nadie a realizar obras en el inmueble”.<\/p>\n
Se trata de otra etapa de la farsa judicial movida por la Lava Jato (como es conocida la investigaci\u00f3n por el gigantesco esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n en la petrolera estatal Petrobras) contra el expresidente”,<\/p><\/blockquote>\n
afirm\u00f3 m\u00e1s tarde la asesor\u00eda de prensa de Lula en una nota publicada en la cuenta en Facebook del ex jefe de Estado.<\/p>\n
En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales tambi\u00e9n de OAS. Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y v\u00edctima de una “persecuci\u00f3n pol\u00edtica y judicial” que tendr\u00eda como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerci\u00f3 entre 2003 y 2011.<\/p>\n
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedir\u00edan postular para cualquier cargo p\u00fablico.<\/p>\n
Fuente: Infobae<\/p>\n