El Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) hizo p\u00fablica este mi\u00e9rcoles una acusaci\u00f3n contra el Estado paraguayo por la violaci\u00f3n de los derechos y territorios ancestrales de la comunidad ind\u00edgena ava guaran\u00ed de Campo Agua\u2019\u1ebd, en el departamento de Canindey\u00fa, fronterizo con Brasil.<\/p>\n
Ubicada en una de las zonas de mayor expansi\u00f3n del agronegocio, Campo Agua\u2019\u1ebd es una isla en medio de interminables cultivos de soja transg\u00e9nica, fumigados con poderosos qu\u00edmicos agr\u00edcolas, algunos de los cuales figuran entre la denominada \u201cdocena sucia\u201d, propiedad de dos hacendados de origen brasile\u00f1o.<\/p>\n
Los ind\u00edgenas llevaban denunciando esta situaci\u00f3n hace 12 a\u00f1os, cuando empezaron a ver diezmados sus animales,\u00a0 sus propios cultivos, y sus pr\u00e1cticas tradicionales.<\/p>\n
En octubre<\/a> de 2009, presentaron el caso a la Unidad Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente, del Ministerio P\u00fablico, pero la causa nunca avanz\u00f3, pese a que la fiscal\u00eda consider\u00f3 probado el hecho punible de contaminaci\u00f3n, y que incluso los mismos sojeros brasile\u00f1os reconocieron. Ambos fueron sobrese\u00eddos, finalmente, en septiembre de 2013.<\/p>\n Entonces, con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), y la organizaci\u00f3n Base Investigaciones Sociales (Base IS), la comunidad present\u00f3 el caso ante el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que este mi\u00e9rcoles dio a conocer sus conclusiones.<\/p>\n El organismo multilateral concluy\u00f3 que Paraguay “viol\u00f3 los derechos de una comunidad ind\u00edgena a sus tierras tradicionales y a su entendimiento de domicilio, debido a la falta de prevenci\u00f3n y control de la contaminaci\u00f3n t\u00f3xica de sus tierras causada por el uso intensivo de plaguicidas por empresas agr\u00edcolas vecinas”.<\/p>\n \u201cEl Comit\u00e9 declar\u00f3 al Estado paraguayo responsable de violaciones de sus obligaciones asumidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. Determin\u00f3 que las fumigaciones indiscriminadas menoscabaron la diversidad biol\u00f3gica del territorio ind\u00edgena, destruyendo los recursos naturales que no solamente son la fuente de subsistencia alimentaria sino tambi\u00e9n de pr\u00e1cticas culturales ancestrales asociadas a la caza, pesca, recolecci\u00f3n en el bosque y agroecolog\u00eda del pueblo guaran\u00ed\u201d, se\u00f1al\u00f3 Codehupy en su sitio<\/a> web.<\/p>\n \u201cEl Estado, a 12 a\u00f1os de la denuncia, no tom\u00f3 medida alguna para proteger los derechos de la comunidad a preservar su h\u00e1bitat y a mantener su propia vida cultural\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n Las fumigaciones de cultivos en Paraguay se ha vuelto un verdadero problema ambiental y sanitario desde la espectacular expansi\u00f3n de la agricultura extensiva, basada casi exclusivamente en el monocultivo de soja gen\u00e9ticamente modificada.<\/p>\n En febrero pasado, la campa\u00f1a \u201cNo fumiguen la educaci\u00f3n, Anive Pefumiga Escuela\u201d, impulsada por la Coordinadora de Mujeres Rurales e Ind\u00edgenas (Conamuri), denunciaba que en el pa\u00eds hay 99 escuelas rurales expuestas directamente a la fumigaci\u00f3n con agroqu\u00edmicos.<\/p>\nSoja y despu\u00e9s<\/h2>\n