El Senado paraguayo aprob\u00f3 este jueves modificaciones en la legislaci\u00f3n penal, endureciendo las penas de prisi\u00f3n en episodios relacionados con ocupaciones en las zonas rurales, en un momento en que las invasiones de inmuebles se multiplican en el interior del pa\u00eds por organizaciones campesinas e ind\u00edgenas.<\/p>\n
El proyecto de ley, aprobado por una amplia mayor\u00eda de colorados, liberales y parlamentarios de sectores directamente ligados con las c\u00e1maras empresariales, sube de 2 y 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n, a 6 y 10 a\u00f1os las penas por el delito de \u201cinvasi\u00f3n de inmueble ajeno\u201d.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue seguida por decenas de campesinos e ind\u00edgenas, que se manifestaron frente al Parlamento en rechazo de lo que consideran un aumento de la criminalizaci\u00f3n de sus luchas por el acceso a la tierra.<\/p>\n
Los reclamos encuentran sentido si se tiene en cuenta que Paraguay es uno de los pa\u00edses con los \u00edndices de concentraci\u00f3n de la propiedad de la tierra m\u00e1s altos del mundo.<\/p>\n
El debate en el Senado trajo tambi\u00e9n a colaci\u00f3n el tema de las llamadas \u201ctierras malhabidas\u201d que la dictadura de Alfredo Stroessner distribuy\u00f3 entre su c\u00edrculo \u00e1ulico y los amigos del r\u00e9gimen, que incluso se prolong\u00f3 durante parte de la transici\u00f3n democr\u00e1tica que sigui\u00f3 a su ca\u00edda en 1989.<\/p>\n
Seg\u00fan la Comisi\u00f3n de Verdad y Justicia (CVJ), creada por el gobierno de Nicanor Duarte Frutos para investigar los cr\u00edmenes de la dictadura (una especie de Conadep paraguaya), Stroessner distribuy\u00f3 unas 8.000.0000 de hect\u00e1reas entre pol\u00edticos, militares y empresarios.<\/p>\n
En su informe final de 2008, la CVJ incluy\u00f3 un listado de beneficiarios de tierras p\u00fablicas de la dictadura, entre quienes se encuentran el ex presidente Andr\u00e9s Rodr\u00edguez, consuegro de Stroessner y cabecilla del golpe que lo derroc\u00f3, y la familia del actual presidente Mario Abdo Ben\u00edtez.<\/p>\n
En las listas aparece tambi\u00e9n la familia del senador Fidel Zavala, uno de los propulsores del proyecto aprobado hoy.<\/p>\n
Para las organizaciones sociales, campesinas, ind\u00edgenas y de derechos humanos, la modificaci\u00f3n de la legislaci\u00f3n penal en el tema esconde el blanqueamiento de la posesi\u00f3n irregular de estas propiedades, muchas de ellas verdaderos latifundios.<\/p>\n
De hecho, entre sus recomendaciones la CVJ mencion\u00f3 la articulaci\u00f3n de mecanismos para la recuperaci\u00f3n de estas tierras, pero hasta ahora casi no ha habido intentos institucionales en esa direcci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cHay muchas tierras entregadas irregularmente y cada vez es m\u00e1s la criminalizaci\u00f3n\u201d, se\u00f1al\u00f3 a La Voz de Misiones Juan Bautista Rivarola, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).<\/p>\n
\u201cAc\u00e1 nadie habla del problema social, solo de meter presa a la gente que reclama\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n
Rivarola integra el equipo jur\u00eddico de la Codehupy que entiende en la defensa de campesinos e ind\u00edgenas acusados por invasi\u00f3n de inmueble, en casos que involucran territorios ancestrales nativos y tierras reclamadas por familias campesinas en lotes denunciados en los t\u00e9rminos descriptos por la CVJ.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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