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Jubilados: perdieron más del 50% en su poder adquisitivo de remedios

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Mientras que los medicamentos aumentaron un 475% entre mayo del 2015 y enero del 2020, la jubilación mínima lo hizo en un 258,1%.

ARGENTINA. El poder de compra de la jubilación mínima en relación al precio de los medicamentos significó una caída del 50% entre mayo de 2015 y noviembre de 2019.

El total de jubilados actuales en nuestro país es aproximadamente 5,7 millones de argentinos, mientras que casi un 70%, 4,5 millones, cobran el salario mínimo y pensiones.

Cabe recordar que la inflación durante la gestión macrista fue de un 300%, mientras que las jubilaciones mínimas aumentaron un 227%, pasando de $4299 en 2015, a unos $14.068 en 2019.

Analizada en dólares, las jubilaciones mínimas pasaron de US$ 441 en 2015 a US$ 246 en 2019 (US$ 318 contando el bono).

Sin embargo, el declive se reduce 8 puntos porcentuales en diciembre de 2019 teniendo en cuenta la reducción y posterior congelamiento de precios de los medicamentos decretada por la nueva administración y el incremento jubilatorio de ese mes.

Del mismo modo, la pérdida de poder de compra se recorta en 29 puntos si se toman los bonos de diciembre y enero, subrayó el análisis del centro de estudios económicos. Mientras que los medicamentos aumentaron un 455% entre mayo del 2015 y enero del 2020, y el haber jubilatorio mínimo lo hizo en un 268,1%.

Para el CEPA, el aumento en los precios de los medicamentos sumado a la quita de los remedios gratuitos otorgados por el PAMI, deja a las personas mayores en situación de gran fragilidad, donde es muy probable que la morbi mortalidad aumente en los próximos años debido a estas causas ya que el mayor consumo de fármacos en este grupo etario son para enfermedades crónicas no transmisibles, que representan el 85% de las causas de muerte en el mundo.

El PAMI cubre la demanda de 4,9 millones de personas, de las cuales 4,4 millones son personas de más de 60 años, y según las proyecciones del INDEC, para el año 2019 los habitantes de ese rango etario alcanzaron los 6.983.377 casos, representando el 15,5% de la población total.

Por último, el centro de estudios caracterizó la situación general como crítica ya que el poder adquisitivo de la jubilación mínima se retrajo unos $ 2.673 pesos mensuales, entre el promedio de 2015 y el de 2019, considerando la evolución del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado mensualmente por el Banco Central.

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Empresarios del gas quieren cobrar la garrafa de 10 kilos a 700 pesos

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El Director de la Cámara De Empresas Argentinas De Gas Licuado (CEGLA), Pedro Cascales, dijo, que los valores del precio del gas en todas sus versiones quedaron muy desactualizados.

El hombre que maneja el gas en el país dijo: “Los precios vienen muy atrasados desde julio del año pasado. Con la inflación quedó totalmente atrasado”, argumentó Cascales.

Asimismo, señaló que “una garrafa de 10 kilos debería valer alrededor de 700 pesos y que el atraso viene desde hace mucho tiempo. Dijo que unos 18 millones de argentinos los que se abastecen del gas envasado. Por otra parte, contó que solicitan una reunión con el nuevo Secretario de Energía de la Nación para llegar a una solución”.

 

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Bancos no venden, ni dejan retirar dólares y piden datos a BCRA y Anses

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Antes de vender el cupo de U$S 200, las entidades financieras deberán chequear que el comprador no sea beneficiario del IFE u otros beneficios sociales.

 

Como si se tratara de un feriado cambiario virtual, los bancos siguen sin vender dólares. ¿Qué pasa?

Las entidades financieras y la Anses mantienen una pulseada en torno a la parálisis de la venta de dólares a los minoristas. Las entidades financieras apelarán directamente al Banco Central para que sea la autoridad monetaria la que instruya a Anses a que les facilite un sistema que permita determinar en forma automática si un contribuyente está o no autorizado a comprar dólares.

Desde el miércoles 16 las operaciones de compra de dólares están frenadas. Por lo pronto no se sabe cuándo se retomará la venta y compra de dólar oficial para ahorro (con sus respectivos impuestos). Además tampoco dejan retirar los dólares guardados en las cajas de ahorro.

Ante el supercepo aplicado por el Gobierno, las entidades tienen que actualizar sus sistemas para incluir el recargo del 35% del impuesto a las Ganancias. Pero también tienen que cruzar datos con Anses y Afip para determinar si cada cliente está o no autorizado a usar el cupo de U$S 200.

Entre las nuevas restricciones figura la inhabilitación para comprar dólares para las personas que reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o alguna otra prestación de ayuda de parte del Estado durante la cuarentena.

Ya el jueves pasado, los bancos salieron a advertir que necesitaban que Anses les habilitará una forma de consulta directa para poder chequear la información. Por ahora, y sin esos datos, la operatoria sigue frenada.

Desde Anses, indicaron que el reclamo no tiene fundamento, ya que los bancos son los que pagan los beneficios sociales y cuentan con la Clave Bancaria Uniforme (CBU) de cada cliente y que con eso es suficiente para establecer si la persona está habilitada o no para operar en dólares.

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Alberto quita otro punto de coparticipación a Capital para repartir entre las provincias

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Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley con el que se reducirá un punto más el porcentaje de recursos de la coparticipación a la Ciudad, como le reclamaban los gobernadores.

El proyecto, que le agrega tensión a la relación de la Rosada con Horacio Rodríguez Larreta, remueve el 0,92% de la coparticipación que se destinaba a solventar los gastos del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad y dispone un mecanismo para financiar esos gastos.

En ese sentido, el expediente que entró por el Senado fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad de la Ciudad. Ese 0,92% formaba parte del 3,5% que recibía la Ciudad por coparticipación hasta que la semana pasada el presidente redujo ese porcentaje a 2,32%.

Ahora, sin tener que transferir ese 0,92% automático para solventar a la Policía porteña, el Gobierno quiere entonces reducir la coparticipación a la Ciudad a un 1,4%, el porcentaje en el que estaba antes de que Mauricio Macri la aumentara por decreto en 2016 hasta 3,5%.

De este modo, ya son dos puntos los que se le quitan al Estado porteño, como pedían los gobernadores, con Jorge Capitanich a la cabeza. Si se aprueba esta ley, la Ciudad debería negociar con la Nación cada año el presupuesto de su seguridad.

El proyecto se presentó luego de que Larreta anticipara una presentación en la Corte Suprema para trabar la medida anunciada por el presidente. El Ejecutivo espera tener consenso para sancionar la ley, más que nada por la dificultad que tendrán los legisladores de Cambiemos del interior para oponerse a que sus provincias reciban más fondos.

La iniciativa, que lleva la firma del presidente; del ministro de Economía, Martín Guzmán; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro del Interior Eduardo De Pedro, y de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, comenzará a ser debatida en los próximos días por las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Presupuesto y Hacienda. Como titulares de ambos cuerpos asesores, los senadores del Frente de Todos María de los Angeles Sacnún y Carlos Caserio serán los encargados de conducir el debate.

En junio pasado, la ministra Frederic anunció la creación de una comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la Policía Federal para redefinir el funcionamiento estratégico de la fuerza luego del traspaso del personal a la Ciudad. En el artículo uno del texto enviado al Senado se establece aprobar el “Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad de facultades y funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA”, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno porteño el 5 de enero de 2016.

El segundo artículo de la propuesta, según consta en su texto, fija el gasto anual que demanda durante el presente ejercicio la transferencia realizada a la Ciudad en 24.500 millones de pesos. “Dicho monto será actualizado en los ejercicios sucesivos de acuerdo a un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de dicha jurisdicción, ambos correspondientes al año precedente”, añade la propuesta.

En el mismo artículo se sostiene que el Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio fiscal contemplará el financiamiento de los gastos enunciados en el presente artículo. La propuesta especifica además que la suma establecida en el artículo dos se dividirá en cuotas mensuales que se transferirán desde el Tesoro Nacional hacia la Ciudad y su actualización se realizará en forma trimestral, explica, La Política Online.

“El Ministerio de Seguridad y el Gobierno porteño deberán informar al Ministerio de Economía los indicadores establecidos en el artículo dos, de acuerdo a sus respectivas competencias, así como también los procedimientos utilizados para su elaboración”, agrega.

El artículo cuarto establece que el jefe de Gabinete adecuará el Presupuesto para el ejercicio 2020 a efectos de afrontar el financiamiento de los gastos establecidos en el artículo 2° en forma proporcional al tiempo restante hasta la finalización del actual ejercicio.

“A partir de la entrada en vigencia de la presente, el Poder Ejecutivo realizará la readecuación de la participación que le corresponde a la Ciudad”, finaliza el texto enviado a la Cámara alta.

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