En medio del revuelo por las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU)  y Marcelo Balcedo (SOEME), una diputada nacional por el radicalismo propuso limitar los mandatos de los sindicalistas a cuatro años y la posibilidad de una reelección.

La iniciativa pertenece a la legisladora Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), quien aprovechó los resonantes casos mencionados y la reacción de la población para poner un freno a la eternización de algunos dirigentes, entre los cuales figuró Ramón Baldassini (Correos) que estuvo 51 años al frente de su gremio.

Al caso de Baldassini también podrían agregarse los del taxista Omar Viviani y del empleado municipal Amadeo Genta (31 años); del petrolero Guillermo Pereyra  (30 años); del gastronómico Luís Barrionuevo, Rodolfo Daer (alimentación) y de Carlos West Ocampo (sanidad) con 29 años al frente de sus respectivas organizaciones.

En ese contexto, ahora se trata de avanzar en la redacción de una nueva Ley de Ética Pública que dispone un control a los bienes de los líderes sindicales, mientras el interbloque Cambiemos presentó un proyecto para limitar a cuatro años, con la posibilidad de una renovación, los mandatos gremiales.

En Misiones, el ránking de los gremialistas eternos está integrado por Julio Héctor “Cachilo” Rodríguez (Luz y Fuerza) con más de 30 años en el cargo; Jorge Armando “Polilla” Giménez (UPCN); Servando Pereyra (tabaco); Benigno Gómez (empleados de comercio), Irma Radzcowski (sanidad); Marina Almirón (presna), entre otros.

La diputada Carrizo, al fundamentar su proyecto, sostuvo que “esta crisis que está viviendo el sector sindical hace que sea una oportunidad para estos debates. Lo exige la sociedad ante las consecuencias nefastas en la administración del poder”, aunque iniciativas similares fracasaron en los últimos años debido a la presión ejercida por los pesos pesados del sindicalismo argentino.

Propuso que “los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo”.

En los argumentos del proyecto, Carrizo destacó que “la propuesta del actual gobierno de iniciar un proceso de reforma política viene a completar el examen sobre espacios e instituciones que deben adaptarse y readecuarse a nuevos requerimientos democráticos, entre ellos, los procesos electorales locales y nacionales, y con especial consideración la cuestión sobre la alternancia y renovación de diferentes operadores institucionales del Estado”.

La diputada nacional analizó que la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales produce un vaciamiento a raíz de “la incoherencia con que se expresa al no regular los límites necesarios para combatir al caudillaje y los síntomas del hiperpersonalismo político” dentro de las organizaciones sindicales.

En forma genérica se alude en el artículo 8º a que “las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna”, para la cual los estatutos deben garantizar “una fluida comunicación entre los órganos internos y sus afiliados, que los delegados obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión, la efectiva participación de todos los afiliados garantizando la elección directa de los cuerpos directivos y la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos”.

Al ser consultada acerca de las reacciones que podría generar su iniciativa en el seno de los gremios, la legisladora dijo que “con los gremios lo hemos discutido en forma privada. De ninguna manera es para debilitar a las organizaciones sindicales, pero ante los hechos de corrupción y desmanejo que vemos la sociedad exige que tomemos la iniciativa”.

Añadió que “el Estado debe intervenir cuando la libertad sindical está afectada y dañada, y no hay alternancia en el poder”, dijo, razón por la cual advirtió que “este proyecto viene de antes, el poder legislativo nacional debe establecer un límite porque en algunos sindicatos se ve dañada la libertad sindical. Todavía no he tenido la oportunidad personal de presentárselo al Presidente, pero rescato la libertad con la cual uno puede trabajar los proyectos”.

Además el proyecto dispone que los gremios que deban modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley, deberán hacerlo dentro del plazo de un año de promulgada, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el que en el futuro lo reemplace, controlará el cumplimiento de este requisito y la readecuación estatutaria, aplicando las sanciones correspondientes en caso de inobservancia.

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