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Iban a apagar un incendio, no les creyeron que eran bomberos y les hicieron abonar el peaje

Les cobraron peaje a bomberos que iban de emergencia desde Apóstoles, a apagar un incendio en la Reserva Campo San Juan, ubicado en la localidad de Santa Ana. No les creyeron que eran bomberos.


APÓSTOLES-SANTA ANA. El hecho ocurrió el último viernes cuando Brigadistas del Ministerio de Ecología de la Provincia, con sede en la ciudad de Apóstoles, intentaron acudir a la Reserva Campo San Juan, para extinguir el fuego. En el peaje no les creyeron que eran bomberos ni que estaban asistiendo una emergencia y les hicieron pagar $70.

Los brigadistas -afectados al Plan Manejo del Fuego con sede en Apóstoles- llegaron a la zona de peligro a bordo de una Ford F-100, un móvil de ataque rápido. “El móvil está identificado con las inscripciones de la Secretaría de Ambiente, del Plan de Manejo del Fuego, del Ministerio de Ecología y en su parte trasera están las motobombas”, comentaron los brigadistas. Sin embargo, a pesar de la clara señalización, en la casilla de peaje de Santa Ana no dieron crédito a su labor y debieron abonar el peaje según publicó El Territorio.

Un hombre nos decía que no éramos bomberos, que teníamos que pagar los 70 pesos y el problema es que todos los que van a los incendios se colocan los trajes ignífugos, por lo que nadie lleva ningún elemento personal y mucho menos dinero”, explicó uno de los brigadistas involucrados.

Los bomberos tuvieron que juntar monedas y pagar el peaje, para poder extinguir el fuego. “Nosotros no íbamos con una conservadora, hielo y termolar. Íbamos con agua, todo un equipo de incendio y la ropa ignífuga, además se veía claramente el fuego a tres kilómetros de ahí, fue insólito”.

Luego de extinguir el incendio en la Reserva ubicada en Santa Ana, los brigadistas debieron ir hacia Leandro N. Alem y desde allí volver a la base en la ciudad de Apóstoles, ya que no contaban con dinero para volver a pagar el peaje.

Imagen ilustrativa.

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Piden juicio oral para el intendente Neis y otros 46, por defraudación al Estado nacional

Es por los fondos de un programa de tratamiento de residuos. Entre los acusados también figuran Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. El juez hará una evaluación final.

BUENOS AIRES. (Diarios y agencias). El intendente del municipio misionero de Puerto Rico, Federico Neis, irá a juicio oral junto a otros 46 alcaldes y tres ex jefes de Gabinete del kirchnerismo por defraudar al Estado nacional en 600 millones de pesos.

El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Rívolo contra los ex jefes de Gabinete, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes.

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos.

Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen.

Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

El caso

Durante la gestión de Cristina Kirchner se implementaron programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. 

Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

En su dictamen, al repasar las pruebas de la causa de cara al juicio oral, Rívolo aseguró que “la administración de los fondos del Estado se vieron perjudicados” cuando Sergio Gustavo Lorusso (f), Omar Vicente Judis y Juan José Mussi (ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sustentable) firmaron los acuerdos con los municipios peticionantes “sin el debido contralor, basándose en meras argumentaciones generales e inespecíficas sobre lo actuado en los expedientes, a pesar de que presentaban serias deficiencias administrativas”.

Luego, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Domingo Fernández y Jorge Milton Capitanich (ex Jefes de Gabinete) que aprobaron, mediante resoluciones de JGM, los convenios y sus actas complementarias, habilitando las liquidaciones y pagos a través de transferencias con partidas de esas carteras.

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