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La inflación de mayo fue de 3,1% y acumula 57,3% en 12 meses. En el NEA: 2,8%

La región de Misiones registró la más baja, precedida por Cuyo con 2,9; Pampeana, 3,0 y Noroeste con 3,9 por ciento. En el Gran Buenos Aires fue de 3,0%.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 3,1% en mayo, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el nordeste argentino bajó más: 2,8%.

De esta forma, en el quinto mes del año se logró una moderada desaceleración de los precios, luego de registrar un incremento de 3,4% el mes previo y un 4,7% en marzo.

Los especialistas coincidieron en que la desaceleración se dio por la estabilidad del tipo de cambio y la decisión de posponer aumentos de tarifas de servicios públicos y de los combustibles.

El ente estadístico precisó que “en mayo de 2019, leche, productos lácteos y huevos registraron la mayor alza entre alimentos y bebidas no alcohólicas en todas las regiones, excepto en el Gran Buenos Aires, donde aceites, grasas y manteca presentaron un aumento superior”. La inflación en alimentos en un año alcanza un 64,9 por ciento.

Los rubros que mostraron mayores avances en mayo en la comparación intermensual fueron Salud (+5,1%); Vivienda, agua, electricidad, gas (+4%); y Transporte (+3,5%).

En Alimentos y en indumentaria -dos rubros sensibles para el consumo- las subas resultaron de 2,4% y 3,4% respectivamente.

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Causa cuadernos: Bonadío mandó a juicio a Cristina y sobreseyó a La Cámpora

El magistrado ratificó la acusación contra la ex presidenta como jefa de una asociación ilícita. Y volvió pedir su desafuero. En cambio exculpó a Máximo Kirchner y a “Wado” De Pedro. Le negó la excarcelación a López y De Souza.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). El juez Claudio Bonadío elevó a juicio la “causa de los cuadernos” que tiene a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, procesada y con pedido de prisión preventiva por encabezar una asociación ilícita.

Además sobreseyó en el caso a los principales líderes de La Cámpora: el diputado Máximo Kirchner –hijo de la ex presidente– y el diputado Eduardo “Wado” de Pedro –representante de la oposición en el Consejo de la Magistratura y uno de los nombres que se mencionan para un futuro gabinete en el gobierno de Alberto Fernández–.

De acuerdo con la acusación, la ex presidenta se dedicaba a recaudar coimas que pagaban los empresarios que hacían negocios con el Estado, junto a otros organizadores como el ex ministro Julio De Vido, Roberto Baratta (ambos detenidos).

También figuran el financista Clarens y quien presidiera la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, además de José López, ex secretario de Obras Públicas y arrepentido, Claudio Uberti, ex director del organismo que controló las autopistas por peaje y también arrepentido, entre otros. Centeno, que llevaba las anotaciones y quien se convirtió en arrepentido, debe ir a juicio oral y público.

Entre los empresarios hay quienes admitieron el pago de coimas y otros que lo negaron. Casi todos los hombres de negocios fueron procesados por la Cámara Federal solo por el delito de cohecho. Entre ellos están el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

También Aldo Roggio, Enrique Pescarmona, Juan Lascurain, Luis Betnaza, Gabriel Romero y Néstor Otero, todos con intereses en compañías que históricamente hicieron negocios con el Estado.

El dueño de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, está procesado por integrar la asociación ilícita y por el pago de coimas. El empresario se defendió con el argumento de que entregó dinero de manera voluntaria para sostener el proyecto político del kirchnerismo.

La derivación del Caso Cuadernos que involucra el esquema de lavado de dinero que organizó Daniel Muñoz, quien fuera secretario de Néstor Kirchner, también fue elevada a juicio oral y público.

Máximo, no

Al sobreseer a los líderes de La Cámpora, Bonadío sostuvo que no formaron parte de la asociación ilícita que, a su criterio, comandó Cristina Kirchner y por eso firmó el sobreseimiento por ese delito. Hay de todas maneras abierta una investigación en el fuero electoral para analizar los fondos que recibió La Cámpora.

Hace un año la Cámara Federal había instado a Bonadio a resolver sobre la situación procesal de Máximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora, que habían desfilado por Comodoro Py en octubre del año pasado.

Cuando se presentó a su indagatoria, Máximo Kirchner aseguró: “Desde una visión de conjunto, hacerme partícipe de una asociación ilícita integrada por decenas de personas, a muchas de las cuales no conozco, e incluso por familiares directos del Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y empresarios que le resultan afines, ingresa a un terreno tan ridículo que me exime de mayores comentarios”.

López y De Sousa, adentro

Bonadio rechazó los pedidos de excarcelación que presentaron los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en la causa por los cuadernos de la corrupción y así continuarán en prisión hasta tanto la decisión sea revisada por la Cámara Federal, donde las defensas apelarán la semana que viene para conseguir la libertad.

López y De Sousa habían logrado la excarcelación en la segunda causa en la que están detenidos, el juicio oral por el caso “Oil Combustibles”.

Sus defensas le pidieron la excarcelación en dos tramos de la causa cuadernos: una por lavado de dinero en la compra de departamentos en el edificio donde reside Cristina Kirchner y otra por la cartelización de la obra pública, en las que están procesados con prisión preventiva.

Esos expedientes no forman parte de la elevación a juicio que se hizo del caso ya que los procesamientos no están firmes.

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La desocupación alcanzó el nivel más alto en 14 años: 10,6%. Posadas tiene 2,9%

Subió 1,3 por ciento en el segundo trimestre del año. Y representa unas 360 mil personas más sin trabajo en un año. Por edad, el sector más castigado fue el de las mujeres entre 14 y 29 años. El próximo relevamiento sería peor.

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). ). La desocupación subió 1,3 por ciento en el segundo trimestre y llegó a 10,6 por ciento, el más alto desde 2005, afectando en total a 2,3 millones de personas, según datos del INDEC.

Entre los mejores resultados que arrojó el último relevamiento figuró Posadas con 2,9 por ciento, por debajo de del Gran Resistencia (2%) y el Gran San Juan (2,3%), pero por encima del Gran San Luis (3,3%).

En cambio, los sitios con peores datos fueron Mar del Plata (13,4%), el Gran Córdoba (13,1%), Salta (12,7%), el conurbano bonaerense (12,7%) y el Gran Rosario (10,6%), distritos predominantemente industriales que reflejan la crisis manufacturera.

Tales indicadores se dieron a pesar de que la economía creció un 0,6% en el segundo trimestre.

El desempeño opuesto al nivel de actividad económica genera preocupación y proyecta un salto mayor para los próximos trimestres, cuando el PBI vuelva a reflejar una severa recesión, profundizada por la devaluación tras las PASO.

En esta oportunidad, se registró un incremento de medio punto porcentual respecto al 10,1% que marcó el trimestre anterior y de un punto en relación al 9,6% del mismo período del 2018.

Proyectando la muestra de los 31 aglomerados al total de la población, el incremento representa un universo de 316.000 personas que se quedaron sin trabajo de un año a otro.

El sector más castigado por edad fue sin lugar a dudas el de la población joven. El principal aumento de la tasa de desempleo se evidencia en las mujeres de 14 a 29 años -al saltar del 21,5% al 23,4%- seguido de los varones de entre 30 y 64 años que pasan de un 5,4% a un 7,1%.

Por otro lado, los problemas de empleo también se observaron en los índices de subocupación y de ocupados que buscan otro trabajo. En cuanto a los primeros, pasaron de un 11,2% al 13,1%, mientras que los segundos tuvieron un salto mayor al dispararse al 18,3% desde al 16% que habían marcado en el segundo trimestre del 2018.

Esto significa que hay un total de 8.300.000 personas demandando empleo, al sumar los 2.300.000 desocupados, con los 4.000.000 de ocupados demandantes y los 2.000.00 de subocupados demandantes, siempre proyectando la muestra del INDEC a los 45 millones de personas que estiman las consultoras como población total.

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Los movimientos sociales le sacaron al macrismo la emergencia alimentaria

El proyecto fue presentado por la oposición. Tuvo el aval de Cambiemos. Se destinarán unos 10 mil millones de pesos. 

BUENOS AIRES (Diarios y agencias). La Cámara de Diputados aprobó la ley de emergencia alimentaria, que contempla un aumento del 50% de la ayuda a políticas de alimentación y nutrición, con un costo fiscal estimado de $10 mil millones.

La declaración fue exigida por los movimientos sociales y de acuerdo con los voceros del macrismo en el Congreso, la demanda se cubrirá con recortes a la obra pública.

El proyecto fue presentado por la oposición el lunes y aprobado por todas las fuerzas políticas, incluida Cambiemos, que decidió avalarlo para contener la protesta social y evitar otro choque con la oposición en plena campaña electoral.

El Senado lo sancionaría el próximo miércoles, si Federico Pinedo (PRO) y el jefe del PJ Carlos Caserio pueden garantizar el quórum.

La sesión duró menos de 3 horas, con 5 minutos por cada orador, un acuerdo de oficialismo y kirchnerismo para no subir el clima de protesta social que empezó con acampes la semana pasada y este miércoles sumó una concentración frente al Congreso durante la sesión.

La diputada de izquierda socialista, Mónica Schloutthauer, fue la única abstención en la sesión. El proyecto se aprobó con 222 votos y sólo hubo una modificación en el artículo 4.

Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese cálculo daba 20947 millones de pesos. La ley obligaría al Gobierno a aportar la mitad de esa cifra para los mismos conceptos: el plan nacional de protección social, políticas alimentarias (comedores y merenderos) y el Pro Bienestar, que está a cargo del Pami.

En Cambiemos aseguran que la ley no será más que una nueva resignación presupuestaria y en tal caso el problema lo tendrá el próximo Gobierno. La ley sólo impide cubrir los aumentos con fondos destinadas a otros servicios sociales y obliga a quien sea jefe de Gabinete en enero de 2020 a indexar trimestralmente estas partidas según la variación más alta entre el Indice de precios al consumidor (IPC) o la canasta básica del Indec.

La ejecución de las partidas y las transferencias a las provincias (motivo de queja de los gobernadores) serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen), por gestión de la diputada massista Carla Pitiot.

“El 51,7% de las niñas, niños y adolescentes son pobres, el nivel más alto en una década. La Sigen permitirá tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica, explicó la legisladora.

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