Política
El Dr. Diego Sebastián Meana entiende que la extinción de dominio es una confiscación de bienes sin proceso
CORRIENTES y POSADAS. El doctor Diego Sebastián Meana, docente de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), señaló que la extinción de dominio es “una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso”.
Meana, quien además ejerce la docencia en otras importantes casas de estudios del país (UNCAUS, UCP, UBA), dio a conocer su opinión con respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre “Extinción de Dominio”, advirtiendo que su “reflexión sobre el tema no tiene vinculación política proselitista (ni a favor ni en contra) sino estrictamente jurídica”.
En su análisis, el docente y profesional del Derecho (en la foto a la derecha, acompañado por el reconocido profesor -doctor Marcelo Alberto Sancinetti) sostuvo:
I.- Cualquier consecuencia negativa que se derive de la comisión de un hecho punible es una pena, aunque se la quiera revestir de cualquier otra cosa (de hecho este DNU lo llama: “Régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio”). En particular, no existen “acciones autónomas”, que “vayan contra las cosas”, tal como quiere presentarlo este DNU sobre “Extinción de Dominio”.
II.- Considero que tiene que regir el art. 23, del Código Penal, tal como existe hasta hoy. El decomiso en sí es una “extinción de dominio”, pero como derivado de la demostración de que las cosas “bajo el dominio” han sido adquiridas delictivamente o han sido utilizadas como instrumentos del delito.
III.- Si un sujeto tiene una cosa como producto de un delito, esta circunstancia tiene que ser establecida como consecuencia del ejercicio de la acción penal, como efecto del decomiso, y no puede desvincularse de esta naturaleza punitiva. En otras palabras más llanas pero directas: hoy 2019 existe disposiciones (por ende, no hay un vacío legal como muchos dicen) respecto al punto en cuestión.
IV.- Estamos ante una confiscación de bienes sin proceso, que atentaría contra el derecho de propiedad y el debido proceso, a fortiori, se violan palmariamente los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.
V.- Sin confundir los temas, entiendo que la “Extinción de Dominio” lleva ínsita su invalidez, similar a lo que acaece con la previsión de tipos penales como el de “enriquecimiento ilícito”, derivado también de una presunción sin determinación del hecho supuestamente cometido.
VI.- Además, con este DNU se estaría aplicando una “nueva pena” y encima “anticipada”, violando el principio de inocencia.
VII.- El DNU elucida que la extinción de dominio podrá tener efectos retroactivos, conculcando así los derechos adquiridos.
VIII.- Como todavía no hay sentencia firme: ¿qué pasaría si se le aplica este DNU a una persona que luego resulta absuelta? Es decir, no se demostró nunca su culpabilidad pero igual otrora le despojamos de sus bienes (con toda la afrenta que ello conlleva, etc., etc.). En otros términos: ya son culpables de entrada y se invierte la carga de la prueba.
IX.- En sus partes pertinentes, tomo las palabras del Dr. AQUINO sobre EL PELIGROSO CAMINO DE LOS DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU): El art. 99, inc. 3°, de la Constitución Nacional tras la reforma del año 1994 establece que: “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes y no se tratare de normas que regulen la materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia…” Se funda esta premisa en la división de poderes, principio liminar del sistema republicano.
El gobierno nacional está usando y hasta abusando de esta práctica, porque el presidente tiene posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias, proponer estos temas y provocar el debate. No existen las “circunstancias excepcionales que hacen imposible los trámites ordinarios previstos por la constitución para la sanción de las leyes”. No hay catástrofes naturales, no hay guerras civiles, conmociones sociales graves, ni conflictos bélicos con países hermanos, al contrario, bien pueden los legisladores trasladarse al Congreso y desde allí debatir y darles a la sociedad – o no – los instrumentos que emite el Presidente. Caso contrario si el Presidente legisla, además de administrar, esto dejaría de ser una república democrática y sería un cesarismo plebiscitario, que sin la participación del congreso impondría su voluntad más allá de los límites de la constitución.
Cuando se abusa de la excepción, se hace costumbre. Cuando hay costumbre, hay una cultura. No dejemos que avance la cultura autoritaria por sobre las claras fronteras constitucionales.
X.- Antes de finiquitar, creo coyuntural la ulterior pregunta: ¿sería constitucional si nuestro Congreso aprobara una “Ley de Extinción de Dominio” siguiendo el texto del actual DNU? Inteligibilizo que para responder eso, vale comentar lo que, por ejemplo, sucedió en Alemania.
El Código Penal alemán había introducido, por ley del 17/5/1992, un precepto de “imposición de pena patrimonial” (§ 43a, StGB), que quedaba limitada por la extensión del patrimonio del penado, aun cuando no estuviera clara la relación entre el hecho punible y el patrimonio detraído (en tanto fuera de presumir que los bienes pudieran haberse originado en hechos punibles). Empero, el Tribunal Constitucional Federal alemán declaró nula esa disposición, por ser incompatible con el art. 103, párrafo 2, GG (Ley Fundamental) que establece el principio de legalidad (“Un hecho sólo puede ser penado si la punibilidad estaba determinada legalmente antes de que el hecho fuera cometido”).
XI.- Por todo lo manifestado, la pregunta obligada sería: ¿estoy a favor de los delincuentes, de las asociaciones criminales, de los corruptos, etc., etc., que se enriquecen?, NO SEÑORES, DEBEN SER JUZGADOS Y CONDENADOS CON SENTENCIA FIRME PARA INMEDIATAMENTE SER DECOMISADOS LOS BIENES EN CUESTIÓN CONFORME EL ARTÍCULO 23 DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE ESTOY CONVENCIDO QUE SE DEBEN RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES.
El secretario general de la Asociación Bancaria, José Luis Ruiz Moreno, pidió que el obispo de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, se sume a un eventual frente contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
“Vos sabes muy bien, hay dirigentes estudiantiles que no tienen qué comer y que buscan ayuda de los sindicatos, de la Iglesia”, señaló el sindicalista entrevistado por Radio News y lanzó: “Me gustaría hacer una marcha con el obispo, hacer algo”.
“Yo quiero decirle: hermano, juntémonos porque este muchacho Milei nos va a cortar la cabeza a todos juntos y ustedes creen que van a solucionar rezando”, señaló Ruiz Moreno.
“Yo creo que (el obispo) tendría que salir a la cancha, porque (el obispo Joaquín) Piña cuando la cosa estaba dura salía a la cancha y defendía hasta a los aborígenes”, opinó el gremialista misionero.
“Cómo la iglesia no se va a involucrar”, interpeló Ruiz Moreno y enfatizó: “Todos nos tenemos que involucrar”.
“Yo pasé por todas las crisis, soy un veterano de la guerra sindical”, comentó el sindicalista bancario y remarcó: “Tenemos que juntarnos todos, la Iglesia, los sindicatos, las organizaciones sociales, los estudiantes y hacer un frente para que este tipo (Milei) no haga lo que está haciendo, porque no hay más para sacarle a la gente”.
Además de Piña, el sindicalista, recordó también al obispo Jorge Kemerer, a quien todos los testimonios le atribuyen actitudes temerarias durante la dictadura militar en ayuda de los perseguidos políticos.
“Ahora no están los milicos, pero estamos en una crisis con un tipo (Milei) que parece que se divierte cerrando empresas del Estado, trayendo aviones modelo 80; un tipo que trató a todos los políticos de ratas, le dijo coimeros y ensobrados a los periodistas”, afirmó Ruiz Moreno y remató: “Yo no quiero que lo saquen a patadas, quiero que cambie de políticas y sería interesante que el obispo convoque a la sociedad”.
Los diputados nacionales del bloque de Innovación Federal, en el que se encuentran los misioneros Carlos Fernández, Alberto Arrúa, Daniel Colo Vancsik y Yamila Ruiz, se reunieron este mediodía con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la Casa Rosada.
El encuentro fue por invitación del mismo Francos y se inscribió en la ronda de conversaciones que viene manteniendo el gobierno para avanzar con el trámite parlamentario de la Ley Bases y el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso.
Además de los misioneros, participaron los diputados Agustín Domingo, de Río Negro; Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, de Salta.
Acompañaron a Francos, el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
La nueva Ley Bases, a diferencia de su versión inicial de más de 600 artículos y cuyo tratamiento cayó en Diputados en febrero, tiene 279 y aunque el gobierno retiró aspectos conflictivos el texto mantiene los superpoderes solicitados por el presidente y la privatización de empresas públicas.
La nueva versión contiene el blanqueo y moratoria para las empresas que regularicen la situación de sus trabajadores, como la extinción de acciones penales, condonación de deudas y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluye también un amplio blanqueo de capitales en el país y el exterior, para residentes y no residentes. El blanqueo será sin alícuota hasta los US$100.000 y, a partir de ese monto, se aplicarán alícuotas también progresivas del 5, 10 y 15% según el momento en que adhieran al blanqueo los contribuyentes.
El paquete fiscal restituye la cuarta categoría del impuesto a las ganancias con un piso de $1,8 millones para solteros y de $2,2 millones para casados con hijos.
En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda hacían hincapié en la escala progresiva del impuesto, que va del 5 al 35% según los ingresos.
El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR) Misiones, Pablo Velázquez, se separó del bloque partidario en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Posadas y solicitó constituir un bloque unipersonal denominado “Acción”.
El mismo Velázquez hizo pública su decisión este martes en su cuenta de la red social X, cristalizando una ruptura que venía rumoreándose en el mundillo político local desde la semana pasada.
“Desde hoy somos ‘ACCIÓN’ en el HCD”, escribió el concejal radical y explicó: “El tiempo actual nos requiere defender con fuerza y convicción los cambios que necesita la política, el país y la provincia”.
Sin dar nombres, Velázquez, culpó de su decisión a “los personalismos, la mezquindad política y partidaria”, que según afirmó “nos indican que es tiempo de trabajar en un nuevo espacio”.
Más adelante, entrevistado por Noticias del 6, el concejal de la UCR Misiones aclaró que conformar un nuevo bloque no significa que estuviera abandonando el radicalismo, sino “solamente marcando diferencias con la conducción actual”.
“Yo no me voy del radicalismo”, aclaró Velázquez y explicó: “Pensamos y creemos, tenemos enormes diferencias con la conducción actual y estamos creando un espacio nuevo que nos permita discutir la nueva realidad”.
El edil posadeño opinó que “hoy el partido está encerrado, claramente hay que abrir la cabeza y esta encerrona nos obliga a buscar nuevas opciones”.
“El radicalismo necesita cambiar el paso y la ciudadanía lo está requiriendo”, reflexionó Velázquez y lanzó: “El radicalismo está inmovilizado, no tiene muy en claro cuáles son las banderas que defiende y no puede ser que cuatro tipos se crean dueños del radicalismo”.
El concejal posadeño opinó que la UCR se divide hoy entre quienes creen que “hay que ser oposición a todo” y quienes consideran que “hay que ser más colaborativos” con el gobierno de Javier Milei.
En tal sentido, Velázquez, afirmó que su sector se ubica entre quienes creen que “hay que ser más colaborativos, porque la gente votó cambios y está esperando que esos cambios efectivamente se vean en la realidad”.
Finalmente, Velázquez apuntó contra el diputado nacional Martín Arjol y el legislador provincial Ariel Pepe Pianesi, por sus reacciones mediáticas frente a la detención del influencer libertario de Eldorado, Ramiro Eduardo Barrionuevo, más conocido como Quito, que fue detenido el viernes en el marco de una causa por “intimidación pública y amenazas”.
“Yo veía a los diputados de mi partido de no hablar nada de un tiktokero de la zona norte, hasta que resulta que después pasó a ser el nuevo ídolo de la oposición”, criticó Velázquez.
“Tenemos diputados con fueros, acceso a la información; ese partido así no le sirve a nadie”, opinó Velázquez y lanzó: “Este es el partido que la ciudadanía nos dice que por ahí no va, que por ahí no está bien”.
Desde hoy somos “ACCIÓN” en el HCD; el tiempo actual nos requiere defender con fuerza y convicción los cambios que necesita la política, el país y la provincia. Los personalismos, la mezquindad política y partidaria nos indican que es tiempo de trabajar en un nuevo espacio.
— Pablo Velazquez (@pvelazquezok) April 16, 2024
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