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Van por “los gordos”: Proponen limitar a cuatro años, con una reelección, el mandato de los sindicalistas

En medio del revuelo por las detenciones de los sindicalistas Juan Pablo “Pata” Medina (UOCRA), Omar “Caballo” Suárez (SOMU)  y Marcelo Balcedo (SOEME), una diputada nacional por el radicalismo propuso limitar los mandatos de los sindicalistas a cuatro años y la posibilidad de una reelección.

La iniciativa pertenece a la legisladora Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), quien aprovechó los resonantes casos mencionados y la reacción de la población para poner un freno a la eternización de algunos dirigentes, entre los cuales figuró Ramón Baldassini (Correos) que estuvo 51 años al frente de su gremio.

Al caso de Baldassini también podrían agregarse los del taxista Omar Viviani y del empleado municipal Amadeo Genta (31 años); del petrolero Guillermo Pereyra  (30 años); del gastronómico Luís Barrionuevo, Rodolfo Daer (alimentación) y de Carlos West Ocampo (sanidad) con 29 años al frente de sus respectivas organizaciones.

En ese contexto, ahora se trata de avanzar en la redacción de una nueva Ley de Ética Pública que dispone un control a los bienes de los líderes sindicales, mientras el interbloque Cambiemos presentó un proyecto para limitar a cuatro años, con la posibilidad de una renovación, los mandatos gremiales.

En Misiones, el ránking de los gremialistas eternos está integrado por Julio Héctor “Cachilo” Rodríguez (Luz y Fuerza) con más de 30 años en el cargo; Jorge Armando “Polilla” Giménez (UPCN); Servando Pereyra (tabaco); Benigno Gómez (empleados de comercio), Irma Radzcowski (sanidad); Marina Almirón (presna), entre otros.

La diputada Carrizo, al fundamentar su proyecto, sostuvo que “esta crisis que está viviendo el sector sindical hace que sea una oportunidad para estos debates. Lo exige la sociedad ante las consecuencias nefastas en la administración del poder”, aunque iniciativas similares fracasaron en los últimos años debido a la presión ejercida por los pesos pesados del sindicalismo argentino.

Propuso que “los mandatos no podrán exceder de cuatro años, teniendo derecho a ser reelegido por un nuevo período consecutivo de cuatro años. Al finalizar este y poder ser electo nuevamente, deberá transcurrir un intervalo de un periodo fuera del cargo”.

En los argumentos del proyecto, Carrizo destacó que “la propuesta del actual gobierno de iniciar un proceso de reforma política viene a completar el examen sobre espacios e instituciones que deben adaptarse y readecuarse a nuevos requerimientos democráticos, entre ellos, los procesos electorales locales y nacionales, y con especial consideración la cuestión sobre la alternancia y renovación de diferentes operadores institucionales del Estado”.

La diputada nacional analizó que la ley 23.551 de Asociaciones Sindicales produce un vaciamiento a raíz de “la incoherencia con que se expresa al no regular los límites necesarios para combatir al caudillaje y los síntomas del hiperpersonalismo político” dentro de las organizaciones sindicales.

En forma genérica se alude en el artículo 8º a que “las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna”, para la cual los estatutos deben garantizar “una fluida comunicación entre los órganos internos y sus afiliados, que los delegados obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión, la efectiva participación de todos los afiliados garantizando la elección directa de los cuerpos directivos y la representación de las minorías en los cuerpos deliberativos”.

Al ser consultada acerca de las reacciones que podría generar su iniciativa en el seno de los gremios, la legisladora dijo que “con los gremios lo hemos discutido en forma privada. De ninguna manera es para debilitar a las organizaciones sindicales, pero ante los hechos de corrupción y desmanejo que vemos la sociedad exige que tomemos la iniciativa”.

Añadió que “el Estado debe intervenir cuando la libertad sindical está afectada y dañada, y no hay alternancia en el poder”, dijo, razón por la cual advirtió que “este proyecto viene de antes, el poder legislativo nacional debe establecer un límite porque en algunos sindicatos se ve dañada la libertad sindical. Todavía no he tenido la oportunidad personal de presentárselo al Presidente, pero rescato la libertad con la cual uno puede trabajar los proyectos”.

Además el proyecto dispone que los gremios que deban modificar sus estatutos en cumplimiento de esta ley, deberán hacerlo dentro del plazo de un año de promulgada, y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o el que en el futuro lo reemplace, controlará el cumplimiento de este requisito y la readecuación estatutaria, aplicando las sanciones correspondientes en caso de inobservancia.

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Carencias en aldeas Guaraní generaron escrache nacional a Passalacqua

Soledad Fandiño llevó a parte de la comunidad Mbya de Misiones a la que intenta cumplirle el sueño en el famoso programa televisivo conducido por Marcelo Tinelli, “Bailando 2018”.

BUENOS AIRES. “Vergüenza debería darle al gobernador de Misiones… Agua Potable están pidiendo… No sé quién es ni de qué partido es, pero me da vergüenza que tengan que venir a la tele”, dijo Marcelo Polino en el programa televisivo ShowMatch el jueves por la noche.

El referente de la comunidad aborigen Ita Poty Miri conversó con Tinelli contándole las necesidades que sufren en  Iguazú y el conductor conmovido se comprometió a que: “más allá de la construcción del aula por la que baila Soledad en el concurso, de alguna manera vamos a ocuparnos para que tengan agua potable”.

“Mañana a primera hora nos vamos a ocupar de esto”, aseguró. Y al final de la emisión, contó que recibió un mensaje de la fundación AMIA que quiere sumar su ayuda para cubrir esta necesidad de la comunidad Ita Poty Miri.

“No tenemos agua potable y la estructura de la escuela la hicimos nosotros… Somos muy luchadores… ”, expresaron los aborígenes.

Polino se indignó y atacó vía Twitter, “Señor gobernador de Misiones, están pidiendo agua, están pidiendo un aula. ¡¿Cómo no le da vergüenza?! ¿Tienen que venir viajando un montón de horas en micro a la televisión para poder tener agua? ¡Soy apolítico y ni sé de qué partido es el gobernador de Misiones, pero esto es una vergüenza”. Soledad Fandiño se largó a llorar.

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Brítez mostró un título de La Voz de Misiones al hablar de “la mentira” del macrismo

POSADAS y BUENOS AIRES. La diputada nacional Cristina Brítez, del Frente para la Victoria, utilizó un titular de la Voz de Misiones (LVM) en formato ampliado para cuestionar severamente “la mentira y el cinismo, que son marca registrada” del macrismo para con los misioneros.

La legisladora ultrakirchnerista, en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de la Nación, volvió a recurrir a su estrategia de utilizar declaraciones públicas de los funcionarios para apuntalar sus críticas y cuestionamientos.

En la ocasión, la eldoradense exhibió una fotocopia ampliada de una información titulada “Revelaron que en Iguazú siguen cerrando comercios”, además de otro correspondiente a un medio posadeño: “Son más de 500 los negocios que cierran en Posadas”.

En los dos casos, las críticas estuvieron orientadas a la falta de respuestas del Gobierno Nacional a los reclamos de medidas concretas para atenuar los efectos de las asimetrías fronterizas, principalmente la aplicación del artículo 10 de la denominada Ley Pyme.

En ese sentido, también mostró titulares sobre dichos de funcionarios nacionales y del mismo presidente Macri, pero dijo que es “la mentira, cinismo, son marca registrada de Mauricio Macri y sus funcionarios con los misioneros”.

Añadió que “hoy las pymes están reclamando; en la forestoindustria tenemos más despidos, suspensiones; comercios cerrados; más misioneros en la calle”, remarcó a modo de síntesis, que es “la postal que tenemos hoy, lamentablemente, en Misiones”.

Recordó el cierre de comercios en Iguazú, “en contraste con la felicidad de (ministro de Transporte, Guillermo) Dietrich. Se acuerdan cuando el ministro dijo que los misioneros estábamos felices con la devaluación? Y para cerrar, la postal más triste que está pasando en Posadas”.

Citó que “son muchos más de 500 los negocios que cierran en Posadas y estamos hablando solamente de Posadas y de los comercios registrados. Es la postal que tenemos en Misiones” dijo, tras lo cual se preguntó “qué están haciendo los legisladores del oficialismo?”.

Añadió que “tenemos la obligación de mejorarle la calidad de vida a los argentinos. Qué estamos haciendo? Qué están haciendo los oficialistas? Están venerando a San Rosca; están especulando con qué leyes votar, que leyes no; si digo tal cosa o me llamo a silencio y pasar desapercibido i sino se enoja el Gobernador”.

También, “a ver si puedo si renuevo la banca o aterrizo en un buen lugar para mantener los privilegios y los buenos ingresos. Eso sí, obviamente, pero no pensando en el pueblo misionero y en los argentinos”.

Posteriormente, Brítez se lamentó porque “teníamos en estas sesiones extraordinarias la posibilidad de presentar el proeycto para reglamentar el artículo 10 de la Ley Pyme y no se pudo; presentar el bono para los jubilados para que puedan pasar mejor las fiestas, y no se hizo”.

Todo ello fue atribuido por la legisladora misionera “al  presidente Macri y sus legisladores, ya que estamos cerrando este Congreso, legislando solamente ustedes porque nos hemos puesto de espaldas al pueblo argentino y al pueblo misionero”.

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Escribano y funcionario renovador alquilaba casa del IProDHa, lo denunciaron y metió preso al inquilino

Walter Pintos Garro es Escribano de Gobierno Adjunto. Tenía una vivienda social a nombre de su esposa y lucraba alquilándola a una familia necesitada. Lo denunciaron y logró meter preso a la víctima.

POSADAS. La resolución del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa) para regularizar la tenencia de las viviendas que son alquiladas en forma ilegal a familias que las necesitan, dejó al descubierto un nuevo caso que involucra a un funcionario provincial.

El Escribano de Gobierno Adjunto, Walter Pintos Garro, es cotitular, junto con su esposa Gabriela Monjes, de unas de las casas construidas por el IProDHa para vivienda única familiar, aunque su realidad es distinta: no la necesita, por lo que decidió alquilarla (de manera indebida) a una familia con verdadera necesidad habitacional.

PLAYA. El escribano y su esposa el verano pasado. El inquilino les depositaba una suma mensual.

El funcionario, que debería ser un celoso custodio de las formas y los objetivos de la ley, cedió en alquiler la unidad del barrio Los Lapachos de Posadas a Abel Domínguez, hace unos tres años, a cambio de una determinada suma de dinero a ser abonada mensualmente.

Pero debido a los fuertes controles que impuso el organismo para regularizar la tenencia ilegal o con fines económicos, el pasado 15 de noviembre el inquilino Domínguez denunció ante el IProDHa su caso, razón por la que el organismo resolvió quitarle la casa al funcionario.

Ante esa circunstancia, el pasado viernes el inquilino, su esposa y sus dos hijas menores, se retiraron del lugar para cumplir con sus tareas habituales, pero al regresar descubrieron que el acceso a la vivienda había sido tapiado y en el interior se encontraban atrincherados el escribano, su esposa y un policía sin identificación.

No obstante la imposibilidad de acceder a la casa, Domínguez intentó rescatar al menos las ropa de su familia, pero el funcionario renovador dio órdenes al uniformado que rápidamente llegó esposó y detuvo al inquilino, convocaron a una patrulla y lo trasladaron a la comisaría Seccional Quinta.

El inquilino recuperó la libertad horas después, pero el grupo familiar permaneció durante el fin de semana en las inmediaciones con el fin de rescatar sus bienes, como muebles, prendas de vestir además de otras pertenencias de las que se apropió el funcionario en la maniobra por retener la vivienda que alquilaba en forma ilegal, a pesar de su condición de escribano.

DENUNCIA. Dominguez siguió las instrucciones del IProDHa con una presentación escrita. Terminó esposado en la comisaría.

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