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Dos guardaparques confirmaron que Rovira, Derna y Díaz sabían de las coimas en Ecología

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POSADAS. Dos guardaparques confirmaron hoy que los exministros de Ecología, Viviana Rovira y Verónica Derna, además del actual, Juan Manuel Díaz, sabían de las andanzas de cuatro funcionarios de esta cartera que fueron detenidos al ser sorprendidos “in fraganti” cobrando una coima.

El incidente fue protagonizado el viernes pasado por Jorge Mario Zapata, director de Control Forestal; Claudio Daniel Mieth, jefe del Departamento de Control Fijo, además de Héctor Oscar Wolhein y Juan Carlos González, estos últimos de la Unidad de Fiscalización Ambiental, todos de la misma cartera.

Los cuatro fueron denunciados por un agricultor a quien amenazaron con una multa de 500 mil pesos por un supuesto “rozado” sin autorización, pero le dieron la posibilidad de evitar la infracción si en forma inmediata les entregaba 80 mil pesos, a lo que el presunto infractor accedió y denunció a los funcionarios.

Al respecto, el guardaparque Diego Ciarmiello dijo que las irregularidades descubiertas “forman parte de este escenario gris y más oscuro que tiene como víctima a la selva misionera”, reivindicando la tarea que realiza con sus compañeros en defensa del ambiente.

Recordó que “en 2014 la ministra (Viviana) Rovira creó esta unidad y en la misma resolución nombró a estos funcionarios” que fueron detenidos, tratándose de “una unidad transversal a toda la organización del Ministerio, respondían solo a la ministra y a un subsecretario”.

Ciarmello añadió que se trata de las mismas personas que “están involucradas en las denuncias de desmonte de la zona de Urugua-í; en las amenazas de muerte a (inspector del mismo organismo, Mario) Meza. Siempre supimos que hay una enorme falla en el control”, señaló.

Posteriormente atribuyó las irregularidades a un “funcionamiento desprolijo, pero la política de Estado de precarización da a lugar a las coimas. Es un grupo de tareas vinculado a tres ministros: fue creado por Rovira; denunciado durante la gestión de Derna y sale a la luz con Díaz”, todos ministros de Ecología.

Ciarmiello señaló que “el sector forestal viene soportando estos manejos y este señor (el denunciante) se animó, tuvo la valentía y hoy el gobernador debería convocar a todos a denunciar esto que pasa ya desde 2014 y nadie se anima. La gente tiene miedo”.

Al ser consultado acerca de la responsabilidad que le pudiera caber a Juan Solari, subsecretario de Ordenamiento Territorial, quien “desde la etapa de Rovira, siempre estuvo en el mismo cargo”.

En tanto Javier Báez, guardaparque y delegado gremial de ATE, dijo que “si estos funcionarios (detenidos) ya habían sido denunciados, intuimos que el ministro (Diaz) que fue subsecretario de Derna, algo debería haber sabido del tema”.

“Los responsables políticos son los ministros actuantes porque aquellos reciben órdenes directas del titular de Ecología. Hace dos años, ya el compañero Meza denunció aprietes de Juan Carlos González y de Jorge Mario Zapata, pero Ecología hace caso omiso a las denuncias que hacen los colegas. Nadie escuchaba a los compañeros cuando denunciaban esto”, señaló.

Anoche el juez Gerardo Casco confirmó que Zapata había recuperado la libertad tras el pago de la caución de 80 mil pesos, mientras González, Mieth y Wolhein pusieron en garantía un vehículo por 240 mil pesos y serían liberados mañana.


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Al menos 17 familias mbyá reclaman agua en San Ignacio

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El mburuvichá de la comunidad Kokuere´i II, intenta gestionar la realización de un pozo perforado para acceder al agua que les permitirá realizar las tareas domésticas diarias. Actualmente deben caminar un kilómetro para abastecerse, pero aseguran que “es un riesgo” tanto para la salud, como para los niños y las mujeres ante “el acecho de acosadores”.

La faltante de agua no es nueva. El cacique Ramón Duarte dialogó con La Voz de Misiones y recordó que hace 7 años reside en un espacio verde, lindante con la avenida Sargento Cabral de San Ignacio a 800 metros del Río Paraná, y desde entonces “no tienen agua”.

En total son 75 personas que integran esta comunidad, entre ellas 47 niños y 28 adultos, quienes para poder abastecerse deben caminar diariamente hacia el río y recolectar el agua en varios recipientes, para beber, cocinar y cubrir otras necesidades.

Duarte, también lamentó que: “Hace tiempo venimos haciendo el reclamo pero no tenemos respuesta. El año pasado entregué la nota en el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS), falta resolver en la Dirección de Asuntos Guaraníes”. A lo que agregó, “ahora logré que un amigo nos consiga una bomba, cañería y cables, pero falta que alguien nos ayude a conseguir la máquina para hacer la perforación”.

Un derecho vulnerado que dispara múltiples peligros

La faltante de agua, además de atentar contra la salud de las comunidades, pone en riesgo la integridad física y personal de las mujeres, los niños y adolescentes. En un audiovisual producido por el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen, la joven Kerechu Mirí señaló “El lugar para lavar ropa queda lejos, a veces si voy sola tengo miedo de los juruá porque ese lugar está en una propiedad privada”.

Por su parte, Ara Poty agregó: “Necesitamos agua. Aquí vivimos con nuestra abuela y abuelo y hay muchos niños. A ellos necesariamente debemos llevarlos con nosotras al arroyo. Cuando hace mucho calor lo pasamos muy mal, ¿cómo vamos a ir hasta el lugar donde encontramos agua en esa situación?.

A lo que, Jera Poty añadió: “Aquí no tenemos agua, la traemos de lejos. Cuando llueve tratamos de recogerla en tanques. La falta de agua nos trae sufrimiento y la verdad es que ya no sabemos qué hacer. A veces traemos agua en malas condiciones y los niños se enferman”.

A lo que agregó: “Como somos las mujeres las que más vamos solas a lavar ropa, volvemos bien de tardecita y corremos peligro. Los hombres no indígenas llegan y nos molestan, por eso ya no queremos ir”.

Para finalizar, resaltó: “Una vez nos asustó mucho un zorro porque el caminito está en medio de un tacuaral y nos siguió hasta salir al camino más despejado, ese día nos asustamos mucho”. 

La comunidad Jatai Mirí de la cual Jera Poty es miembro, atraviesa la misma problemática. Al respecto, su mburuvichá Lino Brítez, repudió: “Necesitamos agua. De donde nos proveemos queda a mil metros. Pedimos al anterior intendente y al de ahora, igual no nos ayudan. No sabemos qué hacer”. 

También resaltaron que en ciertas épocas del año la vertiente tiende a secarse, por lo que deben esperar a que llueva para higienizarse. “El agua es un derecho humano. Exigimos inmediata solución”, exigió.

 


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La Unam se suma a la marcha universitaria del 23 en defensa de la educación

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La Unam se suma a la marcha universitaria del 23 en defensa de la educación

La Universidad Nacional de Misiones (Unam) convocó a sumarse a la marcha federal del próximo martes 23 de abril en “defensa de la educación pública, gratuita y de calidad” contra el ajuste presupuestario que lleva adelante el gobierno de Javier Milei en todas las casas de estudio públicas del país.

El anuncio fue comunicado esta mañana en una conferencia de prensa en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que estuvo encabezada por el vicerrector Sergio Katogui, en conjunto con otras autoridades de la Unam, docentes, no docentes y representantes del estudiantado.

Ante los medios de comunicación, Katogui informó las razones por las cuales la universidad decidió sumarse a la movilización nacional y confirmó que se realizará en las tres regionales, Posadas, Eldorado y Oberá.

Degradación universitaria

El vicerrector expresó que el ámbito académico entiende que el valor que se asigna a la educación en general, y a la pública en partícula, es de un acto de “degradación” por parte del actual gobierno y argumentó que esto se ve reflejado en “el gesto de desaparecer” la cartera ministerial y transformarla en una subsecretaría y, en el caso, concreto de las universidades en “una subsecretaría de Políticas Universitarias”.

Otras de las cuestiones a las que se refirió el Katogui fue la prórroga del presupuesto académico de 2023, el cual afirmó que fue insuficiente el año pasado, por lo cual el gobierno anterior tuvo que “repetir dos cuotas” para el gasto del funcionamiento de la casa de estudio.

En esa línea, sostuvo que, además de las cuestiones presupuestarias para el funcionamiento general de la universidad,  “tocan directamente a los intereses de los docentes y no docentes, que es la cobertura salarial“.

Por último, Katogui apuntó: “Hoy tenemos a nuestros docentes y no docentes con sus salarios retrasados respecto a la inflación y nos hemos visto en todas nuestras actividades disminuidas, recortadas, pero sin posibilidades de, por lo menos, repetir, y ni hablemos de aumentar el nivel general de nuestras actividades”.

Cabe mencionar que en febrero, el Consejo Superior de la Universidad resolvió declarar la emergencia presupuestaria en todo el ámbito de la casa de estudios por tiempo indeterminado, además de otorgarle facultades extraordinarias a la rectora Alicia Bohren a los fines de “ajustar los procedimientos para garantizar el normal funcionamiento de todas las Unidades académicas”.

Marcha federal

Con ese panorama expuesto por una de las autoridades de la Universidad Nacional de Misiones, los estudiantes, docentes, no docentes y directivos de las tres regionales marcharán a la par de las casas de estudios públicas de todo el país.

En Posadas, habrá dos puntos de concentración. El primer lugar será la Escuela de Enfermería, ubicada en la intersección de las avenidas Moreno y López Torres, a las 14.30. Desde allí se trasladarán al mástil de la avenida Bartolomé Mitre, a las 15.30, y finalmente marcharán por las calles del centro de la capital hasta la plaza 9 de Julio.

En la regional de Eldorado, las autoridades de la Facultad de Ciencias Forestales convocó a las 16 en la avenida San Martín, frente a cooperativa de electricidad de la ciudad.

En tanto, en Oberá, la concentración también será a las 16, en el predio de las Facultades de Ingeniería y Arte y Diseño, por calle Carhué al 832.

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La Mesa Provincial No a las Represas rechazó reabrir el debate sobre Corpus

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El colectivo conformado por más de cuarenta organizaciones sociales, ambientalistas, religiosas y gremiales calificó como “una verdadera ofensa para la ciudadanía misionera” el nuevo intento, por parte de funcionarios provinciales y nacionales, y en particular del ministro de Hacienda Adolfo Safrán, de avanzar con la obra hidroeléctrica que, según el proyecto, se emplazaría junto a la isla Pindoí en el municipio de Corpus.

A través de un comunicado, la Mesa Provincial NO a las Represas recordó que el pueblo misionero “con total convicción y responsabilidad definió una clara respuesta al respecto”, y que “lo continúa manifestando en toda ocasión que sea necesario, como en la ‘consulta popular’, llevada a cabo en 2014, en la que el 98% de misioneros y misioneras volvieron a decir NO a las Represas en Misiones”.

En este sentido, exigieron que “el gobierno provincial que se comprometa en ser garante cumpliendo la ley aprobada por nuestros representantes en la Legislatura provincial y que contó con el respaldo de más del 80% de los misioneros”, haciendo alusión al plebiscito de 1996 y la ley 11 – Nº 15, sancionada ese mismo año, que prohíbe la creación de nuevas represas sobre el río Paraná.

También recordaron que por ley Misiones es considerada “Capital Nacional de la Biodiversidad”, al encontrarse ubicada sobre una de las reservas de agua dulce más importantes del planeta, donde “preserva espacios naturales que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático y plantea profundizar un modelo productivo sustentable más amigable con el ambiente”.

Sobre esto, resaltaron: “Se debería desterrar en forma definitiva la discusión acerca de estos mega emprendimientos que van totalmente en contra de lo mencionado, tal como lo podemos apreciar en los efectos ambientales, sociales y en salud generados, y nunca superados, por la represa de Yacyretá”.

Para cerrar, apuntaron contra las últimas declaraciones del ministro de Hacienda. “Los tiempos han cambiado -manifiesta el ministro Safrán- y nosotros le decimos que tiene razón, ya que en los 28 años transcurridos desde el plebiscito sobre Corpus el cambio climático se ha profundizado, el descontrolado desmonte en el Amazona y aquí en el Corredor Verde de nuestra provincia ha avanzado en forma alarmante la contaminación de nuestros ríos, consecuencia del crecimiento industrial y la minería en Brasil y las enfermedades generadas como consecuencia de la proliferación de vectores se han vuelto endémicas, transformando a estos proyectos como inviables definitivamente”.

Antecedentes

El proyecto de creación de la represa Corpus sobre el río Paraná, entre Argentina y Paraguay, inició en la década del 60 y decantó en un nuevo trabajo basado en estudios realizados en 1983 por el Consorcio Lameyer-Harza y Asociados; Knight Piesold; Consorcio Harza-IATASA y Tecma.

La iniciativa fue rechazada por voluntad del pueblo misionero en un plebiscito obligatorio y vinculante, llevado a cabo el 14 de abril de 1996 y ratificado por la Ley 11 – N.º 15 (Ex 3294/96), la que prohíbe la construcción de cualquier represa sobre el río Paraná.

Días atrás, el ex senador del PRO, Humberto Schiavoni, en una columna del diario porteño La Nación, pidió reabrir la discusión sobre la construcción de la represa de Corpus, intención a la que se sumó el ex titular de la EBY, Oscar Alfredo Thomas, en una carta publicada por el portal Plan B Misiones.

Sin ir más lejos, el propio ministro de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de Misiones, Adolfo Safrán, entrevistado por el diario Primera Edición, apoyó la idea de creación de Corpus y la generación de energía mediante complejos hidroeléctricos, aunque reclamó “proyectos viables” a la Nación.

En este contexto, desde la Mesa Provincial No a las Represas, adelantaron a La Voz de Misiones que se encuentran organizando una reunión prevista para los próximos días, en la que, con los diferentes sectores integrantes, evaluarán los pasos a seguir para impedir una posible violación a la legislación vigente.

 


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