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La Argentina está segunda en inflación, solo por debajo de Venezuela que es inalcanzable

Con 24,8 por ciento de inflación durante 2017, la Argentina se ubicó en el segundo lugar de los países con mayor registro, solo superada por Venezuela que registró un inalcanzable 2.616 por ciento, según el ránking latinoamericano de evolución de los índices correspondiente a los país de la región.

De acuerdo con las estimaciones regionales, Argentina cerró 2017 con una inflación de 24,8 por ciento, según informó el Instituto Nacional de Estadística (Indec), lo que la coloca como la segunda más alta de América Latina.

El Índice de Precios al Consumidor acusó en diciembre un salto de casi dos puntos porcentuales en comparación con el mes previo (1,4%), y también con el registro de un año atrás (1,2%), a 3,1 ciento.

El impulso al fin de un año electoral se explicó por la postergación de las autorizaciones de incrementos de los precios regulados, para no afectar el humor de las familias en plena campaña.

Los rubros más alcistas en diciembre fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 17,8%; transporte 3,2%; y equipamiento del hogar 2,9%; en tanto en el año ascendió a 24,8%; con 55,6% el rubro vivienda; 34,1% transporte y 31,5% educación.

En tanto, la inflación en Venezuela cerró 2017 en 2.616 por ciento, según datos que presentó la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, ante la ausencia de información sobre estos indicadores por parte del Banco Central (BCV).

El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, el opositor José Guerra, indicó que la inflación del país caribeño está desbocada por “la impresión de dinero del Banco Central para financiar el déficit del Gobierno” de Nicolás Maduro.

“El 70% del déficit del Gobierno venezolano para el año 2017 fue financiado con impresión de dinero”, dijo Guerra, quien agregó: “La inflación es distinta a la hiperinflación porque la inflación dentro de todo es normal. Una hiperinflación es insoportable. Es la ruina de un país”.

La inflación en México registró su nivel más elevado desde el 2000 al cerrar el 2017 con un 6,77 por ciento, un resultado motivado por el alza en el precio de los combustibles, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Uruguay bajó 0,31 por ciento en diciembre de 2017 respecto al mes anterior, lo que llevó a que la inflación acumulada en los últimos 12 meses se ubicara en 6,55%, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Guatemala, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegó a 0,95 puntos en diciembre y Guatemala cerró el 2017 con una inflación de 5,68 por ciento, mientras que Nicaragua cerró 2017 con una inflación de 5,68%, lo que supuso 2,55 puntos porcentuales más que el año anterior, informó el Banco Central.

La inflación en Colombia en 2017 fue de 4,09%, 1,66 puntos porcentuales menos que la cifra reportada en 2016, que fue de 5,75%, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Paraguay cerró el 2017 con una inflación de 4,5%, dijo el Banco Central, un alza impulsada principalmente por los alimentos y en particular la carne vacuna, que se ubica en el rango superior de la meta prevista por la entidad, en tanto que Brasil cerró 2017 con una inflación del 2,95%, lo que supone el menor incremento de precios en el país desde 1998 (+1,65%), informó el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

El índice de precios de consumo (IPC) anual en Bolivia se situó a fines de 2017 en 2,71%, por debajo de la proyección oficial del Gobierno de 5,03%, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Jubilados con 30 años de aporte cobrarán $ 543 de aumento para llegar al 82% del salario mínimo

Los jubilados con 30 años de aporte comenzarán a cobrar esta semana un incremento de 543 pesos, equivalente al 6 por ciento, para llegar al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil, pero lejos del 14 por ciento que les hubiera correspondido con el sistema anterior.

El desembolso comenzará el miércoles para 1,3 millones de beneficiarios, fue presentado como uno de los puntos a favor del nuevo esquema de cálculo, y ya que apunta directamente a los que se jubilaron sin moratoria y que actualmente perciben la mínima o un poco más.

Este grupo se constituirá en una especie de “elegido” para acceder al 82 por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), pero como este parámetro en enero sube a 9.500 pesos, la jubilación mínima pasará automáticamente de los actuales 7.247 a 7.790 pesos. Un incremento máximo de 543 pesos, 7,5 puntos porcentuales.

De acuerdo con las estimaciones de los especialistas, algunos jubilados que cobran por encima de la mínima, pero no llegan a los 7.790, también tendrán subas. Por ejemplo, “1.328.707 personas recibirán un incremento promedio de 528 pesos, lo que representa una erogación para ANSeS de 697.386.039,20 pesos”.

En julio, se repetirá un panorama similar: el SMVM sube a 10.000 pesos. Al aplicar el 82 por ciento, la mínima para los que hicieron sus 30 años de aportes antes de jubilarse pasará a 8.200 pesos.

En marzo, en cambio, se dará una situación particular: este grupo de jubilados de la mínima con 30 años de aportes recibirá el bono compensador de 750 pesos, pero no tendrá aumento por movilidad, ya que estará en el umbral del 82 por ciento móvil por la suba de enero.

Según los cálculos del Gobierno, este será uno de los pocos grupos de jubilados que no perderá con el cambio de fórmula. La diferencia entre ambas normas deja un desfasaje fuerte en marzo: con la fórmula anterior se preveía una suba de cerca de 14 por ciento; con la nueva no llegará al 6 por ciento. De ahí la introducción de apuro del bono compensador, que, de todos modos, compensa sólo una parte y para un sector.

Si se comparan los haberes de los jubilados de la mínima con 30 años de aportes, con la vieja fórmula y la nueva, más el bono compensador, se puede determinar en resumen un empate.

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Un nuevo aumento sacude a los fumadores, desde hoy un 5% más caros

Los precios de los cigarrillos de Massalin Particulares suben a partir de este lunes un 5% en promedio “para afrontar la suba de sus costos”, informó la empresa.

Entre las principales marcas que la firma comercializa se encuentran Marlboro, que pasa a costar $58 en su versión KS y $59 en su versión box y Philip Morris, que sube a $55 el paquete y $56 la caja.

Por su parte, Chesterfield pasa a valer $46 y $48 en sus versiones, al tiempo que otras marcas como Benson & Hedges, Parliament y Virginia Slims tienen un costo de $64.

Massalin Particulares subrayó que “el sector tabacalero soporta en la Argentina una alta presión fiscal, que se ubica entre las más elevadas a nivel mundial, situación que se mantuvo con la última y reciente reforma fiscal”.

“Es importante recordar a los puntos de comercialización de todo el país que, según la Resolución N°110/1991 del Ministerio de Economía de la Nación, está prohibido modificar los precios de venta al público de los cigarrillos publicados por las empresas tabacaleras”, apuntó.

Además, resaltó: “Massalin Particulares desea recordar a los consumidores que pueden acceder de manera permanente a la lista oficial de precios al público de los cigarrillos ingresando al sitio web de AFIP”.

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El Gobierno quiere transparentar los aportes que reciben los partidos políticos en campaña

El gobierno de Mauricio Macri intentará avanzar este año con un proyecto de ley que apunta a transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, principalmente ante cada desafío electoral, terminando con la denominada “simulación de aportes” que dominan este costado de la política argentina.

El interés del oficialismo radicaría no solamente en los manejos de otros partidos, sino también en el propio ya que de acuerdo con informes de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80 por ciento de los donaciones a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi 40 millones de pesos fueron en efectivo.

Además, diarios nacionales indicaron que en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde 10.000 pesos en adelante, generan todo tipo de suspicacias

Ante ese panorama, que no es nuevo, el Gobierno pretende al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.

El proyecto, si bien estaba incluido entre las prioridades del oficialismo, no se llegó a impulsar debido al fracaso de la Reforma Política en el Senado, motivo por el cual próximamente el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero.

La participación de Sánchez se confirmó recientemente con su designación como secretario de Fortalecimiento Institucional, quedando a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento, así como la convocatoria a extraordinarias para febrero por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El año pasado, en vísperas de la campaña legislativa y tras el fracaso de la Reforma Política, el Gobierno había empezado a promover el debate en torno a la modificación de la actual ley de financiamiento. A mediados de año, reunió en Casa Rosada a referentes de algunos de los partidos de la oposición y a referentes de organizaciones civiles como CIPPEC, Poder Ciudadano y Transparencia Internacional.

El proyecto prevé la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas.

En el 2015, la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.

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