Se trata Enrique Oscar Díaz Esmendi. Es por pedido de empresarios y partidarios del Pro.

En la variopinta alianza Cambiemos que hay en Misiones, algunos de sus miembros susurran las crecientes desconfianzas que hay en torno a los bienes de Enrique Oscar Díaz Esmendi. Se trata de un empresario con pocos antecedentes comerciales que maneja el estratégico Departamento de Obras Complementarias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) desde que Mauricio Macri gobierna el país.

Hay quienes creen que Enrique llegó a su cargo gracias al aventón que le dio Humberto Schiavoni cuando asumió por segunda vez al frente a la EBY, aunque en privado el ahora senador desmiente aquella versión y desliza que el enigmático empresario “nunca fue del PRO” y llegó en el marco de “un acuerdo” del que diplomáticamente parece haberse olvidado.

Las sospechas sobre el presunto crecimiento patrimonial de Díaz Esmendi tomaron vuelo cuando comenzó a circular la versión sobre su participación en la compra del Complejo La Aventura. Aquel trascendido no fue confirmado ni desmentido desde Turismo Operativo Misionero SA, la firma que regentea el megacomplejo La Aventura, vinculada al operador todoterreno Enrique “Coti” Nosiglia.

En cualquier caso, actores relevantes del Pro Misiones fueron quienes le solicitaron, durante un encuentro informal con el delegado regional de la Unidad de Información Financiera, Gustavo Abrazian, que sea su dependencia quien despeje dudas sobre el patrimonio de Díaz Esmendi.

EN LA EBY. Enrique Oscar Díaz Esmendi conduce el Departamento de Obras Complementarias de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) desde que Mauricio Macri es presidente.

La última compra que realizó el funcionario, por lo menos a su nombre, fue en abril de éste año: una imponente camioneta cero kilómetro Toyota SW4 4×4 SRX 2.8, valuada en 1.200.000 pesos. Un vehículo cuyo valor no escapa a los 206.865 pesos que cobra mensualmente en la EBY, más si fue adquirido mediante un crédito o con los ahorros que pudo haber guardado mientras dirigía la empresa Servicios Urbanos S.A.

Según la asamblea general extraordinaria del 6 de marzo de 2013 de la firma Servicios Urbanos, se designó como presidente del directorio a Díaz Esmedi y al brasileño Carlos Sebastiao Andriani como vicepresidente. Al poco tiempo la firma se quedó con un millonario negocio: El funcionamiento del Sistema Único de Boleto Electrónico de Misiones, más conocido como Sube Misionero.

Unos años después, el diputado provincial del Partido Agrario y Social Héctor “Cacho” Bárbaro denunció la relación entre Servicios Urbanos SA y el monopólico grupo de transporte urbano que maneja la firma Casimiro Zbikoski SA. En aquel momento, el entonces legislador dijo que “en 2007 inscribieron la empresa Servicios Urbanos SA en el Registro Público de Comercio y en el acta constitutiva, que es un acta de Escribano, consta que quienes fundaron la empresa son Don Casimiro, Tipoka y Nuestra Señora del Rosario. Ellos pusieron el capital inicial para crear la firma Servicios Urbanos SA con el objeto de hacerse cargo de la emisión de tarjetas de boleto electrónico y la colocación de las máquinas expendedoras”. De alguna manera, quienes manejaron la tarjeta SUBE eran las mismas empresas a cargo del transporte público de pasajeros.

Bárbaro explicó en aquel momento que había “un control falso, porque nadie se controla a sí mismo, es una estafa a la credibilidad pública y una burla a la gente, y un negocio que queremos develar porque es millonario y perjudica a miles y miles de ciudadanos”.

El exconcejal Daniel Amarilla también fue de frente contra el ahora empresario: “Enrique Díaz Esmendi es el testaferro de Marcelo Zbikoski”, denunció a los medios, en referencia al gerente de Servicios Urbanos, la empresa que emite las tarjetas y el titular de la empresa de colectivos. “Esto es un curro que hicieron entre los intendentes, el gobernador y Zbikoski, es vergonzoso”, dijo.

EN LA TELE. Díaz Esmendi, como representante de Servicios Urbanos (Sube Misionero) en el programa de Dominio Público, Canal 4.

A excepción de Esmendi, la firma Servicios Urbanos siempre tuvo un ir y venir de miembros en su directorio. Uno de ellos fue el joven abogado Daniel Mariano Blariza que en 2015 pasó de ser un simple monotributista a director de Servicios Urbanos con sólo 32 años. Aquel fue un buen año para él, en menos de un mes tuvo el cargo de “condómino administrador” de cuatro empresas porteñas dedicadas a la fabricación de productos químicos, otra de químicos de uso agropecuario, una tercera de producción de resinas, y una cuarta que, entre otras actividades, ofrece servicios de financiación y actividades financieras.

Según la página de internet de Servicios Urbanos S.A. la empresa se dedica a administrar “las terminales de transferencia de pasajeros del TIM, y el medio electrónico de pago de boletos (SUBE Misionero) utilizado por quienes a diario se trasladan en los ómnibus del área metropolitana. Somos responsables del bienestar de los pasajeros durante su estadía en los nodos de transferencia…”.

Fiel a su bajo perfil, el portal on line de Servicios Urbanos no indica cómo está conformado su directorio, ni quiénes son sus accionistas.

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