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Desde el Gobierno adelantan que este año no habrá bono navideño para nadie

Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos.

Así lo confirmaron a Clarín altas fuentes del Gobierno, que recordaron que el año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Fue, remarcan, una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos. Así, esa carta les permitió al vicejefe de Gabinete Mario Quintana y al ministro de Trabajo Jorge Triaca destrabar las negociaciones.

Pero, según consideran en Balcarce 50, “este año es distinto”. “No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe”, indican.

En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. “Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016”, exponen.

En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre $ 2.000 y $ 3.500.

No obstante, como adelantó Clarín días atrás, sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular.

Esos $ 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“No vamos a enviar un solo peso más”, avisaron en Casa Rosada. Empoderado, el ex ceo y fundador de Farmacity no hace excepciones ni siquiera con los ministros favoritos de Macri.

¿Cómo se explica el bono para las organizaciones sociales? Se trata, en definitiva, de un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.

Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará este semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social. Serán recibidos, en principio, por Sofía Torroba, jefa de Gabinete de la Secretaría de Economía Social, la interlocutora con las organizaciones por este tema. Y no descartan que se sume la ministra Stanley.

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Moyano arremetió contra el Gobierno por los ajustes ante una multitud, pero no llamó al paro

BUENOS AIRES. El líder de los camioneros, Hugo Moyano, ante una multitud criticó con dureza la política de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, y aunque no llamó una jornada nacional de protesta como se esperaba, denunció una campaña para “destruir las organizaciones sindicales”.

Moyano fue el encargado de cerrar la convocatoria que reunió a sindicatos cercanos, al kirchnerismo y organizaciones sociales que por su heterogeneidad dejaron un amplio margen para los análisis de la realidad que atraviesa al peronismo en la actualidad, sin conclusiones contundentes.

Desde el escenario montado en la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano, Moyano dijo de entrada: “No estoy implicado en ninguna causa de corrupción por ahora. Si tuviera un problema, tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos en la dictadura cuando muchos de estos señores estaban debajo de la cama. Y después me hicieron la joda de la droga. No me cagué nunca”, dijo.

El desafío fue largamente festejado ya que se tomó como una respuesta a los voceros del macrismo que dejaron antes aseguraron que con el acto, el gremialista buscaba presionar a los jueces lo investiguen a él y a su familia.

“Les digo a estos señores y les ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores. Lo digo de corazón, compañeros. Acá estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera”, expresó.

Desde la multitud se escuchó el cántico que ya hizo tradicional en los estados de fútbol: “Mauricio Macri la puta que te parió…”, a lo que el orador respondió: “No, dejenmelo, no hace falta compañeros”, tras lo cual reiteró lo que otros dirigentes habían expresado con respecto a la gestión del Gobierno.

“El objetivo es decirle al Gobierno: ‘Señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros jubilados, que los han engañado con la reparación histórica’. ¿Reparación histórica de qué? Si hay jubilados que han cobrado $100”, dijo.

Afirmó que los anuncios del oficialismo son “mentiras, se ríen de nosotros, (los periodistas) les ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. La política económica que llevan adelante es para perjudicar a los que menos tienen”, negando las acusaciones de desestabilización lanzadas desde algunos sectores contra los organizadores de la movilización.

“No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno que no apliquen más políticas que hambreen a nuestros trabajadores y a nuestros hijos, porque están hipotecando al país”, dijo.

Po último remarcó que “hay más de 1,5 millones de pobres en este país, este Gobierno los ha multiplicado, y nos quieren hacer creer que están llevando adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira compañeros, y los ataques que recibimos las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores, que son las organizaciones gremiales”.

La desconcentración se realizó sin incidentes, y aunque también hablaron Juan Carlos Schmid, Sergio Palazzo, Pablo Micheli, Esteban Castro y Hugo Yasky, fue Moyano el encargado de darle el condimento político-partidario cuando aconsejó: “cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática, sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país”.

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Polémica: Ordenan pagarle $ 350 mil pesos a un preso condenado a perpetua por tres asesinatos

La Justicia condenó al Gobierno de Mendoza a indemnizar con $ 350 mil a Enrique Hugo Montuelle Masmuk (38), uno de los presos más sanguinarios de la provincia, por los “daños físicos y agravio moral” sufridos durante su estadía en la cárcel.

Montuelle Masmuk no es un interno más del servicio penitenciario mendocino: está preso desde fines de 2003 y cometió tres brutales homicidios dentro del antiguo penal de Boulogne sur Mer, de la capital provincial.

Ese mismo detenido inició un reclamo civil contra el Estado mendocino, ya que asegura que su salud física y mental se agravó durante su reclusión.

En su denuncia menciona que ingresó a la cárcel en “un estado de salud totalmente normal tanto física como mental” pero luego sufrió “encierros prolongados sin luz, baños sin agua, falta de entrega de frazadas en invierno, quita de comida”.

Además el 29 de enero de 2013, cuando ya estaba alojado en el pabellón de máxima seguridad del complejo penitenciario de Almafuerte, fue atacado por otros internos, que lo apuñalaron. Tuvo que ser operado y perdió el bazo y parte del intestino.

El juez Juan Darío Penisse rechazó en primera instancia la demanda, que superaba los $ 700 mil, argumentando que “se trata de una persona peligrosa con personalidad antisocial, conducta violenta y desbordes impulsivos”. También destacó “la falta de adaptación al régimen penitenciario” y las adicciones a las drogas de Montuelle Masmuk.

“Se toma en cuenta su participación en el hecho que se juzga, no sus antecedentes. Y si es tan peligroso mayores tendrían que ser los cuidados para que deje de ser un riesgo para los demás y para sí mismo. Tenemos que juzgar en base a las pruebas del expediente y al derecho en que se sustenta”, aseguró el juez Gustavo Colotto, quien integra esa Cámara junto a sus pares Graciela Mastracusa y Sebastián Márquez Lamená.

Colotto agregó en declaraciones a Mdz Radio que a Montuelle Masmuk “en una riña que se produce entre varios presos lo tienen que internar y le extirpan el bazo. El Estado tiene la responsabilidad de evitar que existan este tipo de riñas y de que existan objetos punzantes en el ámbito carcelario. El daño se produce porque fue herido con un arma blanca”.

El fallo obliga a la Provincia a abonarle al preso $ 350 mil ($150 mil por daños físicos y $ 200 mil por agravio moral) en los próximos diez días. Pero el monto es superior ya que el Estado tiene que pagar $150 mil a los abogados y $21 mil a los peritos médicos.

Entre los argumentos de la polémica sentencia se menciona las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”.

Según publicó el diario Los Andes, además los magistrados indicaron que el asesino padece severos problemas patológicos de orden psicológico por pasar “13 años de encierro en malas condiciones ambientales, en aislamiento, con varios hechos de autoagresión y heteroagresión”.

También criticaron el fallo en primera instancia, que hacía mención a que Montuelle Masmuk “nunca se adaptó al sistema penitenciario”. Los jueces de la Tercera Cámara de Apelaciones consideraron “absolutamente inadmisible” esa opinión.

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Renunció el subsecretario de Macri que se olvidó de declarar una cuenta de más de 1 millón de dólares

POSADAS. Finalmente Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la Presidencia de la nación, le presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra.

En las últimos horas, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo, desatado por una publicación del diario El País de España.

La titular de la OA, Laura Alonso, le solicitó autorización al Ministerio de Justicia para acceder a los anexos reservados de la declaración jurada. El aval de la oficina que conduce Germán Garavano llegó y Alonso pudo comprobar que efectivamente Díaz Gilligan no había declarado el depósito de USD 1,2 millones en Andorra.

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