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La viuda y el hijo de Pablo Escobar, más complicados por narco-lavado en Argentina

La viuda y el hijo del narcotraficante, en sociedad con un empresario argentino, blanquearon el dinero en este país
Parte de la fortuna que generó y perteneció al líder narco Pablo Emilio Escobar Gaviria, y que se encontraba en Colombia, su país natal, terminó en Argentina.

Después del asesinato de Escobar, se encontró una herencia de al menos 170 millones de dólares en Colombia. Parte de esa fortuna quedó en manos de su esposa y su hijo, Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao, quienes luego de ser rechazados en varios países encontraron asilo en Argentina, donde cambiaron su nombre y obtuvieron su residencia como María Isabel Santos y Sebastián Marroquín.

“El narcotraficante Piedrahita Ceballos, heredero de Pablo Escobar, tenía un contacto en la Argentina al que le traía todo su dinero que era blanqueado en nuestro país como si este fuera un gran paraíso del narcotráfico”, explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una entrevista concedida al programa La Cornisa.

La funcionaria destacó que “esto comenzó en el 2010” cuando “la Argentina era un ducto en el que entraba el dinero del narcotráfico”. “¿Quién era el administrador de este dinero narco? El abogado Corvo Dolcet”, indicó.

“Cuándo Dolcet fue detenido junto con otras personas, se descubrió algo inédito e impresionante para nuestro país: Hay un documento por el que la familia de Escobar le presentó a Piedrahita Ceballos, ante Corvo Dolcet, a partir de una comisión de 4.5 %, todo el negocio de blanqueo del dinero del narcotráfico que iban a hacer en Argentina. Es decir que la viuda y el hijo que venían acá diciendo ‘no queremos saber nada con el narcotráfico’, volvieron a las andanzas de Escobar”, afirmó Bullrich.

La agencia antidrogas norteamericana (DEA), a través de la policía colombiana, detuvo en Colombia, en septiembre de este año, a José Bayron Piedrahita Ceballos. En Argentina la Gendarmería y Policía Federal Argentina detuvieron al inversor Mateo Corvo Dolcet y a cinco integrantes de la organización que se investiga por el lavado de activos a través de empresas e inversiones en este país.

“Todo un montaje de empresas fantasmas cuyo objetivo era blanquear este dinero. En la Argentina junto con Colombia hemos hecho la operación más importante para encontrar cuales son las ramas que han continuado hacia nuestra tierra el cartel de Medellín, de Cali, y quienes han sido sus contacto”, aseguró la ministra Bullrich.

Estas detenciones derivaron a su vez en una serie de allanamientos en Argentina, en los que fueron detenidos la esposa de Corvo Dolcet, María de los Ángeles Verta, Esteban Adrián Del Río, Antonio Pedro Ruíz, María Gabriela Sánchez y Marcelo Gustavo Pera. Todos ellos quedaron en prisión acusados de integrar una red dedicada al lavado de activos, provenientes de las actividades de narcotráfico desarrolladas por Piedrahita Ceballos, quien fue incluido por la Office of Foreign Assets Control of the US Departament of The Treasury” en la lista “Foreign Narcotics Kingpin Destignation Act”, más conocida como la ‘Lista Clinton’.

“La organización criminal que lideraba Piedrahita operaba en nuestro país por medio de Mateo Corvo Dolcet, quien es conocido como un próspero empresario, con participación en numerosas sociedades dedicadas a la construcción, servicios de cafetería, representaciones y proyectos inmobiliarios de empresas”, señaló Gerardo Milman, actual secretario de seguridad interior.

Milman enumeró las empresas que utilizaba Dolcet para los proyectos inmobiliarios. Estas son: PILAR BICENTENARIO S.A (Ex LAS RECOVAS DE PILAR S.A.), EMBAPRI S.A., DUAC S.A, ANEXO CHILE S.A, INSULA URBANA S.A, PROYECTO CALLE CHILE S.A, MCD INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A y SANTA CATALINA SERVICIOS MÉDICOS S.R.L.

Por otra parte, informes de la UIF determinaron que las inversiones para lavar activos se enfocaban en determinados sectores o unidades de negocio. Por un lado, una serie de emprendimientos inmobiliarios llevados a cabo por el grupo económico encabezado por Corvo Dolcet. Por el otro, actividades de servicios de bar/confitería y de producción de espectáculos, a través de las sociedades CLUB MONSERRAT S.A. (CAFÉ DE LOS ANGELITOS) y TANGO SUITE S.A, encabezadas por Antonio Pedro Ruíz.

Las inversiones de Dolcet a nivel local tenían ambiciosos emprendimientos inmobiliarios en los kilómetros 46 y 47 de la Autopista Panamericana, en Pilar: COUNTRY URBANO, PILAR BICENTENARIO e INSULA URBANA.

La herencia de Pablo Emilio Escobar Gaviria se dividió en dos. Por un lado, la línea de sangre que heredó su hijo Sebastián Marroquín y su hermana Juana Manuela Marroquín Santos (cuya identidad anterior es Manuela Escobar Henao). Por otro, la de los carteles, el crimen y el dinero de la droga, quedó en manos de Piedrahita Ceballos, acusado por el manejo del Cartel de Cali, el residual del Cartel de Medellín.

La DEA, la policía de Colombia, la Justicia, la PROCUNAR, la UIF, la AFI, la Gendarmería Nacional Argentina y el Ministerio de Seguridad de este país siguieron la ruta dinero de la herencia de Escobar que desembarcó en la Argentina en los años 90′, de la mano de la viuda y el hijo del narcotraficante, para armar una estructura de lavado.

De ese desembarco quedó un documento escrito, en el que Sebastián Marroquín, hijo de Escobar, y el inversor argentino Mateo Corvo Dolcet firmaron un pacto recíproco en 2011 con Piedrahita Ceballos para cobrar una comisión sobre los montos millonarios de dinero, producto del tráfico de drogas.

“En Colombia hay una ley que nosotros necesitamos, muy importante, de extinción de dominio. Piedrahita sabía que le iban a extinguir el dominio de sus bienes, entonces empezó a hacer circularlos para Argentina”, explicó Patricia Bullrich.

“Es un orgullo que hoy Argentina sea un país no amigable para el lavado de dinero del narcotráfico, un narcotráfico que ha sido el peor de la historia”, contó la ministra, al tiempo que afirmó: “Pablo Escobar bajó un avión, mató a los principales políticos, fue la etapa más dura, más sangrienta. Y eso tenía en la Argentina una terminal”. “Estamos hablando de 14 millones de dólares que son solo los que se contabilizan en ladrillos”, aseguró.

Para Gerardo Milman la “Argentina parecía ser un país fácil para la entrada de dinero no controlad, se hacía la vista gorda”. En esa línea, destacó que “se investiga si ese dinero fue para la política”. Ahora la Unidad de Investigación Financiera (UIF) le pidió a la justicia que cite a indagatoria a la viuda y al hijo de Escobar, quienes viven en Capital Federal.

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Moyano arremetió contra el Gobierno por los ajustes ante una multitud, pero no llamó al paro

BUENOS AIRES. El líder de los camioneros, Hugo Moyano, ante una multitud criticó con dureza la política de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, y aunque no llamó una jornada nacional de protesta como se esperaba, denunció una campaña para “destruir las organizaciones sindicales”.

Moyano fue el encargado de cerrar la convocatoria que reunió a sindicatos cercanos, al kirchnerismo y organizaciones sociales que por su heterogeneidad dejaron un amplio margen para los análisis de la realidad que atraviesa al peronismo en la actualidad, sin conclusiones contundentes.

Desde el escenario montado en la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano, Moyano dijo de entrada: “No estoy implicado en ninguna causa de corrupción por ahora. Si tuviera un problema, tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos en la dictadura cuando muchos de estos señores estaban debajo de la cama. Y después me hicieron la joda de la droga. No me cagué nunca”, dijo.

El desafío fue largamente festejado ya que se tomó como una respuesta a los voceros del macrismo que dejaron antes aseguraron que con el acto, el gremialista buscaba presionar a los jueces lo investiguen a él y a su familia.

“Les digo a estos señores y les ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores. Lo digo de corazón, compañeros. Acá estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera”, expresó.

Desde la multitud se escuchó el cántico que ya hizo tradicional en los estados de fútbol: “Mauricio Macri la puta que te parió…”, a lo que el orador respondió: “No, dejenmelo, no hace falta compañeros”, tras lo cual reiteró lo que otros dirigentes habían expresado con respecto a la gestión del Gobierno.

“El objetivo es decirle al Gobierno: ‘Señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros jubilados, que los han engañado con la reparación histórica’. ¿Reparación histórica de qué? Si hay jubilados que han cobrado $100”, dijo.

Afirmó que los anuncios del oficialismo son “mentiras, se ríen de nosotros, (los periodistas) les ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. La política económica que llevan adelante es para perjudicar a los que menos tienen”, negando las acusaciones de desestabilización lanzadas desde algunos sectores contra los organizadores de la movilización.

“No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno que no apliquen más políticas que hambreen a nuestros trabajadores y a nuestros hijos, porque están hipotecando al país”, dijo.

Po último remarcó que “hay más de 1,5 millones de pobres en este país, este Gobierno los ha multiplicado, y nos quieren hacer creer que están llevando adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira compañeros, y los ataques que recibimos las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores, que son las organizaciones gremiales”.

La desconcentración se realizó sin incidentes, y aunque también hablaron Juan Carlos Schmid, Sergio Palazzo, Pablo Micheli, Esteban Castro y Hugo Yasky, fue Moyano el encargado de darle el condimento político-partidario cuando aconsejó: “cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática, sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país”.

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Polémica: Ordenan pagarle $ 350 mil pesos a un preso condenado a perpetua por tres asesinatos

La Justicia condenó al Gobierno de Mendoza a indemnizar con $ 350 mil a Enrique Hugo Montuelle Masmuk (38), uno de los presos más sanguinarios de la provincia, por los “daños físicos y agravio moral” sufridos durante su estadía en la cárcel.

Montuelle Masmuk no es un interno más del servicio penitenciario mendocino: está preso desde fines de 2003 y cometió tres brutales homicidios dentro del antiguo penal de Boulogne sur Mer, de la capital provincial.

Ese mismo detenido inició un reclamo civil contra el Estado mendocino, ya que asegura que su salud física y mental se agravó durante su reclusión.

En su denuncia menciona que ingresó a la cárcel en “un estado de salud totalmente normal tanto física como mental” pero luego sufrió “encierros prolongados sin luz, baños sin agua, falta de entrega de frazadas en invierno, quita de comida”.

Además el 29 de enero de 2013, cuando ya estaba alojado en el pabellón de máxima seguridad del complejo penitenciario de Almafuerte, fue atacado por otros internos, que lo apuñalaron. Tuvo que ser operado y perdió el bazo y parte del intestino.

El juez Juan Darío Penisse rechazó en primera instancia la demanda, que superaba los $ 700 mil, argumentando que “se trata de una persona peligrosa con personalidad antisocial, conducta violenta y desbordes impulsivos”. También destacó “la falta de adaptación al régimen penitenciario” y las adicciones a las drogas de Montuelle Masmuk.

“Se toma en cuenta su participación en el hecho que se juzga, no sus antecedentes. Y si es tan peligroso mayores tendrían que ser los cuidados para que deje de ser un riesgo para los demás y para sí mismo. Tenemos que juzgar en base a las pruebas del expediente y al derecho en que se sustenta”, aseguró el juez Gustavo Colotto, quien integra esa Cámara junto a sus pares Graciela Mastracusa y Sebastián Márquez Lamená.

Colotto agregó en declaraciones a Mdz Radio que a Montuelle Masmuk “en una riña que se produce entre varios presos lo tienen que internar y le extirpan el bazo. El Estado tiene la responsabilidad de evitar que existan este tipo de riñas y de que existan objetos punzantes en el ámbito carcelario. El daño se produce porque fue herido con un arma blanca”.

El fallo obliga a la Provincia a abonarle al preso $ 350 mil ($150 mil por daños físicos y $ 200 mil por agravio moral) en los próximos diez días. Pero el monto es superior ya que el Estado tiene que pagar $150 mil a los abogados y $21 mil a los peritos médicos.

Entre los argumentos de la polémica sentencia se menciona las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”.

Según publicó el diario Los Andes, además los magistrados indicaron que el asesino padece severos problemas patológicos de orden psicológico por pasar “13 años de encierro en malas condiciones ambientales, en aislamiento, con varios hechos de autoagresión y heteroagresión”.

También criticaron el fallo en primera instancia, que hacía mención a que Montuelle Masmuk “nunca se adaptó al sistema penitenciario”. Los jueces de la Tercera Cámara de Apelaciones consideraron “absolutamente inadmisible” esa opinión.

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Renunció el subsecretario de Macri que se olvidó de declarar una cuenta de más de 1 millón de dólares

POSADAS. Finalmente Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la Presidencia de la nación, le presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra.

En las últimos horas, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo, desatado por una publicación del diario El País de España.

La titular de la OA, Laura Alonso, le solicitó autorización al Ministerio de Justicia para acceder a los anexos reservados de la declaración jurada. El aval de la oficina que conduce Germán Garavano llegó y Alonso pudo comprobar que efectivamente Díaz Gilligan no había declarado el depósito de USD 1,2 millones en Andorra.

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