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El Gobierno promulgó la ley del uso medicinal del cannabis

El gobierno nacional promulgó la Ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados que fue sancionada por el Congreso a fines de marzo. Lo hizo a través del decreto 266/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Salud Jorge Lemus.

Asimismo se establece la creación del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, garantizado y promoviendo el cuidado integral de la salud.

Los objetivos del programa son emprender acciones de promoción y prevención orientadas a garantizar el derecho a la salud; garantizar el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al mismo.

En tanto, otro de los propósitos es desarrollar evidencia científica sobre diferentes alternativas terapéuticas a problemas de salud que no abordan los tratamientos médicos convencionales.

La ley, que fue impulsada por diferentes organizaciones que defienden la utilización del cannabis para el tratamiento de diferentes patologías sobre las que, aseguran, genera un mejor efecto que los medicamentos tradicionales y que obtuvo el apoyo de los bloques legislativos, contempla también la autorización para que tanto el Conicet y el INTA puedan cultivar cannabis para la investigación médica y/o científica, además de impulsar la producción a través de laboratorios públicos.

Además, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) “permitirá la importación de aceite de cannabis y sus derivados, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente”, provisión que será “gratuita” para quienes se encuentren incorporados a esa iniciativa.

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Moyano arremetió contra el Gobierno por los ajustes ante una multitud, pero no llamó al paro

BUENOS AIRES. El líder de los camioneros, Hugo Moyano, ante una multitud criticó con dureza la política de ajuste que lleva adelante el presidente Mauricio Macri, y aunque no llamó una jornada nacional de protesta como se esperaba, denunció una campaña para “destruir las organizaciones sindicales”.

Moyano fue el encargado de cerrar la convocatoria que reunió a sindicatos cercanos, al kirchnerismo y organizaciones sociales que por su heterogeneidad dejaron un amplio margen para los análisis de la realidad que atraviesa al peronismo en la actualidad, sin conclusiones contundentes.

Desde el escenario montado en la avenida 9 de Julio y avenida Belgrano, Moyano dijo de entrada: “No estoy implicado en ninguna causa de corrupción por ahora. Si tuviera un problema, tengo suficientes pelotas para defenderme solo. Estuve tres veces en cana, dos en la dictadura cuando muchos de estos señores estaban debajo de la cama. Y después me hicieron la joda de la droga. No me cagué nunca”, dijo.

El desafío fue largamente festejado ya que se tomó como una respuesta a los voceros del macrismo que dejaron antes aseguraron que con el acto, el gremialista buscaba presionar a los jueces lo investiguen a él y a su familia.

“Les digo a estos señores y les ratifico a los trabajadores: no tengo miedo de ir preso. Estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo de que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores. Lo digo de corazón, compañeros. Acá estoy, no me voy a ir del país, no tengo plata afuera”, expresó.

Desde la multitud se escuchó el cántico que ya hizo tradicional en los estados de fútbol: “Mauricio Macri la puta que te parió…”, a lo que el orador respondió: “No, dejenmelo, no hace falta compañeros”, tras lo cual reiteró lo que otros dirigentes habían expresado con respecto a la gestión del Gobierno.

“El objetivo es decirle al Gobierno: ‘Señor presidente, no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de nuestra sociedad, a nuestros jubilados, que los han engañado con la reparación histórica’. ¿Reparación histórica de qué? Si hay jubilados que han cobrado $100”, dijo.

Afirmó que los anuncios del oficialismo son “mentiras, se ríen de nosotros, (los periodistas) les ponen títulos que no tienen nada que ver con la realidad. La política económica que llevan adelante es para perjudicar a los que menos tienen”, negando las acusaciones de desestabilización lanzadas desde algunos sectores contra los organizadores de la movilización.

“No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno que no apliquen más políticas que hambreen a nuestros trabajadores y a nuestros hijos, porque están hipotecando al país”, dijo.

Po último remarcó que “hay más de 1,5 millones de pobres en este país, este Gobierno los ha multiplicado, y nos quieren hacer creer que están llevando adelante políticas que en el futuro van a beneficiar al país. Es mentira compañeros, y los ataques que recibimos las organizaciones gremiales es para tratar de destruir la defensa que tienen los trabajadores, que son las organizaciones gremiales”.

La desconcentración se realizó sin incidentes, y aunque también hablaron Juan Carlos Schmid, Sergio Palazzo, Pablo Micheli, Esteban Castro y Hugo Yasky, fue Moyano el encargado de darle el condimento político-partidario cuando aconsejó: “cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática, sepamos elegir. Y aquellos que se pueden haber equivocado, que reflexionen. Los gorilas no pueden estar más en la conducción del país”.

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Polémica: Ordenan pagarle $ 350 mil pesos a un preso condenado a perpetua por tres asesinatos

La Justicia condenó al Gobierno de Mendoza a indemnizar con $ 350 mil a Enrique Hugo Montuelle Masmuk (38), uno de los presos más sanguinarios de la provincia, por los “daños físicos y agravio moral” sufridos durante su estadía en la cárcel.

Montuelle Masmuk no es un interno más del servicio penitenciario mendocino: está preso desde fines de 2003 y cometió tres brutales homicidios dentro del antiguo penal de Boulogne sur Mer, de la capital provincial.

Ese mismo detenido inició un reclamo civil contra el Estado mendocino, ya que asegura que su salud física y mental se agravó durante su reclusión.

En su denuncia menciona que ingresó a la cárcel en “un estado de salud totalmente normal tanto física como mental” pero luego sufrió “encierros prolongados sin luz, baños sin agua, falta de entrega de frazadas en invierno, quita de comida”.

Además el 29 de enero de 2013, cuando ya estaba alojado en el pabellón de máxima seguridad del complejo penitenciario de Almafuerte, fue atacado por otros internos, que lo apuñalaron. Tuvo que ser operado y perdió el bazo y parte del intestino.

El juez Juan Darío Penisse rechazó en primera instancia la demanda, que superaba los $ 700 mil, argumentando que “se trata de una persona peligrosa con personalidad antisocial, conducta violenta y desbordes impulsivos”. También destacó “la falta de adaptación al régimen penitenciario” y las adicciones a las drogas de Montuelle Masmuk.

“Se toma en cuenta su participación en el hecho que se juzga, no sus antecedentes. Y si es tan peligroso mayores tendrían que ser los cuidados para que deje de ser un riesgo para los demás y para sí mismo. Tenemos que juzgar en base a las pruebas del expediente y al derecho en que se sustenta”, aseguró el juez Gustavo Colotto, quien integra esa Cámara junto a sus pares Graciela Mastracusa y Sebastián Márquez Lamená.

Colotto agregó en declaraciones a Mdz Radio que a Montuelle Masmuk “en una riña que se produce entre varios presos lo tienen que internar y le extirpan el bazo. El Estado tiene la responsabilidad de evitar que existan este tipo de riñas y de que existan objetos punzantes en el ámbito carcelario. El daño se produce porque fue herido con un arma blanca”.

El fallo obliga a la Provincia a abonarle al preso $ 350 mil ($150 mil por daños físicos y $ 200 mil por agravio moral) en los próximos diez días. Pero el monto es superior ya que el Estado tiene que pagar $150 mil a los abogados y $21 mil a los peritos médicos.

Entre los argumentos de la polémica sentencia se menciona las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que “quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal”.

Según publicó el diario Los Andes, además los magistrados indicaron que el asesino padece severos problemas patológicos de orden psicológico por pasar “13 años de encierro en malas condiciones ambientales, en aislamiento, con varios hechos de autoagresión y heteroagresión”.

También criticaron el fallo en primera instancia, que hacía mención a que Montuelle Masmuk “nunca se adaptó al sistema penitenciario”. Los jueces de la Tercera Cámara de Apelaciones consideraron “absolutamente inadmisible” esa opinión.

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Renunció el subsecretario de Macri que se olvidó de declarar una cuenta de más de 1 millón de dólares

POSADAS. Finalmente Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la Presidencia de la nación, le presentó su renuncia al presidente Mauricio Macri tras quedar envuelto en un escándalo por no declarar una cuenta de más de un millón de dólares en un banco de Andorra.

En las últimos horas, la Oficina Anticorrupción (OA) había corroborado que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo, desatado por una publicación del diario El País de España.

La titular de la OA, Laura Alonso, le solicitó autorización al Ministerio de Justicia para acceder a los anexos reservados de la declaración jurada. El aval de la oficina que conduce Germán Garavano llegó y Alonso pudo comprobar que efectivamente Díaz Gilligan no había declarado el depósito de USD 1,2 millones en Andorra.

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