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Cambio de reglas: Conocé quiénes dejarán de recibir remedios gratuitos del Pami

La obra social de los jubilados y pensionados del país profundiza más los controles y ahora también modificó los perfiles de los afiliados que seguirán recibiendo los beneficios de cobertura gratuita en un máximo de cinco medicamentos mensuales.

Por Disposición 0005/17 el Pami estableció que, a partir del 6 de enero, sólo otorgará el subsidio social a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos (unos 8.491 pesos mensuales). Además, desde ahora estarán excluidas todas aquellas personas que tengan prepaga, sean propietarias de más de un inmueble o que de los registros surja que tengan de un vehículo de menos de 10 años (con la excepción de aquellos que posean un certificado de discapacidad). Tampoco podrán hacerse de medicamentos gratis los que sean dueños de embarcaciones o de aeronaves.

De esta manera, miles de jubilados de medianos y altos ingresos dejarán de percibir medicamentos gratuitos del Pami; pero la medida impactará en miles de jubilados que cobran la mínima jubilatoria y tienen un auto económico modelo 2007 en adelante. O aquellos que tienen dos propiedades, más allá del valor de las mismas.

El titular del Pami, Carlos Regazzoni, no habló de estos jubilados atrapados “en el borde” de su nueva normativa sino de los que están en el extremo de la misma: “No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este. Lo importante es que subsidies al 100% los medicamentos de la gente que lo necesita y no aquel que de repente paga 13.000 pesos mensuales de una prepaga, viaja o tiene un departamento de lujo, que perfectamente puede pagar el 20% de un remedio para la presión”, argumentó.

El cambio en los criterios en la prestación surgió a partir de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, tras cruzar los datos de sus afiliados con los del Sintys, había al menos 2.495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves, y otras tantas con más de una propiedad de lujo. Este grupo de alto poder adquisitivo estaba gozando del subsidio especial.

En la entidad calculan que este gasto significa un 10% de lo que el Pami destina cada mes para pagar el subsidio, que maneja un presupuesto de 1.300 millones de pesos mensuales. El subsidio social abarca, en su totalidad, el 45% de lo que el instituto gasta en remedios.

Según los datos del Pami, entre sus afiliados hay entre 100.000 y 200.000 que tienen un plan de medicina prepaga. Generalmente, quienes tienen duplicidad de coberturas reparten las prestaciones médicas por la prepaga, mientras que utilizan el Pami para adquirir medicamentos. A partir de ahora, perderán la cobertura 100% pero sí continuarán teniendo la promoción del 80% en los fármacos. Con esta medida, el Pami estima que ahorrará una suma de 1.600 millones de pesos.

No obstante, según indicaron, el Pami no cortará el subsidio a los afiliados cuyos gastos en medicamentos sean superiores al 5% de sus haberes, pese a que cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos o cobre menos, pero tenga más de una propiedad o un auto de menos de 10 años. En estos casos se hará una vía de excepción, en la que se requerirá un informe social, la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y la revalidación médica.

El organismo no dejará de garantizar la provisión gratuita de los fármacos especiales cuya suspensión implica un riesgo de vida, como los remedios oncológicos, de VIH, transplantes y otras dolencias y enfermedades. No obstante, a partir de enero, también modificó el circuito de autorización de estas recetas.

La Disposición 0005/17 está dirigida a cambiar el régimen de subsidio social especial (100% descuento) en medicamentos generales. En la actualidad, el afiliado tenía acceso a un máximo de 5 medicamentos gratuitos mensuales. El Pami implementa también descuentos que van del 50 hasta el 80% en la compra de medicamentos generales.

Qué pueden hacer los afiliados

El subsidio social del Pami permite acceder a medicamentos con el 100% de cobertura, por razones sociales. A partir de ahora solo podrán recibirlo los que tengan un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliados a un sistema de medicina prepaga ni cumplir con algunos de los siguientes condiciones: ser propietario de más de un inmueble, poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

Los que hoy tienen el subsidio no deberán hacer ningún trámite. El Pami se irá encargando de ir empadronándolos a medida que se renueva el subsidio, que es cada seis meses. “Si surge alguna duda, se mandará un asistente social a la casa, y se hará una consulta con un médico”, aseguró el titular de Pami, Carlos Regazzoni.

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Fiscal quiere saber si Closs y funcionarios malversaron $17 millones del Plan Jatropha

Un fiscal federal pidió informes a la Tesorería General de Misiones para determinar si esta provincia recibió fondos provenientes de la Nación, destinados al Programa de Biocombustibles, particularmente destinados al denominado Proyecto Jatropha, entre 2009 y 2011.

El requerimiento, con fecha 14 de diciembre de 2017, corresponde al expediente 12174 del mismo año, que se instruye como “Closs, Maurce Fabián; Passalacqua, Hugo; Vega, Rubén Cirilo; Hassan, Daniel y Quiroga, Néstor,  s/ asociación ilícita, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y otros”.

El pedido del fiscal Jorge Campitelli sería el disparador de una investigación por la denuncia formulada por el ex diputado provincial Mario Pegoraro (UCR), quien reveló la supuesta malversación de unos 17 millones de pesos que debían invertirse en el proyecto mencionado.

Dicho monto, de acuerdo con las fundamentaciones originales, debían destinarse a la investigación y desarrollo de combustibles alternativos, pero según el diputado Pegoraro “no fueron invertidos conforme lo establecía el proyecto. No existen plantaciones ni producción de combustibles. No existe nada relacionado con dicho proyecto”.

En forma especial Campitelli pidió informes sobre la remisión de tales fondos; qué organismo los envió; cuáles fueron los instrumentos legales que encuadraron la operación; el destino de los fondos y si fueron incorporados al Fondo Fiduciario creado por Ley XVI-N° 97 “u otras formas de destinación al mencionado programa”.

El funcionario también solicitó informes vinculados con la asignación de recursos del presupuesto provincial al emprendimiento citado, y “todo otro dato de interés para la causa, tendiente a determinar la conformación de los fondos del Proyecto Jatropha”.

En todos los casos, el fiscal requirió la inclusión de la “documentación respaldatoria en fotocopia certificada” de los antecedentes pedidos,

Pegoraro apuntó al esclarecimiento acerca de si hubo o no desmanejos y desvíos de fondos en el programa de cultivo de jatropha para generar biocombustible.

El ex legislador provincial, en su presentación señaló que entre 2009 y 2011 la Provincia recibió más de 17 millones de pesos en subsidios de la Nación destinados a la investigación y el desarrollo de combustibles alternativos, de acuerdo con una ley provincial que fue impulsada por el diputado Carlos Rovira.

Pero “esos fondos recibidos no fueron invertidos conforme lo establecía el proyecto. No existen plantaciones ni producción de combustibles. No existe nada relacionado con dicho proyecto”, sostuvo Pegoraro en su denuncia, acompañada con informes y videos de los sitios donde supuestamente deberían radicarse las plantaciones.

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Golpe al contribuyente: un auto mediano pagará por patente 339 pesos y una moto de 250 cc, 318

La Dirección General de Rentas (DGR) de la Provincia dispuso aumentos de entre el 25 y el 40 por ciento de las alícuotas del Impuesto Provincial al Automotor (IPA), con lo cual por un vehículo de 800 a 1.150 kilos se pagará 339,04 pesos, mientras que por una moto de 250 centímetros cúbicos se deberán abonar 318 pesos.

El nuevo esquema, que comenzó a regir el 1 de este mes, se basó en “la valuación de las unidades cero kilómetro se toma el mayor valor que resulte de comparar el precio total consignado en la factura de compra y el de la publicación mensual de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA)”.

De acuerdo con la resolución, los automóviles en la categoría A, es decir hasta 800 kilogramos, el monto de la patente se incrementó de 170,52 pesos a 221,68 pesos, casi 25 por ciento más. Para la categoría B (de 801 hasta 1150 kilogramos) el IPA ascendió de 260,80 pesos a 339,04 pesos.

En tanto, para la categoría C, que abarca vehículos desde los 1.151 hasta los 1.300 kilogramos, la alícuota escaló de 366,11 pesos a 475,94 pesos; en la categoría D (que va de 1.301 a 1.500 kilogramos) se incrementó de 401,23 pesos a 521,6; y para la categoría E que comprende a automóviles de más de 1.500 kilogramos los montos subieron de 441,37 a 573,78 pesos.

Con respecto a las motocicletas, Rentas dispuso para los modelos 2017 un aumentaron que llega hasta un 40%. Una moto 2017 de hasta 250 centímetros cúbicos (cc) pasará a abonar de 245,31 a 318,9 pesos, mientras que los modelos 2018 tendrán que tributar 414,57 pesos.

En tanto, los motociclos cero kilómetro, de entre 151 a 350 cc, pagan un IPA de 732,99 pesos; los modelos de entre 351 a 500 cc 4.496,01 pesos; desde 501 a 750 cilindradas 8.710,36 pesos; y los de más de 750 cc 14.045,04 pesos.

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Rentas reculó: Los que paguen en término tendrán descuento para atenuar la suba en Ingresos Brutos

La Dirección General de Rentas de la Provincia introdujo modificaciones y dispuso beneficios para los contribuyentes cumplidores, al corregir las disposiciones por las cuales, al amparo del Consenso Fiscal acordado con la Nación, había aumentado las alícuotas y ampliado el universo gravado a partir del primer día de 2018.

El organismo, y por ende el Gobierno provincial, fue blanco de las críticas de comerciantes y otros sectores económicos y políticos, tras incluir diversos cambios en la legislación recaudatoria, a poco de aprobarse en la Legislatura el pacto con la Nación que deberá desembocar en un nuevo reparto de fondos.

El frente Cambiemos expresó su disconformidad con el trámite al cuestionar el avance del Poder Ejecutivo sobre facultades propias de la Cámara de Representantes, al tiempo que denunció que se desvirtuaron los objetivos del acuerdo Nación-Provincia con el aumento de gravámenes que deberían iniciar un retroceso en su aplicación.

Ahora, a través del mencionado instrumento que además de los considerandos y resolutoria está acompañada por anexos que totalizan 41 páginas, se rescata con claridad que en el caso del pan común, la alícuota de Ingresos Brutos del 2 por ciento fue reducida a 0, manteniéndose la situación de 2017.

En el extenso documento, también se interpreta que los contribuyentes de comercio y de servicios podrán acceder a importantes descuentos de entre 20 por ciento y 35 por ciento en la alícuota de Ingresos Brutos, si pagan en tiempo, con topes de 20 millones para los servicios agrícolas e industriales y 50 millones de pesos anuales de facturación para el comercio mayorista.

De acuerdo con interpretaciones iniciales de los especialistas consultados, con la introducción del beneficio citado, el organismo recaudador de la Provincia puso en marcha un mecanismo de descuentos que, si bien no es novedoso, constituye un medio para atenuar los efectos de la carga tributaria.

En esa línea, quienes cumplan con el fisco en forma y en tiempo podrán beneficiarse con reducciones que alcanzarían para igualar los aportes realizados durante 2017, sin los aumentos contemplados para este año, según estimaciones de comerciantes y profesionales de ciencias económicas.

Al fundamentar las modificaciones, Rentas de la Provincia intentó encuadrar sus decisiones a las exigencias que fueron consensuadas con la Nación, cuyos ejes consisten en reducir la alícuota de Ingresos Brutos, en un plazo de cinco años, a la industria, el transporte y los exportadores que quedarán exentos, mientras que la construcción tendrá un 2 por ciento y las telefónicas 5 por ciento.

Al fundamentar los cambios contemplados en la resolución 03/2018, Rentas hizo referencia al pacto con la Nación, observando que “tiene como finalidad la armonización de las distintas alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las distintas jurisdicciones locales, buscándose una reducción de la carga fiscal global”.

En dicho sentido, añadió que “el pacto ha estructurado una serie de alícuotas que, en principio, constituyen un equilibrio global y que debe ser aplicado en el marco de los compromisos sobre de responsabilidad fiscal que han asumido las provincias”.

Pero advirtió que “el Consenso Fiscal no puede concebirse en forma asilada sino como parte de un proceso que deberá culminar en una nueva Ley Federal de Coparticipación, en la cual las provincias perjudicadas por actual reparto, tal como es el caso de la provincia de Misiones recompondrán la participación que corresponde”.

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