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Para el fundador de Wikileaks el voto electrónico es muy fácil de manipular

El creador de Wikileaks, Julian Assange, sostuvo que la utilización del voto electrónico –que en nuestro país ya obtuvo media sanción en el Congreso– para unas elecciones presidenciales es “una locura absoluta ya que es muy fácil de manipular”. En una videoconferencia organizada por la Conferencia Internacional de Software Libre (CISL), el exiliado en la Embajada de Ecuador en Londres afirmó que “como experto en seguridad, el voto electrónico es un suicidio para elecciones nacionales. La criptografía es fácilmente modificable”.

“Además, la gente que votará en los comicios no puede saber si los controles que supuestamente existen, realmente se establecerán. Para una votación presidencial, es una locura absoluta establecer el voto electrónico”, explicó el informático australiano.

“Wikileaks es un animal de caza. Nuestra organización se construyó para luchar. Por más que se nos desconecte con Internet, seguiré con mi equipo dando a conocer nuevos cables. Batallaremos, como siempre lo hemos hecho, contra las agencias de seguridad y los grandes oligopolios tecnológicos, como Google y Yahoo”, sentenció.

La videoconferencia de Julian Assange, invitado estelar de la séptima Conferencia Internacional de Software Libre, se realizó en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) en una mesa de la que participaron el rector de la Universidad, Nicolás Trotta, el presidente de la CISL, Jorge Cabezas, el especialista en ciberseguridad Diógenes Moreira y el decano de la Facultad de Informática en UMET, Ricardo Bosco. Además, se pudo sintonizar en simultáneo en más de veinte universidades nacionales y existió la posibilidad de hacer preguntas a través de Twitter.

Una de las consultas se refirió al papel que emplearon algunos medios de comunicación en la conformación del poder, especialmente en el caso de Argentina publicó Página 12. El programador consideró que a raíz de las redes sociales “se pudo visualizar mejor las relaciones que siempre existieron entre los distintos partidos políticos y los medios en América Latina. Existe un libro (“WikiMediaLeaks”) que exhibe cómo medios masivos como CNN y Clarín participaron activamente del armado de estrategias políticas. Pero nunca se verán esas publicaciones ya que enterarse de aquello cambiaría la perspectiva de las personas ante quienes les informan las noticias”, argumentó Assange.

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NACIONALES

Aborto: Cómo quedó el texto que llega al Senado

BUENOS AIRES. Las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta las 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo en casos de violación, o si corre riesgo la salud o la vida de la mujer o persona gestante y cuando se trate de fetos incompatibles con la vida extrauterina. En la votación en particular de los artículos, se agregaron algunas modificaciones como la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual

Esta es la versión definitiva que obtuvo media sanción en la histórica jornada.

Proyecto de ley

El Senado y la Cámara de Diputados…

Interrupción Voluntaria del Embarazo

TITULO I

Modificación del Código Penal.
ARTÍCULO 1° – Sustitúyese el artículo 85 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 85.- El que causare un aborto será reprimido:

1) con prisión de tres (3) a diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros, farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena;

2) con prisión de tres (3) meses a un (1) año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código”.

ARTÍCULO 2° – Incorpórase como artículo 85 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 85 bis- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.

La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como resultado de la conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la vida o la salud de la mujer o persona gestante.”.

ARTÍCULO 3° – Sustitúyese el artículo 86 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.

En ningún caso será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona gestante:

a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente;

b) si estuviera en riesgo la vida o de la salud la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano;

c) si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.”.

ARTÍCULO 4° – Sustitúyese el artículo 88 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 88.- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince (15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86 del presente Código. La tentativa de la mujer o persona gestante no es punible.

El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena privativa de la libertad en el caso.”.
TÍTULO II

Interrupción voluntaria del embarazo.

ARTÍCULO 5°- Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con las disposiciones de la misma.

ARTÍCULO 6°- Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación. En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo establecido en la presente ley.

ARTÍCULO 7°- Supuestos. Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional.

Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes casos:

a) si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el/la profesional de la salud interviniente;

b) si estuviera en peligro la vida o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano;

c) si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

ARTÍCULO 8º- Consentimiento informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los casos previstos en la presente ley, se requiere el consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito, de conformidad con lo previsto en la Ley 26.529 y concordantes y el artículo 59 del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o persona gestante puede ser sustituida en el ejercicio de este derecho.

ARTÍCULO 9°- Personas menores de edad. Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7° de su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe respetarse el interés superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído.

ARTÍCULO 10°- Personas con capacidad restringida. Si se tratara de una mujer o persona gestante con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no impidiere el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna.

Si la sentencia de restricción a la capacidad impide el ejercicio del derecho previsto en la presente ley o la persona ha sido declarada incapaz, el consentimiento informado debe ser prestado con la correspondiente asistencia prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial o con la asistencia del representante legal, según corresponda. En ambos supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar el asentimiento, puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Código Civil y Comercial.

ARTÍCULO 11°- Plazo. La mujer o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco (5) días corridos desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la Ley 26.529 y concordantes.

ARTÍCULO 12°- Consejerías. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran:

a) información adecuada;

b) atención previa y posterior a la interrupción voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto de garantizar un espacio de escucha y contención integral; y,

c) acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los reemplace.

La atención y acompañamiento previstos en este artículo deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y confidencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía en la toma de decisiones.

Cuando las condiciones del establecimiento de salud no permitiesen garantizar la atención prevista en el inc. b, la responsabilidad de brindar la información corresponde al/la profesional de la salud interviniente.

ARTÍCULO 13°- Responsabilidad de los establecimientos de salud. Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos establecidos en la presente ley y con los alcances del artículo 40 de la Ley 17.132 y el artículo 21 de la Ley 26.529 y concordantes.

La interrupción voluntaria del embarazo establecida en la presente ley se debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No pueden imponerse requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y una atención ágil e inmediata que respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la información aportada.

En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro establecimiento, la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en el plazo establecido en el artículo 11º y las demás disposiciones de la presente ley, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante.

ARTÍCULO 14°- Acceso. La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada o supervisada por un/a profesional de la salud.

El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la práctica y los riesgos de su postergación.

La información prevista debe ser clara, objetiva, comprensible y acorde a la capacidad de comprensión de la persona. En el caso de las personas con discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados a sus necesidades. En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.

Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del plazo y condiciones establecidas en la presente ley a las mujeres o personas gestantes privadas de su libertad.

Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos de imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar o inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal aplicable.

ARTÍCULO 15°- Objeción de conciencia. El/la profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.

El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece.

La objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la profesional.

El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable.

Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción.

Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.

ARTÍCULO 16°- Cobertura. El sector público de la salud, las obras sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por Ley 19.032, las entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 26.682 de marco regulatorio de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la reglamentación del Decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que posean, deben incorporar la cobertura integral de la interrupción voluntaria del embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.

ARTÍCULO 17°- Registro estadístico. Créase un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación de la presente ley.

La autoridad de aplicación, en articulación con las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, debe arbitrar los medios a fin de llevar un registro estadístico en todo el territorio nacional de:

a) las consultas realizadas a los fines de acceder a lo dispuesto por la presente ley;

b) las interrupciones voluntarias del embarazo efectuadas, indicando el plazo y cuál de los supuestos del artículo 7° de la presente ley hubiera sido invocado;

c) la información de los registros de objetores previstos en el art. 15° de la presente ley;

d) todo dato sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar en forma anual los efectos de la presente ley, así como los indicadores de seguimiento que pudieren realizarse.

En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar el anonimato y la confidencialidad de los datos recabados.

ARTÍCULO 18°- Definiciones. A los efectos de la presente ley, interrupción voluntaria del embarazo y aborto son considerados términos equivalentes y salud se entiende conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud.
TÍTULO III

Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral.

ARTÍCULO 19°– Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral. El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población. Estas políticas deberán estar enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673, 26.150, 26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la presente ley. Deberán además capacitar en perspectiva de género a todos/as los/las profesionales y personal de la salud a fin de brindar una atención, contención y seguimiento adecuados a las mujeres que deseen realizar una interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley. El Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a través de los programas creados por las leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula obligatoria de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo. La educación sexual integral es un derecho y deberá impartirse en todo el sistema educativo sin excepción y con especial referencia y atención a las comunidades más vulnerables y a la diversidad e identidad de los pueblos originarios.

ARTÍCULO 20°– Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual. Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, la que tendrá las siguientes funciones:

a) Solicitar informes de las autoridades de los ámbitos nacional, provincial y municipal, referidas a la implementación de las medidas contenidas en las Leyes 25.673, 26.061, 26.150 y 26.485, y concordantes, así como de entidades privadas que trabajen en la materia.

b) Receptar denuncias y/o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley.

c) Convocar a funcionarios encargados de la aplicación del Programa de Educación Sexual Integral para que informen acerca de la implementación efectiva de la ley.

d) Promover reuniones científicas que ofrezcan alternativas para la más eficaz aplicación de la normativa en cuestión.

e) Impulsar, a partir de la evaluación que formule, la sanción de nuevas normas, o reformas a las existentes, con el fin de remover los obstáculos que se hayan presentado y favorezcan el logro de los objetivos propuestos.

f) Presentar un informe anual circunstanciado del estado de aplicación de las normas en la materia.

La Comisión establecerá su estructura interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento.

ARTÍCULO 21°– Composición. La Comisión Bicameral prevista en el artículo anterior estará integrada por siete (7) Diputados y siete (7) Senadores nacionales, respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa, y será presidida, anualmente y en forma alternativa, por cada Cámara.

TÍTULO IV

Disposiciones finales.

ARTÍCULO 22°– Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

ARTÍCULO 23° – Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.

ARTÍCULO 24° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

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NACIONALES

Onda Cambiemos: se fueron Aranguren y Cabrera; ahora vienen Sica e Iguacel

BUENOS AIRES y POSADAS. El presidente Mauricio Macri sacó hoy de los ministerios de Producción y de Energía a Francisco Cabrera y Juan José Aranguren, reemplazándolos por Dante Sica y Javier Iguacel, según supo a través de un comunicado oficial.

La decisión, en línea con el nombre que identifica a la alianza gobernante: Cambiemos, se conoció con una diferencia de días de la última modificación en la lista de funcionarios del oficialismo, cuyo protagonista fue el presidente del Banco Central, Federico Sturzengger.

De acuerdo con fuentes del macrimo, Cabrera no dejará la administración ya que asumiría la presidencia del Banco de Inversión y Comercio Exterior, pero es una incertidumbre el futuro laboral de Aranguren, conocido por haber ordenado los últimos tarifazos en los servicios públicos.

Las dos últimas movidas fueron divulgadas por la Presidencia de la Nación, así como los nombres de los reemplazantes: Dante Sica irá a Producción y Javier Iguacel, a Energía. El primero fue secretario de Industria, Comercio y Minería durante la presidencia de Eduardo Duhalde, mientras que Iguacel se desempeñó hasta hace días como director de Vialidad Nacional. 

Al parecer Macri le habría informado su decisión a Cabrera el viernes último en el marco del encuentro del programa oficial “Exporta Simple” que mantuvieron en la Quinta de Olivos junto a Elisa Carrió.

Cabrera era uno de los hombres de confianza del Presidente, ya que transitó sus inicios en la política en el gobierno de la Ciudad como cabeza central de la Fundación Pensar.

Durante los últimos años fue duramente criticado por el sector empresarial, en especial por la Unión Industrial Argentina (UIA), desde donde apuntaban al ministro por la caía en el consumo.

La Secretaría de Minería -hasta ahora bajo la órbita de Energía- pasará a depender del Ministerio de Producción, según otro de los cambios que se conocieron en el atardecer del sábado.

Los cambios en el Gabinete se dan a pocos días de la llegada de Luis Caputo a la presidencia del Banco Central de la República Argentina. El ministro reemplazó a Federico Sturzenegger, golpeado por la corrida cambiaria que recrudeció a pesar de la inminencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

 

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Tras la media sanción, el Senado adelantaría el tratamiento del aborto

BUENOS AIRES. El impulso a favor del aborto empuja al Senado a acelerar la discusión. Los legisladores del peronismo y el kirchnerismo buscan acelerar el tratamiento del proyecto de legalización del aborto con la intención de sancionarlo antes del receso invernal de julio.

“Hay que avanzar con rapidez en el Senado con la media sanción del proyecto de despenalización del aborto”, afirmó el jefe del bloque peronista, Miguel Pichetto (Río Negro). En la misma sintonía se expresó el presidente de la bancada del Frente para la Victoria (FPV), Marcelo Fuentes (Neuquén). “La idea es sacarlo, a más tardar, antes del receso”, afirmó en diálogo con La Nación. Ambos legisladores están a favor de la legalización del aborto y tendrán que conciliar posturas con los sectores que se oponen, que pretenden un debate más extenso.

El cronograma de tratamiento ya comenzó a discutirse en reuniones y conversaciones privadas entre los principales referentes de la Cámara alta. La definición llegaría el próximo lunes, cuando se convocaría a una reunión de jefe de bloques para acordar el trámite de la iniciativa. “La semana que viene vamos a tener la primera reunión para definir los parámetros de la discusión en el ámbito de las comisiones”, aseguró el jefe del interbloque Cambiemos , Luis Naidenoff (UCR-Formosa), quien ayer sumó su apoyo a la iniciativa.

Como pasó en Diputados, el aborto divide de manera transversal a los bloques de la Cámara alta. Así, entre los que se manifestaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo figuran los jefes de los principales bloques, como Pichetto, Fuentes, Naidenoff y Humberto Schiavoni (Pro-Misiones).

En el rechazo al proyecto se destacan oficialistas, como el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro), y el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Esteban Bullrich.  También varios peronistas se han manifestado en contra de la iniciativa, como José Mayans (Formosa), vicepresidente de la bancada que preside Pichetto, y los representantes del PJ de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo. Por otro lado, aunque no vota, Gabriela Michetti es una de las más activas en el rechazo al proyecto, hasta el punto que, según confiaron fuentes legislativas, pretende sumar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

http://www.lavozdemisiones.com/2018/06/14/se-aprobo-britez-di-stefano-y-franco-apoyaron-el-aborto-legal-pastori-wellbach-morales-y-derna-no/

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