Desde el año 2003, fecha en la que oficialmente se conforma la Renovación en Misiones, los casos de impunidad para los propios y aprietes a los “rebeldes” es una de las características claras del “proyecto misionerista”.

El mecanismo es claro, preciso, y brutal. Primero intentan comprar las voces disidentes, para ello es válido recordar el peregrinaje del ex” fiscal público” Jorge Galeano, quien de un día para otro pasó de ser ferviente opositor y denunciador serial, a presidente de Aguas Misioneras. En el medio de ello hubo una liberación de pagos de honorarios profesionales de $ 5,5 millones de pesos, en el año 2008. Más de 1,5 millones de dólares de aquella época.

Si el dinero no alcanza se procede a las presiones. Primero con las posibilidades laborales el “rebelde”, luego con las de su familia y su círculo más cercano, y el “destierro” político.

Si aún así no alcanzara, sobreviene una tercera etapa que son la de los “carpetazos”, con las amenazas de hacer públicas acciones de quien no se somete a a voluntad del “proyecto misionerista”.

Por último, si no existen los “carpetazos”, o a quien se lo amenaza no le importa que se conozcan, comienza la usina de rumores, apoyado por un aparato propagandístico inmenso de los medios de prensa pagos, para desligitimar e instalar en la sociedad, un rechazo hacia esas personas. No importa que los rumores sean incomprobables, que los mismo sean falsos, que todo sea una operación de prensa: lo importante es sembrar la duda hacia esa persona.

El mimo “proyecto misionerista” se complementa con una acción permanente de encubrimiento, complicidad, e impunidad hacia aquellos que demuestren lealtad, ya sea por miedo, o por convencimiento.
Para ello cooptaron y colonizaron la justicia mediante el nombramiento de jueces, fiscales, defensores, y empleados judiciales que responden al “mandato”.

Cualquier caso de corrupción, o de ineptitud, de algunos de quienes detentan algún cargo público, y sea cercano a la Renovación, suele dormir un sueño eterno en los juzgados, haciendo que la causa no avance, o desechando todas las pruebas que implican a quienes son acusados.

Baste recordar el curioso caso de Juan Carlos Ríos, intendente de Campo Viera, quien se había alejado de la Renovación en las últimas elecciones, pero que tras la causa por violación en la que estuviera involucrado su hijo, volvió tras sus pasos y regresó al redil.

Se podría seguir con una enorme cantidad d ejemplos, que todos conocen o deberían conocer.

El caso de Norberto Aguirre – aclarando que no es una cuestión judicial, ya que nadie acusa al Intendente de Eldorado de haberse enriquecido por el dinero faltante en el caso de las Viviendas Progresivas – es el más cercano, y por ahí el que más toca a todos los eldoradenses.

Los concejales que decidieron que Norberto Aguirre siga al frente del municipio – Fernando Gallastegui, Yolanda Caballero, y Rolando Merochenich – en ningún momento niegan las irregularidades, en ningún caso manifiestan que se pagaron obras no realizadas, nunca manifiestan que pese a saber el Intendente Aguirre de las enuncias que pesaban sobre Wilfrido Landaida (nombrado por el Intendente, y hombre de su extrema confianza) desde abril del año 2015 en forma oficial, y desde fines del 2014 por los dichos de los damnificados quienes manifestaron que algunos de ellos habían puesto en conocimiento a Aguirre de lo que sucedía con la implementación del plan, la construcción de las viviendas y el comportamiento de Landaida, lo mantuvo en su cargo (responsabilidad sólo de él) permitiendo con su accionar que las operaciones irregulares continuaran realizándose durante todo ese período, haciendo que “desaparecieran” más de $ 800.000 que nunca deberían haber sido pagados.

Sin embargo, aún reconociendo tácitamente dicha situación, ya que no la niegan, sostienen que no hubo “negligencia, ni ineptitud”.

Nuevamente el “aparato de impunidad renovador”, al servicio de los “leales”…

Todo ello amparado en una supuesta “voluntad popular” que implica otro de los mecanismos fraudulentos mantenido por la Renovación, que es la Ley de Lemas, que transfiere(otro acto de magia) lo intransferible: la voluntad del votante de un candidato, a otro que tal vez no hubiera votado nunca. Así el 18% de Aguirre en las elecciones se transforma – de acuerdo al curioso criterio de sus defensores – en una acabada muestra de la voluntad popular, que no puede estar sujeta a controles de ningún tipo, ya que es “el pueblo” el que debe decidir; y de ésta manera – como no debe haber controles – se da un cheque en blanco hacia el futuro.

Como siempre, como lamentablemente nos estamos acostumbrando… falta dinero, se pagaron obras que no existen, se construye con una calidad inferior a la dispuesta en los pliegos, se defiende lo indefendible.

Como siempre… pasa de todo… y es como si no pasara nada.

• Periodista y editor del digital www.ahoreldorado.com.ar

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