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División de poderes: el gobierno le pide a la Corte que frene los amparos contra el tarifazo

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El Gobierno nacional busca que la Corte Suprema ponga un freno a los amparos que se multiplican en todo el país en la Justicia contra los aumentos de tarifas de luz y gas. Por eso se presentó ante el máximo tribunal para que frene las medidas que suspendieron las subas, según informó C5N.

El oficialismo realizó una presentación judicial para terminar con la sucesión de amparos contra los aumentos en los servicios. Busca que el máximo tribunal intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.

El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, presentó el martes un recurso a la Corte Suprema para que inhiba el fallo de Chubut que frenó los aumentos, e intervenga para definir la constitucionalidad o no de los nuevos cuadros tarifarios de gas y electricidad.

Entre los argumentos, se habla de la “gravedad institucional” que generarían los amparos a tarifas de un servicio esencial como el gas.

La decisión se conocen en momentos en que los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Energía, Juan José Aranguren, se encuentran reunidos con gobernadores patagónicos, con el propósito de abordar los reclamos y evaluar nuevas alternativas por el impacto de las subas en las tarifas de luz y gas, tanto en el sector industrial como residencial.

La reunión se lleva a cabo en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada, con la asistencia de los gobernadores de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Chubut, Mario Das Neves; y de La Pampa, Carlos Verna,

Asisten por Tierra del Fuego el secretario de Energía, Omar Nogar; por Mendoza el ministro de Economía, Enrique Vakuie y el secretario de Servicios Públicos, Sergio Marinelli; y por Santa Cruz el vicegobernador Pablo González.

En el primer encuentro del lunes 23, la propuesta del Gobierno nacional fue fijar un tope del 400% para los aumentos a hogares de la Patagonia y La Pampa, mientras mantuvo la posición de darles a industrias y comercios de todo el país la posibilidad de pagar ahora el 50% de las facturas y el otro 50% en cuotas en los períodos de primavera-verano de este año y del próximo.

Para los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Río Negro el tope del 400% es insuficiente, a lo que suman la disconformidad por los aumentos de más del 2.000% que están recibiendo los comercios e industrias de la zona, incluidos los que se dedican a la actividad turística. El problema de la región es que estuvo exceptuada de las alzas dispuestas en 2014 por la administración anterior y ahora los valores se alinearon con los del resto del país.

Doce obispos de la Patagonia enviaron ayer una carta a los ministros Aranguren y Frigerio, para expresarles su inquietud por el fuerte impacto del aumento de gas y electricidad en la región. “Queremos compartirles nuestra profunda inquietud por los alcances, ciertamente no buscados pero sí causados, por los aumentos desmesurados de los servicios esenciales como son el gas y la electricidad”, indicaron en la misiva.

También sostuvieron: “No nos caben dudas de que son aumentos que en algún momento deberían darse particularmente en los grandes centros urbanos que contaban con servicios subsidiados por el Estado, pero lamentamos que estos aumentos no hayan sido hechos gradualmente, sobre todo teniendo en cuenta que el invierno no es benévolo en la Patagonia y que en las provincias más australes del país se prolonga durante todo el año”.

Se espera que hoy el Gobierno ofrezca una nueva propuesta para las pymes y que extienda el tope del 400% a las provincias y partidos que no tuvieron aumentos en 2014 por decisión judicial, entre los que se encuentran Santa Fe, Mendoza, San Luis, Mar del Plata y Bahía Blanca.

Hasta el momento hay fallos de la Justicia frenando los aumentos en las tarifas de gas que rigen desde el 1 de abril en Santa Cruz, Chubut, Bariloche, Tierra del Fuego y Mendoza. En esta última provincia, la Justicia suspendió ayer por seis meses los aumentos en los departamentos del sur, San Rafael y General Alvear, y retrotraer las tarifas a los valores vigentes el 1 de abril. Estas jurisdicciones habían quedado afuera del fallo que suspendió por tres meses los aumentos en todo el resto de la provincia y fijó un tope de alza del 80%.

En tanto, en San Luis, tal como lo había solicitado el gobernador Alberto Rodríguez Saá, el fiscal de Estado, Eduardo Allende, y el titular del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, presentaron una “acción declaratoria de certeza” en el Juzgado Federal, solicitando que se frenen las subas y se apliquen las tarifas anteriores.

Allende explicó que “las primeras facturas de la empresa provincial que recibirán los usuarios van a tener aproximadamente un incremento que impactará sobre 20 de los 60 días totales del bimestre, por eso no será totalmente facturado el aumento dispuesto por el Enargas, pero haciendo una proyección de un período del año pasado, comparado con el mismo de este año, el aumento superaría el 1.500% y en algunos casos llegaría hasta 2.000 veces más sobre los valores históricos”.

Por último, el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, instó al Enargas a realizar audiencia pública en un plazo de 20 días para acordar un nuevo cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires, y en caso de que no se cumpla ese requisito, ordenará retrotraer los valores a los vigentes hasta el 31 de marzo.


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Desde julio los aumentos a los jubilados estarán atados a la inflación

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Desde julio los aumentos a los jubilados estarán atados a la inflación

El gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24 que modifica la fórmula de la movilidad jubilatoria y estableció que desde julio los haberes de los jubilados se actualizarán por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

De esta manera, por unos meses más, se aplicará la vieja fórmula, mientras que en abril los jubilados percibirán un 12,5% de “incremento extraordinario”, ya anunciado por el gobierno, y un adelanto de la movilidad jubilatoria correspondiente a junio, cuyo monto no fue precisado y que se pagará también en mayo.

“La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° del presente se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024”, se desprende del artículo 2 del DNU que lleva la firma del presidente, Javier Milei, y de su gabinete.

Asimismo, en el decreto se detalló que a partir de abril comenzarán a pagar los adelantos que serán “a cuenta” de los futuros aumentos. Es decir, las subas que los jubilados recibirán serán descontadas de la suba de junio.

“Se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”, sostiene el documento, publicado en el Boletín Oficial de la Nación.

Para julio, comenzará a regir la aplicación de los aumentos a las jubilaciones sujetos al IPC, aunque el índice de inflación que se tomará para calcular el aumento no será el del inmediato mes anterior, sino que será el de dos meses antes.

DNU movilidad jubilatoria

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La inflación de febrero fue del 13,2% y el balance interanual alcanzó 276,2%

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inflación milei

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de la Argentina informó esta tarde que el índice de inflación registrado durante febrero fue del 13,2% y el balance acumulado en los dos primeros meses de 2024 ascendió a 36,6%, mientras que contabilizando los tres meses de gestión del presidente Javier Milei llegó a 59,3%. La comparación interanual en cuanto al incremento de precios, en tanto, alcanzó el 276,2%.

El informe, que muestra los resultados del relevamiento correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), detalla que el rubro Comunicación fue el que mayor incremento experimento el mes pasado con un 24,7%; seguido por Transporte con 21,6%; y en tercer lugar se ubicó el segmento que agrupa servicios básicos y combustibles con 20,2%.

La cifra muestra un descenso respecto a los índices registrados en diciembre (25,5%) y enero (20,6%), lo cual fue inmediatamente celebrado desde la cuenta la Oficina del Presidente (Opra), que funciona como una cuasi vocería presidencial.

“La Oficina del Presidente informa que la inflación del mes de febrero fue de 13,2%, evidenciando una contundente desaceleración de precios con respecto a diciembre 2023 (25,5%) y enero 2024 (20,6%), resultado del trabajo del Gobierno Nacional para imponer una fuerte disciplina fiscal”, destacaron.

Y argumentaron, en sintonía a lo expresado por el propio presidente desde su asunción, que “la suba inflacionaria que enfrentamos es producto de la emisión descontrolada de los últimos años, y el despilfarro generado por el programa económico del exministro Sergio Tomás Massa”.

Este es el tercer informe que publica el Indec desde que el líder de La Libertad Avanza (LLA) es presidente y los números indican que en los tres meses evaluados bajo la gestión Milei el índice de inflación llegó a 59,3%.


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Milei firmó DNU para envío de fondos a provincias para financiamiento educativo

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Milei firmó DNU para envío de fondos a provincias para financiamiento educativo

Por medio del Decreto 231/24, el gobierno nacional prorrogó el artículo 7 de la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo, y enviará recursos coparticipables a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires destinados a ese sector.

“Para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación”, se desprende del DNU publicado este jueves en el Boletín Oficial, el cual lleva la firma del presidente, Javier Milei, y de todos sus ministros.

El Ejecutivo justificó la decisión en base a “la situación económica y social del país, que requiere que se garantice la disponibilidad de fondos”, y reconoció la responsabilidad del gobierno nacional en la educación que se dicta en todo el territorio.

Por lo cual, sostiene que la prórroga del artículo 7 de la Ley 26.075 es “necesaria para garantizar el financiamiento del sistema educativo nacional”.

Asimismo, Milei afirmó en el DNU que esta “asignación específica de recursos coparticipables busca aumentar el nivel de inversión del presupuesto de las Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en educación, destinando dichos recursos al pago de salarios y al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa”.

La decisión de Nación se da luego de cruces con las provincias por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), y a un día de la reunión con los gobernadores que convocó el gobierno de cara al Pacto de Mayo que propuso Milei.


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